La incorporación tardía al empleo y la reforma de pensiones retrasará a 71 años la jubilación de los jóvenes

El mundo académico ya avisó tras la reforma de pensiones que diseñó el exministro José Luis Escrivá de que la puesta en marcha del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) trasladaba gran parte del peso del pago de las pensiones de la generación del 'baby boom' a los más jóvenes, ya castigados por la precariedad salarial y la falta de empleo, y que esa opción por la que se decantó el Gobierno con los cambios aumentaba la inequidad del sistema.

Ahora, un informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) sobre el «Presente y futuro de la juventud española», también se centra en los jóvenes y asegura que ese acceso más retardado al mundo laboral, con una tasa de empleo entre los 16 y los 29 años 15 puntos porcentuales inferior a la de 2007, hará más difícil completar carreras laborales suficientemente largas para lograr una pensión a la edad ordinaria de jubilación que le permita mantener su nivel de vida previo.

Según este estudio, los jóvenes de hoy que se jubilen en 2065 y que sólo hayan podido cotizar 30 años, tendrán que compensar sus menores cotizaciones demorando la jubilación hasta los 71 años. Asegura el trabajo que además, con la última reforma, se verán obligados a realizar un mayor esfuerzo de aportaciones a la Seguridad Social para recibir una pensión con una tasa de reemplazo (relación entre la primera pensión y el último salario) dos puntos porcentuales más baja que la actual.

Los autores del trabajo avisan de que si además se implantaran en el futuro las reformas que se están aplicando en otros países de nuestro entorno, se produciría una bajada de la tasa de reemplazo de entre 10 y 20 puntos porcentuales adicionales. «Los jóvenes que se incorporen tarde a su primer empleo –aseguran– tendrán que prolongar su vida laboral más allá de la edad de jubilación establecida en cada año para conseguir una pensión que les permita mantener su nivel de vida previo, salvo que dispongan de un ahorro acumulado suficiente (pensión privada, herencias, etc.)».

Para los analistas de la Fundación BBVA y el IVIE, con la legislación prevista actualmente, proyectada a 2065, se obtendrá una tasa bruta de reemplazo del 90% (que equivale aproximadamente a una tasa neta del 100%, lo que significa mantener el nivel de vida previo) con 40 o más años cotizados y con una edad de jubilación de 65 años. Y para conseguir la misma tasa de reemplazo con una carrera laboral de 35 años se deberá demorar la jubilación hasta los 68 años, y hasta los 71 años con sólo 30 años cotizados. De esa manera, las menores cotizaciones sociales se compensan con menos años recibiendo la pensión pública.

Al hilo de estas reflexiones, los autores del informe hacen hincapié en que la heterogeneidad en cuanto a las características de los jóvenes y, en especial, su nivel de formación, se traslada desde las condiciones laborales de la etapa activa (salarios, duración de la carrera laboral, calidad de los contratos, etc.) a la pensión de la etapa de jubilación.

Explican que los jóvenes están más expuestos a los cambios del ciclo económico y que la calidad media de sus ocupaciones es peor. Y para reforzar esta afirmación, detallan que el 25,3% de jóvenes trabaja con contratos a tiempo parcial, 12 puntos por encima de la media del conjunto de la población, y que la tasa de temporalidad de la juventud ocupada también dobla el promedio, un 34,4% frente al 15,9%.

Los sueldos que perciben los más jóvenes tienen su papel protagonista en el estudio. «Una tercera dimensión de su mayor precariedad laboral es la salarial», alertan. Recuerdan que los salarios de los que tienen entre 16 y 29 años son un 34% inferiores a la media, y que el progreso de sus ingresos a lo largo de la vida laboral está siendo más lento, pues mientras las cohortes anteriores alcanzaban una base de cotización similar a la media antes de los 27 años, actualmente, los adultos jóvenes todavía no la han alcanzado a los 34 años.