Ley de competencias: Fedesarrollo dice cómo alcanzarla sin generar una crisis fiscal

La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), aprobada mediante el Acto Legislativo 03 de 2024, promete fortalecer la descentralización en Colombia y si bien en el papel, se trata de una medida histórica que busca llevar la participación de las entidades territoriales en los ingresos corrientes de la Nación del 25% actual al 39,5% en 2038 el aumento en las transferencias plantea un dilema fiscal de fondo.

Un reciente análisis de Fedesarrollo sostiene que si estos recursos no se asignan con criterios técnicos, y si no se acompaña de una Ley de Competencias estructurada y realista, el país podría enfrentar un nuevo ciclo de deterioro de las finanzas públicas que en lugar de generar desarrollo, se podría traducir en inestabilidad para las regiones.

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Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de este centro, aseguró que la entrada en vigencia del nuevo esquema del SGP, aunque positiva en términos de autonomía regional, debe evitar convertirse en una carga estructural para el presupuesto nacional, dado que “sin un diseño riguroso, el aumento de las transferencias podría traducirse en un déficit fiscal del 5,2% del PIB en 2038 y una deuda que alcanzaría el 66,9% del PIB”.

La amenaza detrás del aumento

Explicando mejor su punto de vista, Mejía recordó que bajo el esquema actual, el SGP representa más del 17% del gasto del gobierno central y que con las reglas vigentes, se esperaba que estas transferencias crecieran gradualmente, alcanzando un 28,8% de los ingresos corrientes en 2038. Sin embargo, el nuevo Acto Legislativo eleva esa meta al 39,5%, lo que implica un aumento de más de 10 puntos porcentuales sin una fuente explícita de financiamiento.“Si este incremento se traduce directamente en nuevo gasto, el déficit fiscal, que ya fue del 6,8% del PIB en 2024, podría escalar y permanecer persistentemente alto. A su vez, esto generaría un aumento sostenido de la deuda pública, que superaría el ancla fiscal del 55% del PIB y se acercaría peligrosamente al límite del 71% contemplado por la Ley de Regla Fiscal”, dice el reporte.

Así las cosas, dejó claro que “esto no solo afectaría la sostenibilidad macroeconómica, sino que debilitaría la confianza de los inversionistas y elevaría el costo del endeudamiento del país”, y señaló que es necesario revisar a fondo los cambios a realizar, para que estos se afiancen en los territorios sin acabar con la caja del Estado.

Uno de los argumentos que desmonta el análisis de Fedesarrollo es que mayores transferencias no garantizan mejores servicios y son enfáticos en que para sectores como educación, la eficiencia en el uso de los recursos es apenas del 79% en cobertura y del 86% en calidad. Es decir, se podrían obtener los mismos resultados con menos dinero, si se usaran mejor.

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A esto se suma un fenómeno preocupante y es que las entidades territoriales que más recursos reciben no siempre presentan mejoras significativas en sus indicadores de bienestar. Las brechas regionales, especialmente en salud, agua potable y calidad educativa, persisten a pesar de décadas de transferencias focalizadas.

“Si bien los criterios de asignación han permitido focalizar los recursos del SGP en las entidades territoriales que más los necesitan, no han sido suficientes para cerrar las brechas regionales. Las asignaciones sectoriales se determinan como porcentajes fijos del total de recursos, y su distribución entre entidades territoriales obedece a reglas basadas en indicadores de resultado y contexto socioeconómico”, indicaron.

El problema no es sólo cuánto se transfiere, sino cómo se ejecuta, ya que para ellos, el Gobierno ha sido exitoso en direccionar recursos hacia los territorios más rezagados, pero ha fallado en traducirlos en resultados concretos y eso requiere que antes de seguir aumentando los flujos de dinero, es necesario reformular el reparto de funciones y capacidades.

A tener en cuenta

La clave, según Fedesarrollo, está en que la Ley de Competencias garantice un impacto fiscal neutro. Esto implica que los nuevos recursos no solo vayan acompañados de funciones claras, sino que las competencias sean descentralizadas en sectores donde los entes territoriales tengan capacidad real de ejecución.

El centro de pensamiento propone ampliar el alcance del SGP más allá de los sectores tradicionales (educación, salud, agua), incluyendo áreas como la política social vía Sisbén, que permitiría a los territorios gestionar directamente programas focalizados (impacto: 0,8% del PIB); o el Plan de Alimentación Escolar (PAE), actualmente financiado de manera mixta, pero que podría ser asumido completamente desde el SGP (0,1% del PIB).

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Un tercer elemento es la red vial secundaria y terciaria, donde los entes locales ya tienen experiencia operativa (0,03% del PIB); la gestión catastral, con bajo impacto fiscal (0,01% del PIB), pero gran potencial para fortalecer el recaudo del predial. Estas medidas podrían aliviar hasta 2,15% del PIB en presiones fiscales, si se implementan con criterio técnico y responsabilidad administrativa.

“El principal criterio para asignar nuevas competencias a los gobiernos subnacionales debe ser la posibilidad de descentralizar también los recursos asociados. Esto implica que el gasto no sea ejecutado por ley desde el nivel central, que las entidades territoriales tengan la capacidad institucional para ejecutarlo, y que los recursos no estén sujetos a rigideces legales que impidan su administración autónoma”, manifestaron.

Otro elemento que no hay que pasar por alto, según Fedesarrollo, que incluso lo calificó como uno de los errores que el país no puede repetir es transferir responsabilidades sin medir la capacidad real de los territorios. En este sentido, indicaron que solo cuatro municipios del país tienen un Índice de Desempeño Fiscal (IDF) superior a 80, mientras que más del 50% se encuentra en zona de riesgo, entre 40 y 60 puntos.

“Esto significa que la mayoría de los municipios no tienen la estructura administrativa, el capital humano ni los sistemas de gestión necesarios para asumir más funciones. Por eso, la Ley de Competencias no debe aplicar un criterio uniforme, sino un esquema de reparto diferenciado, ajustado a las capacidades y vocaciones de cada territorio”, acotaron.

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Ejemplos de afuera

En otro apartado, Fedesarrollo sugirió revisar casos de éxito en el mundo, comenzando por la experiencia de Ceará, en Brasil, que para ellos es uno de los modelos destacados, dado que se condicionó las transferencias municipales al cumplimiento de metas en salud, educación y medio ambiente y el resultado fue una mejora tangible en los indicadores sociales y una reducción en las disparidades territoriales.También se mencionan casos como Italia, Nueva Zelanda y el propio Brasil, donde los sistemas de monitoreo y evaluación robustos han sido esenciales para garantizar el buen uso de los recursos descentralizados y advirtieron que aunque el país cuenta con plataformas como Sinergia y TerriData, aún no tiene herramientas que evalúen sistemáticamente la implementación de nuevas competencias en los territorios.

Desde Fedesarrollo cerraron diciendo que la reforma al SGP representa una oportunidad para fortalecer la descentralización en Colombia, pero también puede convertirse en una trampa si no se gestiona con criterio fiscal y debido a eso, la Ley de Competencias es el muro de contención que puede evitar que el país caiga en una crisis de gasto estructural.