El grupo parlamentario de la Unión en el Bundestag exige un endurecimiento de la legislación para proteger mejor a los implicados en los procedimientos y vigilar a los sospechosos.

«Cualquier persona que testifique o decida en un proceso penal merece la máxima protección posible, especialmente en el contexto del crimen organizado», declaró la portavoz de política jurídica del grupo parlamentario, la diputada de la CSU Susanne Hierl, a «Welt am Sonntag». La CDU/CSU está abierta a presentar un proyecto de ley al respecto en el Bundestag. Se trata, en concreto, de una propuesta del estado federado de Berlín, presentada el año pasado como iniciativa del Consejo Federal.

El proyecto proponía definir las amenazas e intentos de intimidación contra testigos, jueces y otras partes implicadas en los procedimientos como casos particularmente graves de coerción. Además, en estos casos, los investigadores tendrían la oportunidad de recopilar datos de telecomunicaciones y localización de los sospechosos. La propuesta fue aprobada por las comisiones, pero fue retirada antes de la votación en el pleno del Consejo Federal por no haber obtenido la mayoría, en particular debido a la oposición de los estados con participación del Partido Verde en los gobiernos. El grupo parlamentario CDU/CSU ahora quiere retomar la propuesta de Berlín en el Bundestag, pero podría verse frustrado por su socio de coalición. El SPD rechaza la propuesta de ampliar las competencias de investigación. «Una ampliación de las medidas de vigilancia, como la monitorización de las telecomunicaciones o la consulta de datos de tráfico, es inaceptable en nuestra opinión», declaró Carmen Wegge, portavoz de política jurídica del grupo parlamentario del SPD. «Quien ahora, de forma automática, pide más vigilancia está subestimando los verdaderos desafíos». Sobre todo, necesitan mejores recursos para el poder judicial y una mayor protección de los testigos. El SPD está abierto a un debate objetivo. Los Verdes también rechazan la propuesta. «El proyecto de ley es claramente puro simbolismo para el orden público», declaró Lena Gumnior, presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Partido Verde. La CDU no aporta pruebas fiables de un aumento de estos delitos. La normativa vigente es suficiente para sancionar las amenazas. Según los estados federados, el nivel de amenaza es difícil de medir. No existen estadísticas a nivel nacional. Baja Sajonia registró un total de 156 insultos, 54 amenazas y nueve agresiones físicas contra funcionarios judiciales en 2024. Baden-Württemberg registró 195 incidentes relacionados con la seguridad. Hesse, Sajonia-Anhalt y Turingia informan de un aumento de la intimidación en el poder judicial. Renania-Palatinado informa de un bajo número de casos, mientras que Renania del Norte-Westfalia solo ha recopilado datos correspondientes desde abril de 2024. Baviera apoya explícitamente la iniciativa legislativa de Berlín y señala un aumento significativo de los incidentes denunciados: entre julio de 2022 y junio de 2023, se registraron 541 incidentes de violencia en el Departamento de Justicia, en comparación con 304 casos en 2020. Sin embargo, aún no está claro si se presentará una nueva iniciativa legislativa en el Bundestag. «Estamos abiertos a retomar las propuestas de Berlín en el Bundestag junto con nuestro socio de coalición y transformarlas en una iniciativa legislativa independiente», declaró Hierl, miembro de la CSU. En este caso, no se requeriría la aprobación de los estados federados.