El Gobierno impone al BBVA mantener el Sabadell como un banco separado durante tres años

El Gobierno ha decidido endurecer las condiciones que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la opa hostil lanzada por el BBVA sobre el Sabadell. Este movimiento se produce en el marco de la Ley de Competencia, que permite que el Ejecutivo suavice o endurezca las condiciones que imponga la CNMC en una segunda fase atendiendo a cuestiones de interés general. En concreto, ha impuesto mantener durante tres años, ampliable por otros dos más, al Sabadell como una entidad separada jurídicamente.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha detallado que el Consejo de Ministros ha acordado autorizar la opa del BBVA al Sabadell con la condición de “mantener la personalidad jurídica y el patrimonio separado” de ambas entidades.

Esta autonomía, en palabras del ministro, supone mantener la independencia del Sabadell en cinco criterios. En concreto, autonomía en la gestión “que supone una toma de decisiones autónoma”, así como en la financiación y crédito a pymes, en recursos humanos, en red de oficinas y en la obra social.

La carpeta de la opa ha llegado a la mesa del Gobierno tras 13 meses de tramitación. La CNMC dio su visto bueno en mayo (antes, en septiembre, hizo lo propio el Banco Central Europeo) y abrió un plazo de 15 días para que el Ministerio de Economía evaluase la cuestión y decidiese si elevase la cuestión al Consejo de Ministros, como así hizo. Previamente, testó la opinión hacia la oferta al lanzar una consulta pública.

El Ejecutivo, que se ha posicionado frontalmente en contra de la transacción, ha escuchado la opinión en contra de la mayoría de sus socios, así como de la sociedad catalana. Sumar ya reclamó al Consejo de Ministros introducir una serie de cuestiones, como un veto a los despidos, al cierre de oficinas, a la fusión entre ambas entidades y al crédito y condiciones comerciales. La patronal catalana, Foment del Treball, que se perderán 75.000 millones de euros en crédito a pymes.

En el otro lado está la posición de Bruselas. La Comisión Europea ha expresado, por boca de un portavoz, sus recelos sobre la intervención del Ejecutivo en la transacción, de modo que la pueda imposibilitar. También ha puesto el foco en la posibilidad de que la Ley de Competencia vaya en contra de los tratados europeos.

La incógnita ahora es la decisión que tomará el BBVA. El presidente del banco de origen vasco, Carlos Torres, recordó este lunes que tiene la potestad legal de retirar la oferta si considera que estas condiciones acordadas por el Ejecutivo afectan a la rentabilidad de la operación.

Igualmente, Torres ha dejado la puerta abierta a iniciar una batalla legal contra el Ejecutivo, dado que la decisión de este es recurrible ante el Supremo. La opinión del presidente del BBVA es que el Ejecutivo solo puede suavizar las condiciones de la CNMC y nunca endurecerlas.

En el caso de seguir adelante, el BBVA deberá terminar el folleto de la opa y remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los nuevos cálculos de la operación teniendo en cuenta tanto los requisitos acordados por la CNMC como por el Ejecutivo. Se espera, en este caso, que la CNMV dé el visto bueno al folleto durante el mes de julio, de modo que a continuación se inicie el plazo de aceptación de la opa, de entre 15 y 70 días (con un mínimo de 30 por la ley estadounidense).