Catalunya obligará a los propietarios de cinco o más pisos a registrarse y sancionará si ocultan datos

La Generalitat va desgranando su plan para ampliar el parque público de vivienda y movilizar el máximo de inmuebles posibles para destinarlos prioritariamente a alquiler social, con el objetivo de sumar 50.000 pisos públicos para el 2030. Entre las medidas, destaca el nuevo registro de grandes tenedores que el Govern de Salvador Illa pondrá en marcha para controlar qué número exacto de inmuebles son propiedad de estos propietarios, si están ocupados o vacíos y en qué condiciones.

De esta manera, las personas físicas o jurídicas que posean cinco o más viviendas en las zonas consideradas tensionadas (prácticamente todo el territorio catalán) estarán obligados a inscribirse en un registro público y hacer constar el número exacto de inmuebles.

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Asimismo, el Govern incorporará en la ley del Derecho a la Vivienda una infracción de carácter grave si los propietarios se niegan a informar si los pisos están vacíos u ocupados. “De esta manera podremos saber cuántos grandes tenedores y qué propiedades hay en Catalunya y qué margen tenemos de movilización de estas viviendas”, señaló la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, este martes tras la rueda de prensa del Consell Executiu.

Medidas acordadas con ERC y los comunes

Las medidas que ha aprobado hoy el Govern cuentan con el acuerdo tanto de ERC como de los comunes, con quien Salvador Illa pactó compromisos en materia de vivienda para ser investido. Las multas para los propietarios que se salten el tope a los alquileres forman parte de este bloque de iniciativas negociadas con los socios de investidura pese a que ya se da por descartado poder aprobar los presupuestos de este año.

Los grandes propietarios están en el foco de muchas de las medida. Aparte del registro público que ahora se tendrá que desarrollar, aún sin fecha concreta, la Generalitat ampliará los supuestos en los que tiene derecho a la compra preferente de vivienda, lo que se conoce como tanteo y retracto.

Hasta ahora, la administración pública podía ejercer este derecho en los pisos de grandes tenedores provenientes de ejecuciones hipotecarias. Es el mecanismo que usó recientemente para adquirir 743 pisos al fondo estadounidense Cerberus, que se quedó los activos tóxicos del BBVA, por 72 millones de euros para destinarlos a alquiler social.

Reducirán los plazos de obra competencia de la Generalitat

Con la modificación que introducirá el Govern catalán, cualquier piso que un gran propietario ponga a la venta podrá ser objeto de tanteo y retracto, aunque no provenga de ejecución hipotecaria. Además, en caso de que la administración opte por no adquirir el inmueble y lo compre un particular, éste pasará a ser de protección oficial, al haber pasado por el proceso de tanteo, explican fuentes de la Generalitat.

En materia de obra pública, el decreto ley que ha aprobado hoy el Ejecutivo reducen los plazos para obras competencia de la Generalitat, con lo cual se acortan los plazos de exposición pública. También figuran medidas administrativas por las que el Institut Català del Sòl (Incasol) destinará el importe de las fianzas que tiene en depósito a la construcción pública de vivienda, especialmente de alquiler. Por lo que, según fuentes del Govern, se reducirá del 10% al 5% la disponibilidad que tendrá que mantener y se liberarán unos 80 millones de euros.