Trasladan a internas de penal en Veracruz por denunciar acoso de funcionario

Al menos 21 mujeres internas del penal de Pacho Viejo en Veracruz fueron trasladas a la prisión de mediana seguridad de La Toma, en una situación que acusan fue de represalia por no haber cedido al acoso sexual o al regenteo al que eran sometidas por parte del subdirector de Seguridad y Custodia, Agustín Rodríguez González.

El funcionario cuenta con denuncias de acoso sexual y hostigamiento por parte de algunas de las internas trasladadas, por no ceder a sus peticiones.

Las internas han señalado que junto con otros internos varones las mantienen controladas, por eso piden a las autoridades federales y estatales observen la corrupción y los negocios que hacen los funcionarios penitenciarios en el interior utilizando a los seres humanos, en este caso a las mujeres, para obtener dinero.

A otras internas las cambió por no poder pagarle lo suficiente para poder vender sus productos en el interior del penal, que cuenta con restaurantes y cafetería.

A una más la explotaba sexualmente con los internos, la vendía hasta por mil 700 pesos, pero al encontrar pareja solicitó utilizar el área de visitas íntimas y al ver que se le acabaría el negocio, no sólo reprimió su visita, sino que también fue de las que enlistó para traslado.

Apenas la semana pasada fue cambiado el director del centro penitenciario, Enrique Álvarez Timoteo, por señalamientos de que permiten venta de drogas y que son cometidas extorsiones con al menos 40 teléfonos celulares.

En su lugar llegó Raúl López Ambriz, pero no hizo cambios, dejó al mismo subdirector.

Marlén Reyna, una de las internas, aseguró que a las que enviaron de traslado necesitan trabajar porque son madres solteras y en el penal trabajan en maquilas, venden comida, postres, hacen ropa o pueden vender camisetas o adornos, pero deben pagar "cuotas" al subdirector de seguridad.

Cómo algunas nos revelamos, por eso nos cambió. Días antes hasta se burló de nosotras", dijo.

Algunas de las internas no cuentan con sentencia y tienen hasta seis años presas.

Diana Mejía, acusada por secuestro y sentenciada, aseguró que su caso está en revisión y se está defendiendo.

Ella vende ropa y trabaja en un “restaurant” del interior del penal.

Sostuvo que en su caso tenía problemas con el director y con algunos internos porque “no se deja” ante los abusos que cometen y las presiones a las que las someten, pero la venganza fue enviarlas a ese centro penitenciario porque les quitan la oportunidad de trabajar y generar un ingreso para sostener a sus familias.

En su caso tiene un hijo con problemas mentales y debe pagar su sostenimiento, pese a que ya es un adulto.

El subdirector buscó someterla, pero Diana asegura que no lo permitió y la represalia fue enviarla al penal de La Toma.

Ana Gisela García lleva 15 años en prisión. Le faltan 5 por compurgar su pena por secuestro y trabaja para sostener a sus hijos, también fue trasladada.

Maribel López tiene seis años en prisión, vendía comida. Asegura que en su caso “el Dos”, como también le dicen al subdirector, le pedía 500 pesos semanales por la venta, pero últimamente hay menos dinero y pocos ingresos, no podía reunir para pagarle y mandarle a su familia, tuvieron una discusión y fue agregada para envío al penal de Amatlán.

Alondra Azenet Rondón Ramírez está bajo proceso; es de escasos recursos y con lo que ganaba en el interior del penal pagaba la renta de un local para que enfrente del penal pusieran un negocio de postres, pero las cuotas subieron “en exceso”, porque pedían para el subdirector, para un reo que apodan Raya y otro apodado Pericosa, así como para la vigilancia externa, porque tenían que llevar los postres a la tienda.

Cuando ya no le pudo dar dinero, trató de tocarme y yo le dije a mi familia. Entonces él sabe lo que yo sabía y sabe que mi familia lo denunció, por eso me mandaron para acá”, dijo.

Nieves Sánchez, internada por delitos contra la salud no está sentenciada, tiene un año dos meses interna. Es joven, tiene 26 años.

A mí me prostituía el Dos y como ya no quise, me mandó acá”, dijo.

Otras por temor no quisieron hablar u optaron por resignarse al cambio, pero todas están conscientes de que no podrán trabajar en Amatlán y están desesperadas.

JCS