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España ordena a Airbnb retirar 66.000 anuncios de alquiler vacacional

España ordena a Airbnb retirar 66.000 anuncios de alquiler vacacional

El Ministerio de Consumo de España ha ordenado a Airbnb que elimine más de 66.000 anuncios de alquileres vacacionales en el país porque infringen la legislación en materia de vivienda.

El Ministerio de Consumo ha solicitado expresamente a la compañía de alquiler vacacional que retire de su página web 65.935 anuncios de alojamientos turísticos por considerar que incumplen la normativa.

La primera de estas sentencias se dictó a finales del año pasado y afectó a 5.800 viviendas en varias comunidades autónomas. Esta sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero Airbnb recurrió posteriormente en mayo de este año. Ahora se ha dictado la sentencia definitiva.

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La violación más común es que los establecimientos no incluyen en el anuncio su licencia turística, lo cual es obligatorio en varias regiones del país.

Los que no tienen licencias turísticas son ilegales, ya que no cumplen las normas establecidas por sus respectivos municipios. Esto podría significar que no tienen entradas independientes, que los vecinos han votado en contra o que se encuentran en zonas históricas del centro de ciudades donde ya no se emiten licencias.

También se han detectado casos en los que el número de matrícula es incorrecto, lo que podría significar que existe un error real o que los números son inventados.

El Ministerio también ha encontrado varios casos en los que Airbnb no indica si los propietarios son empresas profesionales o particulares, lo que afecta a los derechos de los consumidores.

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Tras la sentencia judicial que acogió la solicitud de bloqueo de estos anuncios, se espera que Airbnb los retire hoy, lunes 19 de mayo. La sentencia afecta a los Airbnb de Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y País Vasco.

España ha estado tomando medidas drásticas contra plataformas de alojamiento turístico como Airbnb durante los últimos años debido a la actual crisis inmobiliaria y el turismo excesivo. Ambas son culpadas del desmesurado aumento de los precios de la vivienda y la escasez de viviendas asequibles en el mercado.

El año pasado, un informe del Ayuntamiento de Madrid reveló que había más de 15.200 alquileres turísticos ilegales en la ciudad, una de las mayores concentraciones de este tipo de alojamientos en el país.

En Barcelona, ​​desde 2016, la ciudad ha impuesto más de 10.500 multas y ordenado el cierre de 9.700 apartamentos turísticos ilegales. El año pasado, el alcalde de la ciudad incluso afirmó que su objetivo sería prohibir todos los apartamentos de alquiler turístico para 2028.

En la provincia andaluza de Málaga hay 43.366 viviendas turísticas ilegales, según datos del Ministerio de Consumo. Esto representa más de la mitad de los 85.000 apartamentos que se anuncian ilegalmente como alojamiento turístico en Andalucía.

Y en Valencia, el Ayuntamiento asegura que hay unos 12.000 apartamentos turísticos en la ciudad y la gran mayoría de ellos son ilegales.

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