Cruce político: la UCR acusa a Javier Milei de pisotear «el orden institucional» al nombrar jueces por decreto
El gobierno de Javier Milei anunció este martes la designación en comisión de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia. La decisión generó un fuerte rechazo de la Unión Cívica Radical (UCR), que calificó la maniobra como «un desprecio a la Constitución y las instituciones republicanas». En un duro comunicado, el partido opositor advirtió que la designación «implica un avance en una lógica autoritaria».
«Nuestra Constitución establece un mecanismo complejo para la integración del más alto Tribunal de Justicia, mecanismo que requiere diálogo y construcción de consensos; algo a lo que el Presidente no está acostumbrado y de lo cual reniega abiertamente», expresó la UCR en un comunicado difundido en redes sociales.
«El Poder Ejecutivo no ha conseguido los consensos necesarios para sus candidatos y, en consecuencia, recurre a un atajo para sortear el orden institucional con argumentos que no resisten el más mínimo análisis jurídico ni político», cuestionaron. La medida de Milei con respecto a los dos jueces se tomará por decreto y regirá hasta la finalización del próximo período legislativo, de acuerdo a datos de la Oficina del Presidente en un comunicado oficial.
Otro de los puntos señalados en el comunicado radical es que la medida «viola el requisito de paridad, principio esencial a cuya observancia (el presidente) está obligado por leyes y tratados internacionales».
El partido también rechazó los argumentos del oficialismo sobre antecedentes históricos de designaciones en comisión. «Los pocos antecedentes que existen se dieron en contextos sustancialmente diferentes de la situación actual», advirtió la UCR.
«Con esta actitud autoritaria e irresponsable, el Presidente no hace más que destruir toda posibilidad de reconstruir la confianza pública nacional e internacional de nuestro país. Sin seguridad jurídica, sin instituciones firmes y sólidas, sin respeto a las reglas constitucionales, no hay crecimiento económico ni bienestar general posible», sentenciaron desde el radicalismo.
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