Los 'comunes' arrancan 850 millones adicionales al 'Govern' para destinar a vivienda

El Govern y los comunes han acordado aumentar la dotación destinada a políticas de vivienda en 850 millones de euros, alcanzando un total de 1.450 millones, "la inversión más alta" hecha jamás por la Generalitat en esta materia.

Lo han anunciado este lunes la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y la presidenta de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach. La ampliación de recursos es posible gracias al segundo tramo del suplemento de crédito pactado a tres bandas entre PSC, comunes y ERC.

Los dos suplementos totalizan una cantidad de 3.400 millones de euros, y su primer tramo se convalidará en el hemiciclo autonómico el próximo miércoles, 7 de mayo.

Romero ha cedido el protagonismo del acuerdo a Albiach, que ha asegurado que la cifra alcanzada en los presupuestos —que llevan prorrogados desde hace dos años— es la "inversión más alta" en políticas de vivienda. También se incluyen otras partidas como 13 millones de euros para desarrollar la ley de salud bucodental, 10 millones para atender la salud mental de jóvenes y adolescentes y 20 millones para impulsar L'Energètica, la energética pública de la Generalitat.

Más inspectores

La líder izquierdista ha detallado que entre las acciones previstas gracias a estos nuevos recursos se hallarán la construcción de vivienda pública (VPO), el fomento de la vivienda cooperativa y la rehabilitación de edificios. Estas actuaciones se enmarcan en la hoja de ruta de la Generalitat para alcanzar 50.000 VPO en 2030.

Los nuevos recursos también se destinarán a la contratación de 100 inspectores para velar por el cumplimiento del régimen sancionador de la Ley de Vivienda —60 inspectores se incorporarán antes de que termine junio, y el resto antes de 2026—, especialmente de los fraudes en el alquiler de temporada.

Además, se pondrá en marcha una unidad específica anti-desahucios, que ofrecerá acompañamiento jurídico y social a las familias y propietarios para buscar fórmulas alternativas que limiten los lanzamientos. También se elaborará un informe sobre el impacto del racismo inmobiliario en Cataluña.