Riña en el penal de Chalco desata protesta de familiares: exigen información oficial
La tarde del lunes 28 de julio de 2025, una riña al interior del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, en el Estado de México, generó gran preocupación entre los familiares de personas privadas de la libertad. Aunque al principio circularon rumores sobre un amotinamiento, autoridades estatales confirmaron más tarde que se trató únicamente de una riña entre internos.
El incidente provocó una rápida movilización de familiares, quienes se congregaron a las afueras del penal, ubicado en la comunidad de Huitzilzingo, municipio de Chalco. Exigían a gritos un informe oficial sobre la situación de sus seres queridos, preocupados por el silencio institucional.
Desde las primeras horas tras conocerse la riña, cientos de personas comenzaron a llegar al exterior del penal. La protesta se desarrolló inicialmente de forma pacífica, con el bloqueo de la carretera Chalco–Mixquic, una vía clave en la zona. Sin embargo, con el paso de las horas y la ausencia de comunicados oficiales, el malestar creció.
Imágenes compartidas en redes sociales muestran a mujeres y hombres con ropa colorida, tal como lo exige el reglamento para visitas al interior del centro penitenciario. La escena daba cuenta de la ansiedad colectiva: algunas personas aguardaban noticias, otras buscaban ingresar al penal, y muchas simplemente querían confirmar si sus familiares estaban a salvo.
La incertidumbre generó tensión acumulada. Algunos manifestantes comenzaron a realizar pintas en los muros del penal, mientras que otros arrojaron piedras contra la puerta de ingreso y la zona de garitas. Ante esto, elementos de seguridad utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a la multitud.
Horas después del estallido de la riña, voceros de la Secretaría de Seguridad del Estado de México descartaron que se tratara de un motín. Afirmaron que el altercado fue contenido por personal de custodia sin que la situación pasara a mayores. No se reportaron muertos ni heridos graves, aunque no se ofrecieron cifras detalladas sobre los involucrados.
Pese a los esfuerzos de las autoridades por tranquilizar a la población, la falta de un informe inmediato y transparente avivó la desconfianza. Varias organizaciones de derechos humanos en la entidad han señalado la importancia de garantizar una comunicación efectiva y oportuna con los familiares en este tipo de situaciones.
Lo ocurrido en Chalco no es un hecho aislado. Diversos informes han señalado las condiciones de hacinamiento, tensión entre internos y déficit de personal de custodia en múltiples centros penitenciarios del país. En el Estado de México, que concentra una de las poblaciones penitenciarias más altas de la nación, los conflictos entre reclusos no son infrecuentes.
Especialistas en temas de seguridad y reinserción coinciden en que este tipo de episodios reflejan problemas estructurales del sistema penitenciario: desde el rezago en inversiones hasta la falta de protocolos claros de comunicación con familiares.
La protesta en el penal de Chalco también pone de relieve el papel de las familias como redes de apoyo fundamentales para los internos y como actores que exigen mayor transparencia en la gestión penitenciaria.
A raíz de lo sucedido, familiares y colectivos han pedido al gobierno del Estado de México establecer un canal permanente de comunicación durante emergencias penitenciarias. Algunos también solicitaron la instalación de una mesa de diálogo con autoridades del penal, así como la garantía de que no habrá represalias contra los internos involucrados en la riña.
Asimismo, exigieron respeto a los derechos de visita y condiciones dignas para mantener el vínculo familiar, algo considerado esencial para los procesos de reinserción social.
El conflicto registrado en el penal de Chalco dejó más que una jornada de tensión y gases lacrimógenos. Expuso la fragilidad del sistema penitenciario, pero también la determinación de cientos de personas por obtener respuestas sobre la suerte de sus familiares.
Este tipo de eventos deben ser un llamado de atención para autoridades y sociedad: los centros de reinserción deben garantizar seguridad, dignidad y comunicación abierta. Sin estos pilares, se corre el riesgo de romper los lazos familiares y profundizar el aislamiento de quienes, aún cumpliendo una sentencia, tienen derechos que deben ser respetados.
La Verdad Yucatán
