Nepotismo escurridizo

Esta semana, la Cámara de Senadores aprobó la iniciativa presidencial de reforma constitucional para prohibir, es un decir, el nepotismo en cargos de elección popular. A diferencia de otras iniciativas, esta vez los senadores se atrevieron a cambiarle más que una coma a la iniciativa para que entre en vigor a partir de 2030, en vez de 2027 como propuso originalmente Claudia Sheinbaum. Hace un par de semanas discutí la prohibición de la reelección consecutiva, y ahora me concentraré en la cuestión, un tanto más cosmética, del llamado “nepotismo electoral”.

La iniciativa les prohíbe a las y los candidatos a cargos de elección popular —legislativos, ejecutivos y/o municipales— que no deberán “tener o haber tenido en los tres últimos años anteriores al día de la elección” un vínculo de pareja o algún parentesco consanguíneo o civil (hasta cierto límite) con las personas titulares de cada uno de tales cargos. En concreto, esto quiere decir que ninguna persona podrá aspirar al mismo cargo de elección popular (ojo aquí) que su pareja o pariente ocupó en los tres años inmediatos anteriores.

En principio esta reforma parece una gran idea, dada la mala fama que tienen las dinastías políticas de cada partido político. Sin embargo, si se analizan con cuidado las implicaciones de la reforma, es claro que difícilmente tendrá un gran impacto.

Baste un ejemplo de nuestra propia historia política. Ricardo Elías Calles, afamado hijo del expresidente Plutarco Elías Calles, fue gobernador de Sonora en 1931 y luego tuvo un lugar prominente en el gabinete de Lázaro Cárdenas en 1934. De no haber habido un rompimiento entre ambos líderes revolucionarios, Ricardo hijo pudo haber buscado la Presidencia sin problema alguno. Bajo la reforma aprobada, tampoco hubiera tenido restricción alguna.

Del mismo modo, si algún presidente sumamente popular tuviera tres hijos, esta reforma no le impediría a cada uno de ellos aspirar en el mismo año a una gobernatura, senaduría o diputación, de modo que el electorado tenga la oportunidad de preservar el legado de su honroso padre. Bajo la definición aprobada en el Senado, este hipotético ejemplo no sería nepotismo electoral. De manera análoga, nada impediría que un gobernador impulse la carrera política de su pareja o hijos(as) en la capital o Congreso de sus respectivas entidades.

Como puede apreciarse, la inocuidad de la reforma es independiente de si ésta entra en vigor en 2027 o 2030, aunque posponerla tres años parece complacer los deseos de los gobernadores en turno de San Luis Potosí, Guerrero y Zacatecas.

Más allá de los efectos mediatos e inmediatos de la reforma, también vale la pena considerar el argumento de los derechos políticos. Si bien es cierto que el nepotismo en la administración pública es un problema amplio y generalizado en México y otros países a pesar de tener ya restricciones importantes, los cargos de elección popular no suelen tener la misma restricción en los países democráticos. Según la Constitución vigente, cualquier ciudadano o ciudadana mexicana tiene derecho a votar y ser votado en cualquier cargo de elección popular. Por lo tanto, la reforma aprobada en el Senado restringe los derechos políticos de los familiares de los gobernantes presentes y futuros, pero sólo por tres años.

Otros países, como Colombia, han aprobado reformas antinepotismo en el sector público. Los resultados de un análisis sistemático —realizado por Juan Felipe Riaño, economista y profesor de la Universidad de Georgetown— de lo que ocurrió después no fueron muy halagadores. Si bien el número de parientes en cada dependencia pública disminuyó tras aprobarse la reforma, muchos de ellos simplemente migraron a otras dependencias un poco más alejadas de sus poderosos parientes.

El problema de fondo de las democracias es lograr contar con una auténtica rendición de cuentas y maximizar la transparencia. Sin embargo, hace apenas un par de meses, el Congreso decidió extinguir el órgano autónomo encargado de garantizar el derecho a la información pública y estamos a unos meses de debilitar aún más al Poder Judicial.