La Administración Trump introduce nuevos cambios a los préstamos estudiantiles

Después de una pausa de cinco años que comenzó durante la pandemia de la covid, los cobros de préstamos estudiantiles federales se reanudaron oficialmente el 5 de mayo. Para millones de estadounidenses, esto marca no solo el regreso de las obligaciones financieras, sino el comienzo de una transformación significativa en la forma en que los préstamos estudiantiles se administran, reembolsan y perdonan bajo la Administración Trump.

Los pagos de préstamos estudiantiles se suspendieron por primera vez en marzo de 2020 como parte de los esfuerzos de alivio de la pandemia bajo la Ley CARES. La administración Biden extendió la pausa varias veces, mientras que introdujo nuevos programas de condonación y opciones de reembolso más flexibles. Pero con Trump de nuevo en el cargo, se han revertido muchas de esas políticas.

Desde el 5 de mayo, los prestatarios en mora —aquellos que no han realizado un pago en más de 270 días— vuelven a estar sujetos a tácticas de cobro agresivas. El Departamento de Educación, a través de un programa del Departamento del Tesoro, puede ahora embargar salarios, incautar devoluciones de impuestos y reducir prestaciones de la Seguridad Social y por incapacidad. Según la agencia de crédito TransUnion, más del 20% de los préstamos tenían un adeudo de más de 90 días de mora en febrero de 2025, casi el doble de la tasa anterior a la pandemia.

Aproximadamente 43 millones de estadounidenses tienen préstamos federales para estudiantes, y el saldo total pendiente se estima en 1.693 billones de dólares. El prestatario medio debe unos 38.375 dólares. Mientras que muchos esperaban un alivio continuo o la condonación, la administración Trump ha adoptado un enfoque totalmente diferente.

“Los contribuyentes estadounidenses ya no se verán obligados a servir como garantía de políticas irresponsables de préstamos estudiantiles”, dijo la secretaria de Educación, Linda McMahon, en referencia a las iniciativas de la era Biden. La Administración ha acusado a la anterior de engañar a los prestatarios sobre la autoridad legal del Gobierno federal para cancelar la deuda.

El cambio más drástico no es solo en la aplicación de la cobranza, sino en toda la estructura del sistema federal de préstamos estudiantiles. Los republicanos en el Congreso, respaldados por Trump, han presentado un plan de reforma denominado Plan de Éxito Estudiantil y Ahorro del Contribuyente, que entrará en vigor el 1 de julio de 2026.

El plan reduciría la docena actual de opciones de pago a solo dos: un plan estándar de reembolso fijo y un nuevo plan basado en los ingresos llamado Plan de Asistencia al Reembolso (RAP). Con el RAP, los pagos mensuales de los prestatarios oscilarían entre el 1% y el 10% de sus ingresos. Aunque el plan ofrece un descuento de 50 dólares por hijo a los padres de familia y condona los intereses de algunos pagos, ampliaría a 30 años el plazo de condonación de los préstamos y eliminaría las protecciones actuales que eximen a una parte de los ingresos del cálculo de los reembolsos.

Además, a diferencia del plan SAVE de la era Biden y los anteriores programas IDR, el nuevo modelo del Partido Republicano no ofrecería condonación anticipada y elimina explícitamente las disposiciones que permitían a ciertos trabajadores de defensa y empleados sin fines de lucro calificar para el Perdón de Préstamos del Servicio Público (PSLF).

Por otra parte, Trump ha firmado una orden ejecutiva que ordena la disolución del Departamento de Educación. Aunque la eliminación total requeriría una ley del Congreso, de momento se están trasladando gran partes de sus asignaciones. La gestión de los préstamos estudiantiles pasará a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), mientras que los programas de educación especial y nutrición irán al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Esto se produce a pesar de un recorte de personal del 40% en la SBA, lo que plantea dudas sobre su capacidad para manejar la alta cantidad de dinero que se maneja.

La reestructuración ha suscitado duras críticas de expertos en educación y defensores de los discapacitados, sobre todo en respuesta a la asignación de funciones dentro del HHS a figuras controvertidas como Robert Kennedy Jr.

Los prestatarios también han expresado su preocupación por la creciente disfunción dentro del sistema. A principios de este año, el Departamento de Educación eliminó las solicitudes en línea para los planes de reembolso más populares, incluidos el reembolso basado en los ingresos (IDR) y la consolidación de préstamos federales. Aunque estos servicios se restablecieron finalmente, la interrupción dejó a millones de personas en el limbo.

De igual forma, se despidió a cientos de empleados de la oficina de Ayuda Federal para Estudiantes (FSA), lo que retrasó aún más la comunicación con los prestatarios y la tramitación de los formularios.

A pesar de los recortes y los cambios de política, algunas vías para el perdón de la deuda permanecen. El PSLF sigue en vigor, pero ahora excluye a los empleados de organizaciones sin ánimo de lucro implicados en actividades “de activismo” o “impropias”, según una reciente orden ejecutiva. La condonación de préstamos para profesores sigue estando disponible para los educadores de escuelas de bajos ingresos que cumplan los requisitos, ofreciendo hasta 17.500 dólares de alivio de la deuda.

El plan SAVE de la era Biden, que limita los pagos mensuales en función de los ingresos y condona los saldos después de 10 a 20 años para algunos prestatarios, sigue técnicamente activo. Sin embargo, su futuro es incierto dada la oposición de Trump a un amplio alivio de la deuda.

Programas como la descarga por incapacidad total y permanente (TPD), que ofrece el perdón para los prestatarios con discapacidades certificadas, tampoco se han visto afectados hasta ahora.