Sueldazos, piso, bonus, una lujosa sede... Así es la irreal profesionalización del fútbol femenino

Tal y como informamos hace una semana, el Consejo Superior de Deportes (CSD) recibió una denuncia del vicepresidente de la Liga Profesional de Fútbol Femenina (LPFF) contra su presidenta y el director general. Rubén Alcaine acusa a Beatriz Álvarez y Pablo Vilches de una vulneración grave y reiterada de los Estatutos de la LPFF, con extralimitación de funciones, fraude de ley en la composición de la Asamblea y convocatoria ilegal de una moción de censura contra él.

En esta denuncia se incluía indirectamente a una tercera persona: Pedro Malabia, conocido como el Mini Yo de Tebas, a quien, según señala Alcaine en el escrito remitido al CSD para que este le dé traslado al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), "en febrero de 2023, el Director General incorporó a la estructura de la LPFF, nombrándolo Director General de Planificación Estratégica y Desarrollo, con estatus de Director General y una retribución muy similar a la suya".

"No existe ningún acuerdo de la Asamblea General ni de la Comisión Delegada que, de modo expreso, autorice dicha contratación con dicho rango ni la retribución. De este modo, Pablo Vilches, contradiciendo lo dispuesto en los estatutos de la LPFF y usurpando las funciones propias de la Asamblea General de la LPFF, se excedió de las funciones propias de su cargo", explica el vicepresidente.

A vueltas con la contratación de Pedro Malabia

"La única pregunta que cabe hacerse es si tal contratación fue impuesta por una tercera persona", añade Alcaine, probablemente en referencia a la estrecha relación de Malabia con LaLiga, en la que trabajó. De ahí que este hecho, además dar lugar a la posible, aunque poco probable, nulidad del nombramiento de Pedro Malabia, "está tipificado como una infracción muy grave por parte del Director General", concluye la denuncia.

Un argumento para promover la moción de censura contra el vicepresidente, que criticó la gestión, es que "permitiría un ahorro de costes"

Dicho esto, resulta que uno de los argumentos esgrimidos para promover la moción de censura contra Alcaine es que, de prosperar, "los clubes tendrán que elegir quién ostenta la vicepresidencia y estudian una modificación estatutaria para cambiar el modelo del cargo. De este modo, contarán con uno similar al de LaLiga, donde es ejercida por uno de los clubes miembros de la Comisión Delegada de forma no retribuida. Lo que permitiría un mayor control de estos y un ahorro de costes".

No daban nombres, pero todo apuntaría al de Lola Romero, la actual directora del Atlético de Madrid Femenino. Más allá de verse claramente la mano que mece LaLiga, tal y como puede comprobarse en su portal de transparencia, la Liga F se ha convertido en un chiringuito, en el que "las retribuciones percibidas en la temporada 2023-2024 por la estructura directiva profesional, que incluye presidencia, vicepresidencia, dirección general y puestos de dirección, asciende a 970.159,52 euros".

"Las retribuciones en la temporada 2023-2024 por la estructura directiva profesional asciende a 970.159,52 euros", es el último dato en la web

En este sentido, los nombres de Pedro (Malabia) y Pablo (Vilches), de ahí que sean conocidos como los Picapiedra, acaparan las conversaciones internas. Ambos, con salarios que superan los 200.000 euros anuales, a razón de más de 8.000 euros netos al mes. "Malabia, que aterrizó con el relato del experto global, y Vilches, una figura opaca, pero bien posicionada, han hecho de la organización su bastión particular", comenta alguien que les conoce bien y pide mantenerse en el anonimato.

Sobre estos sueldazos, cabe recordar que, según los últimos Presupuestos Generales del Estado, el del presidente del Gobierno es de 90.010,20 euros anuales, sin pagas extras y con una retribución en 12 meses, por lo que percibe unos 7.500 al mes. Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), actualmente José Manuel Rodríguez Uribes, cobra un poco menos, 83.505,06 euros. En ambos casos, lejos de los sueldos de Pedro y Pablo.

¿Y cuáles son los méritos de los Picapiedra?, es la pregunta que surge. "Consolidar una estructura piramidal, opaca y extremadamente costosa, mientras los clubes independientes se asfixian. Los de LaLiga ven que el dinero no llega o llega del que ellos mismos generan a través del fútbol masculino, y muchas jugadoras optan por firmar a la baja o emigrar", apunta la misma garganta profunda.

