Pam Bondi promete justicia imparcial como fiscal general de Trump

En una tensa audiencia ante el Comité Judicial del Senado, Pam Bondi, nominada por el presidente electo Donald Trump para ocupar el cargo de fiscal general, dejó claro que, si es confirmada, su prioridad será “restablecer la confianza y la integridad” del Departamento de Justicia (DOJ). Prometió que no habrá listas de enemigos, en referencia directa a sectores conservadores que desean represalias legales contra quienes han investigado al expresidente.
Bondi, exfiscala general de Florida y firme aliada de Trump desde hace años, enfrentó duras preguntas sobre su independencia, sus actividades como lobista, y su papel durante el primer juicio político contra Trump. Aunque evitó responder con claridad en temas clave, insistió en que garantizará “un sistema de justicia justo e igualitario”.
En el centro del interrogatorio senatorial estuvo la expectativa, dentro de ciertos círculos republicanos, de que el Departamento de Justicia persiga a fiscales, jueces o políticos que han sido críticos o investigado a Trump. El caso más notorio es el de Kash Patel, propuesto para dirigir el FBI, quien ha hablado abiertamente de tener una “lista de enemigos”.
Aunque Bondi defendió la nominación de Patel, rechazó esa visión de justicia vengativa:
“Nunca habrá una lista de enemigos dentro del Departamento de Justicia”, declaró tajante.
Pese a ello, admitió en entrevistas previas que algunos fiscales que investigaron a Trump deberían ser investigados, lo que pone en duda su verdadera postura de neutralidad.
Durante la audiencia, Pam Bondi evitó responder a preguntas específicas sobre:
- Si considera que Biden ganó legítimamente las elecciones de 2020
- Si investigaría a Jack Smith, Merrick Garland o Liz Cheney
- Su posición sobre TikTok, Medicare, o la Ley de Atención Médica Asequible
Aludió a procesos judiciales en curso o a su compromiso de “cumplir con la ley” sin dar respuestas concretas. Esta estrategia fue percibida por varios senadores demócratas como una forma de evadir temas esenciales para medir su imparcialidad y compromiso con el estado de derecho.
Después de concluir su gestión como fiscal general de Florida en 2019, Bondi se unió a Ballard Partners, donde trabajó como lobista registrada de diversos intereses, incluyendo:
- Gobiernos extranjeros: República Dominicana, Qatar, Zimbabwe, Kosovo
- Empresas privadas: Amazon, Uber, Carnival North America, MLB, Bankers Financial
Durante la audiencia, afirmó que consultará con la oficina de ética del DOJ sobre posibles recusaciones en casos que involucren a exclientes, aunque no detalló qué mecanismos específicos utilizaría.
Bondi ha sido una figura constante en el círculo cercano de Trump, y ha defendido públicamente muchas de sus posturas más controversiales, incluida la narrativa de fraude electoral en 2020. Aunque en la audiencia afirmó aceptar que Biden es el presidente, siguió sembrando dudas al afirmar que “vio muchas cosas” en Pensilvania durante el recuento de votos, sin ofrecer evidencia.
También dejó claro que considera que el DOJ ha sido utilizado con fines políticos y que su papel sería corregir esa percepción.
“Bajo mi supervisión, se acabará la utilización del DOJ como arma partidista”, aseguró.
De ser confirmada, Bondi tendría enormes responsabilidades, entre ellas:
- Supervisar la investigación de corporaciones y funcionarios
- Defender políticas gubernamentales en tribunales federales
- Coordinar la distribución de miles de millones de dólares en subvenciones
- Aplicar decisiones de la Corte Suprema, como la posible prohibición de TikTok
A pesar de las tensiones durante la audiencia, Pam Bondi se mostró firme y tranquila, ofreciendo respuestas que buscaban calmar a sus críticos sin traicionar su lealtad a Trump.
El nombramiento de Pam Bondi se lee como una reafirmación del trumpismo en su versión más disciplinada y legalista. Su posible llegada al Departamento de Justicia será clave para definir el rumbo del poder judicial bajo el nuevo gobierno republicano.
Aunque promete imparcialidad, equidad y justicia sin tintes partidistas, su historial —como abogada, lobista y defensora férrea del expresidente— genera legítimas dudas sobre la separación entre justicia y política en esta nueva etapa.
La Verdad Yucatán