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Principales ejes en la reforma a la ley de competencia

Principales ejes en la reforma a la ley de competencia

Próximamente deberá concretarse la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica. Ello ha suscitado una discusión pública respecto de los principales cambios y las posibles consecuencias que se avizoran. A continuación presento un breve sumario de los temas que me parecen más relevantes.

1. Podría redefinirse la aplicación de la política de competencia a las empresas del Estado, que podría conducir a una inmunidad total de las mismas, lo cual suscitaría controversias en el marco del T-MEC.

2. En materia de concentraciones habría una reducción de plazos de análisis y la ampliación del periodo para investigar operaciones no notificables. Se prevé que habrá un mayor número de concentraciones, que deberán ser resueltas con mayor prontitud.

3. Prácticas monopólicas absolutas. Se discuten cambios sustanciales pues el intercambio de información entre competidores podría ser ilegal sin necesidad de estar vinculado a una conducta anticompetitiva y se incluye el concepto de competidor potencial como posible responsable. Ello generará mayores riesgos para las empresas, reducirá la carga probatoria para la autoridad y obligará a adoptar precauciones adicionales en el contexto de las negociaciones de fusiones y adquisiciones y en la operación de las asociaciones empresariales.

4. Prácticas monopólicas relativas. Podría incluirse la figura de limitación indebida de la capacidad de competir de empresas dominantes. Es incierto si ello podría conducir a la adopción de medidas regulatorias adicionales para las empresas.

5. Sanciones. El propósito es incrementar sustancialmente las sanciones y endurecer su aplicación. Las sanciones serían de aplicación inmediata, una vez que la agencia de competencia emita su resolución. Ello significará una afectación a las empresas, antes de agotar los medios legítimos de defensa.

6. Acciones individuales y colectivas de reparación de daño. Hay un propósito de estimular las accciones de reclamación de daño por la vía civil, en particular mediante el liderazgo de la autoridad de competencia. Para ello se prevé modificar la regla de prescripción y realizar modificaciones en otras disposiciones legales.

7. Se preservaría la facultad de la autoridad de emitir guías y lineamientos, aunque no sería obligatorio hacerlo ni serían sometidos a consulta pública. Ello dificultará la aplicación clara de las disposiciones legales y generará problemas prácticos de interpretación de conceptos clave.

8. La nueva autoridad incorporará distintas funciones que actualmente corresponden al IFT. De esta manera, habrá un incremento de la carga de trabajo que requerirá la aportación de mayor presupuesto. La autoridad deberá aplicar políticas para atraer y retener talento en áreas especializadas en las telecomunicaciones y radiodifusión.

Para las empresas los retos son varios. En primer lugar, deberán modificar la gestión de riesgos, mediante la aplicación de programas de cumplimiento más robustos. En particular, deberán reforzarse los controles en la negociaciación de fusiones y en las instancias de colaboración con competidores. En segundo término, deberán aplicar medidas de planificación financiera que contemplen la inclusión de contingencias asociadas con el pago inmediato de sanciones. Finalmente, se requerirá la adopción de estrategias de defensa legal más sofisticadas en los frentes administrativo, de amparo y civil.

Para la autoridad se prevé un escenario complejo, pues habrán de aumentar sus responsabilidades y probablemente el presupuesto sea limitado. Ante la posibilidad de que la autoridad deba atender más asuntos, considero que deben seguirse dos estrategias. La primera consiste en realizar un esfuerzo analítico y en los procedimientos, para concentrar la acción de la agencia en aquellos casos que realmente representan el mayor riesgo para el proceso competitivo. La segunda, en paralelo, consiste en emitir nuevas guías y lineamientos, que aunque no sean vinculativos servirían para aclarar la aplicación de los procedimientos y la interpretación conceptual, obligarían a la autoridad a actuar con mayor disciplina y proporcionarían certeza a los inversionistas.

*Especialista en competencia económica y regulación. Socio Director de Ockham Economic Consulting.

Eleconomista

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