La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia se descuelga del paro de la Justicia
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El portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez Achútegui, ha anunciado este sábado que su asociación acaba de consultar a las personas asociadas y un 76% ha rechazado sumarse a la huelga que convocan otras asociaciones judiciales y fiscales por las reformas que prepara el Gobierno para el acceso a las carreras judicial y fiscal.
Según el portavoz, las razones que se presentan para justificar la huelga no concurren porque el proyecto de ley anunciado por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños "no menoscaba el Estado de Derecho ni afecta a la independencia judicial".
El magistrado ha mostrado su respeto por cuantas personas decidan sumarse a la huelga, pero sostiene que "el proyecto de ley, que tiene aspectos positivos, negativos y mejorables, no atenta contra nuestro Estado de Derecho ni pone en cuestión la independencia judicial".
Asimismo, ha afirmado que "como en todo proyecto de ley, contempla previsiones que merecen crítica, como es el modo en que está prevista la estabilización de jueces y fiscales sustitutos". Al respecto, ha sostenido que "deberían excluirse a los juristas que no tienen tal condición, pues se trata de atajar un problema de abuso de temporalidad".
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Por su parte, Rodríguez Achútegui cree que ha de ampliarse la antigüedad exigible para participar, promocionarse la incorporación de estos profesionales por el cuarto turno, garantizar que el tribunal seleccione con rigor y, sobre todo, que "en ningún caso se vean lesionados los derechos de quienes ya forman parte de la carrera judicial".
Sin embargo, Rodríguez considera que esos aspectos criticables "no quiebran el Estado de Derecho, ni disminuyen la independencia judicial" e insiste en que "se podrá estar a favor, en contra o defender cambios en la regulación, pero no puede afirmarse que el proyecto de ley propicie los riesgos que algunos están denunciando".
El portavoz de JJpD ha recordado que "el proyecto también contempla previsiones razonables, como los intentos de garantizar igualdad de oportunidades en el proceso de selección de quienes opositan a judicatura o fiscalía, facilitando mediante becas suficientes y de amplia duración la superación de barreras económicas que padecen las familias con menos recursos".
El Confidencial