El nuevo supervisor para resolver las reclamaciones contra banca y seguros, atascado en el Congreso

La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero fue uno de los proyectos estrella de Nadia Calviño, exvicepresidenta y ministra de Economía. Un nuevo supervisor considerado «prioritario» para el Gobierno de Pedro Sánchez y que serviría para resolver en un único organismo todas las reclamaciones presentadas por los usuarios contra bancos, aseguradoras y sociedades de inversión, que ahora se reparten, según el caso, entre el Banco de España, la Dirección General de Seguros y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Sin embargo, su creación sigue siendo una incógnita y no hay fecha para que salga adelante pese al impulso que también le quiso dar su sucesor, Carlos Cuerpo.

En la anterior legislatura, la ley que creaba este supervisor estuvo a punto de salir adelante en el Congreso de los Diputados pero entonces Pedro Sánchez convocó elecciones y se fue al traste. Después, Calviño puso rumbo al Banco Europeo de Inversiones y dejó por el camino su proyecto estrella. Carlos Cuerpo ocupó y ocupa aún la cartera de Economía y se propuso aprobar la Autoridad del Cliente Financiero.

En marzo de 2024, el ministerio y La Moncloa volvieron a anunciar a bombo y platillo el lanzamiento de este nuevo supervisor que concita el rechazo de todo el sector financiero; incluso instituciones como la CNMV y el Banco de España han mostrado sus dudas sobre el modelo.

Desde entonces, apenas ha avanzado su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde se encuentra atascado a la espera de que se le pueda dar un impulso. Se le dio tramitación urgente a la medida. Incluso la previsión era poder tenerlo aprobado en 2024, algo que pronto se vio que no iba a ser viable. Fuentes parlamentarias apuntan a que el Gobierno se expone a problemas de tramitación en el Congreso ya que existe un riesgo elevado de que no salga adelante por las dificultades parlamentarias que tiene el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que necesita a partidos como ERC, Junts o PNV para sacarlo adelante.

El ministerio recalca ahora, más de un año después, que la norma «sigue siendo prioritaria para el Gobierno» y que su intención es que pueda aprobarse en las Cortes «cuanto antes». Pero en esta ocasión se muestran cautos sobre los plazos y no tienen previsión de cuándo se le podría dar luz verde.

El atasco se está produciendo en la Comisión de Economía del Congreso, donde las reticencias de los grupos parlamentarios son una realidad. Acabó el plazo para presentar enmiendas. Y ahora están en negociaciones desde hace semanas de las enmiendas transaccionales. El camino en la comisión todavía se prevé largo. De momento, el Gobierno parece haberse ganado el favor de ERC al pactar incluir en esta ley impulsar como banco público el Instituto Catalán de Finanzas. Pero el Ejecutivo necesita ir más allá.

Cuando en la anterior legislatura estaba a punto de salir adelante, el Partido Popular no ponía problemas insalvables para su aprobación y de hecho llegaron a abstenerse. Aquella posición del PP se convirtió en oposición en la segunda mitad de 2024 y llegaron a presentar una enmienda a la totalidad para tumbar la Autoridad que fue rechazada por el Congreso de los Diputados. El rechazo del PP, en estos momentos, es inamovible.

Con la creación de este organismo, los usuarios financieros podrían presentar sus reclamaciones en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera ante un único organismo que atenderá las reclamaciones gratuitamente y en un plazo máximo de 90 días. Las resoluciones serían de obligado cumplimiento para la entidad financiera cuando el importe reclamado sea inferior a 20.000 euros.

Se financiaría con una tasa que abonarían las entidades financieras y que sería variable en función del número de reclamaciones a cada entidad y de las resueltas a favor del cliente.