Jojutla: la búsqueda de justicia que un huracán detuvo en seco

La macabra tarea de exhumar más de 60 cuerpos en Jojutla, Morelos, fue abruptamente suspendida por la llegada del huracán Erick. Este hecho, casi simbólico, subraya los monumentales obstáculos que enfrentan las familias en su búsqueda de verdad, en un caso marcado por la negligencia histórica.

En una cruel ironía que parece sacada de una novela, la búsqueda de respuestas a una de las peores tragedias humanas de México fue puesta en pausa por la fuerza de la naturaleza. Los trabajos de exhumación en las fosas del panteón Pedro Amaro en Jojutla, donde se han recuperado más de 60 cuerpos, fueron suspendidos debido a los riesgos que representaban las intensas lluvias del huracán Erick.

Para las madres y familiares de los desaparecidos que vigilan la diligencia, la interrupción es más que un contratiempo logístico; es un poderoso símbolo de la lucha cuesta arriba que han emprendido. Se enfrentan no solo a la desidia y presunta complicidad de las autoridades, sino también a los elementos mismos, en una búsqueda de justicia que parece desafiar todas las probabilidades

La indignación que rodea el caso de Jojutla no nace únicamente del espeluznante número de víctimas, sino de la evidencia que apunta a una responsabilidad directa de las autoridades en la creación y ocultamiento de estas fosas. Documentos y testimonios recabados a lo largo de los años pintan un cuadro de negligencia criminal.

* Inhumaciones Irregulares: Se ha documentado que la entonces Procuraduría de Morelos realizó inhumaciones ilegales en el sitio en 2014, con la autorización del cabildo de Jojutla de la época.

* Ocultamiento Deliberado: En 2015, ese mismo ayuntamiento autorizó que se enterraran dos cuerpos en tumbas regulares justo encima de la fosa masiva, en lo que activistas han denunciado como un intento deliberado de ocultar la evidencia.

* Falta de Protocolos: Desde que comenzaron las exhumaciones, los colectivos han denunciado la falta de un plan de trabajo claro por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, así como la negativa a darles acceso a documentos judiciales clave.

Esta cadena de acciones y omisiones ha creado una profunda desconfianza en las instituciones encargadas de procurar justicia. Las familias no solo buscan a sus desaparecidos; luchan contra un sistema que, en el pasado, fue parte del problema.

La frustración de los familiares es palpable. En una diligencia anterior, suspendida por falta de presupuesto, un familiar expresó el sentir colectivo: «Nos vamos sin terminar la fosa que, lamentablemente, dejamos con un fragmento óseo visible». Esta sensación de trabajo inconcluso y de falta de recursos es una constante en su lucha.

«Finalmente, Amalia criticó a la comisionada de Atención a Víctimas, Penélope Picazo Hernández, por desinformar en entrevistas públicas sobre lo que pasa en las fosas, sin haber estado presente en las diligencias. Pidió que la comisión asigne un asesor jurídico que acompañe y apoye a las víctimas en el lugar.» – Declaraciones de Amalia, integrante de un colectivo de búsqueda, recogidas por la revista Proceso.

Esta declaración evidencia la soledad y el desamparo que sienten las víctimas. No solo deben lidiar con el trauma de la búsqueda, sino también con la desinformación y la aparente indiferencia de las mismas instituciones creadas para apoyarlas.

Mientras el huracán Erick se disipa y los trabajos se preparan para reanudarse, la pregunta en el aire es si la justicia, al igual que los cuerpos, podrá ser finalmente exhumada de las profundidades de la tierra y la burocracia en Morelos. La lucha de las familias, suspendida momentáneamente por un desastre natural, está lejos de terminar. La verdadera tormenta, la de la verdad y la rendición de cuentas, apenas comienza.