Bondalti-Ercros: una opa más larga que la del BBVA

Ercros, la empresa química catalana que preside Antoni Zabalza, atraviesa dificultades económicas; registró pérdidas el año pasado y también, crecientes, el primer semestre del actual y en un contexto de persistente caída de la facturación, que el año pasado cayó casi un 8%. Todo indica que necesita encontrar una pronta solución para evitar un desenlace dramático.

Dos empresas, una portuguesa, Bondalti, y otra italiana, Esseco, han presentado sendas opas para hacerse con la mayoría del capital. La primera lo hizo en marzo del año pasado y aún está esperando una resolución de la Comisión de la Competencia (CNMC), que preside Cani Fernández y que en diciembre pasado acordó llevar el expediente a segunda fase.

Es decir, Bondalti se adelantó un par de meses al BBVA, sin embargo, el banco hace justamente otros dos meses que tiene la autorización, mientras la portuguesa sigue esperando y no tiene noticias ciertas sobre cuándo tendrá la resolución. Por el camino ha obtenido luz verde a la inversión extranjera del Gobierno español y de las autoridades portuguesas de competencia.

Bondalti es una empresa integrada en el holding Grupo José de Mello, propiedad de la saga familiar que ya está en su cuarta generación y que preside Salvador de Mello. La mayor parte de los activos del grupo fueron nacionalizados tras la revolución de los claveles y sus propietarios incluso ingresaron en prisión, pero tras el giro conservador de los años ochenta fueron indemnizados y reemprendieron la actividad. Sus inversiones abarcan las autopistas (Brisa), la sanidad, el vino y la química.

Ahora, su interés en Ercros les ha llevado a reunirse con políticos, autoridades, asociaciones empresariales y sindicatos en Catalunya para explicar su proyecto industrial en la empresa química con sede en Barcelona y que posee una decena de factorías en las que emplea a unas 1.300 personas. Su argumento, la continuidad de las actividades, su carácter familiar y su compromiso de futuro con la compañía. ¿Habrá desenlace antes de que se produzca una crisis fatal?

Entrecanales: divergencias por el caso Cerdán

Acciona, la gran empresa constructora española, está en el ojo del huracán tras el estallido del caso Cerdán-Ábalos-Koldo, en la que se le atribuye el ­presunto pago de comisiones para obtener la adjudicación de obras públicas. El caso está afectando también al clima entre sus accionistas prin­cipales.

La empresa está controlada por las dos ramas de la familia Entrecanales, que la fundó hace casi un siglo. El presidente ejecutivo y CEO, José Manuel Entrecanales Domecq, representa el 26% del capital a través de la sociedad Wit Europese investing, con sede en los Países Bajos. La otra tiene al frente a Juan Ignacio Entrecanales Franco, vicepresidente ejecutivo, que controla el 29% a través de la compañía Tusse, también con sede en los Países Bajos.

Desde el 2011, hace casi tres lustros, esas dos líneas de los Entrecanales han mantenido vigente un pacto de sindicación que les otorgaba derecho preferente de adquisición de las acciones a un precio tasado, en el caso de que alguna de ellas quisiera vender. Algo que ya ocurrió en el 2020, cuando los Entrecanales Marsans se desprendieron de su paquete del 5,6%, que fueron adquiridas por las dos ramas principales. Eso sí, un 15% por debajo de su precio en bolsa. El objetivo de la sindicación era asegurar la mayoría de control y evitar un desembarco no deseado, especialmente a través de una opa.

A principios de este año, los Entrecanales Franco comunicaron al regulador bursátil, la CNMV, que no iban a renovar la sindicación, que vence en julio del año que viene. En la misma comunicación informaban de que en ningún caso se planteaban vender. Nada indica que eso haya cambiado, pero los potenciales impactos de reputación y comerciales del caso de las mordidas en Navarra han generado tensiones entre las familias propietarias. En la última junta de Acciona, esta pasada semana, José Manuel Entrecanales se desvinculó del caso y negó conocer a Santos Cerdán y Koldo García y enfatizó que la actividad afectada por esas ilegalidades es muy pequeña en relación al negocio de construcción de la compañía. Veremos.