A los más de 8.000 euros netos al mes, hay que sumar la ayuda a la vivienda. El valenciano Malabia comparte piso con su paisano Javier Gómez. Sí, el director general corporativo de LaLiga. Y, por si esto fuera poco, los directores generales tienen estipulado el cobro de unos jugosos bonus cercanos a los 30.000 euros anuales, en el que los propios Pedro y Pablo se fijan unos objetivos, que los clubes desconocen. De ahí que, en contra de la voluntad de algunos de estos, es de suponer que los cumplan y se los embolsen.

Los directores generales cobran un bonus cercano a los 30.000 euros, cuyos objetivos se fijan ellos mismos y los clubes desconocen

Eso sí, a pesar de que la Liga F tenga con sus asociados liquidaciones pendientes de la temporada 2023-24 y devengan cifran superiores a 700.000 euros a un nutrido número de ellos. "Es un modelo donde la pedagogía solo se aplica a los clubes. “Hay que educarlos y no necesitan tanta información”, repiten en Fortuny. Ellos, en cambio, han llegado aprendidos, con sueldos muy por encima del mercado y sin rendición de cuentas", explica la garganta profunda.

Sumando sueldo, ayuda para vivienda y bonus, más otros gastos en comidas y desplazamientos, lo que cobran los gestores de la Liga F está muy lejos de la realidad del fútbol profesional femenino español. No en vano, el salario mínimo de las jugadoras ha sido de 22.500 euros brutos la temporada 2024-25, que algunas denuncian que no han cobrado, y será de 23.500 en la 2025-26. Es decir, unos 1.573 netos al mes, con un plus de antigüedad de 800 al año desde el tercero en el mismo club.

Medio millón al año por la reformada sede de Fortuny

Y qué decir de la lujosa sede de la madrileña calle Fortuny, cuyo nombre hace honor a lo que cuesta: alrededor de medio millón al año por el alquiler y los gastos de comunidad. A ello hay que sumar el coste de una reforma también desproporcionada e innecesaria. "Cifras que rozan lo absurdo, pues con ese presupuesto, la Liga F podría haber adquirido un inmueble en propiedad, asegurando un activo estable y duradero", comenta garganta profunda, que concluye: "No piensan en el mañana. Viven al día, como si el maná del CSD y el dinero que le da LaLiga por los derechos comerciales fueran inagotables".

Para completar el cúmulo de gastos, con galas por encima de cualquier lógica de mercado, un caso especialmente sangrante es el de la asesoría jurídica, que dirige Santiago Nebot, con un presupuesto que supera los 300.000 euros anuales. ¿El resultado? Un asesoramiento digno de una importante compañía, pero que ha demostrado ser deficiente. Especialmente en momentos clave como la convocatoria de asambleas o la tramitación de la moción de censura contra el apartado vicepresidente, tal y como este ha denunciado ante el CSD.

Otro gasto que llama la atención es el de la asesoría jurídica, dirigida por Santiago Nebot y con un presupuesto anual de 300.000 euros

Precisamente, volviendo a la moción de censura contra Rubén Alcaine, cuyo rol quedó diluido en enero de 2024 tras ser despojado de sus atribuciones por la propia presidenta, puede decirse que fue precisamente esta decisión, arbitraria y sin base estatutaria, tal y como él ha denunciado, la que marcó el inicio de una cascada de desatinos e irregularidades que han terminado de romper la ya frágil estabilidad institucional de la Liga F y obligado al denostado vicepresidente a recurrir al CSD.

En 2023, Alcaine avisó de la necesidad de reducir gastos

Alcaine asegura que "en mayo de 2023, coincidiendo con mis reiterados comentarios y observaciones sobre la necesidad de revisar la gestión de la LPFF, dado el elevado importe de los gastos, la incapacidad para generar ingresos propios de la actividad y la escasa retribución que percibían los clubes, recibí críticas, que se transformaron formalmente en que, motivado, al parecer, en un informe emitido por el Despacho de Abogados Garrigues según el Sr. Vilches, desde la LPFF se decidió no reembolsarme los gastos en los que la Vicepresidencia pudiera incurrir".

En definitiva, que, tal y como comenta un observador externo, "lo que se presenta como un pulso político entre Alcaine y la actual dirección, es en realidad el síntoma visible de una enfermedad mucho más profunda: la apropiación de la Liga F por parte de una minoría que opera sin control, sin transparencia y sin un proyecto real para el fútbol femenino. La culpa de la falta cobro de las cantidades debidas es siempre de los deudores y no de la gestión". Y todo, al margen de los clubes, aunque, incomprensiblemente, algunos de estos se estén empeñando en ser cómplices de un asunto que puede acabar en los tribunales.