‘No se debe negar al Gobierno el derecho a la consulta, siempre que cumpla las condiciones para convocarla’: Samper

En medio de la tensión política y social generada por la decisión del presidente Gustavo Petro de convocar a la consulta popular mediante decreto -a pesar de que el Senado no aprobó dicha iniciativa- y de los choques y señalamientos entre exmandatarios, comienzan a escucharse voces que llaman a buscar vías para superar esta crisis. En diálogo con EL TIEMPO, el expresidente Ernesto Samper (1994-1998) expresó que el papel de quienes han ejercido el poder en Colombia “no es atizar hogueras, sino apagar incendios”. En ese sentido, propuso que sea la justicia quien determine quién tiene la razón y destacó la importancia de encontrar consensos para avanzar en la reforma laboral.

Primero, creo que en un país con tantas dificultades y tensiones como Colombia, el papel de los expresidentes no debe ser el de avivar el fuego, sino el de contribuir a apagar los incendios. Por eso, la posición que sostengo en este momento es fruto de consultas, de opiniones que he recibido y del conocimiento que uno adquiere sobre cómo se manejan los asuntos en Colombia.

En cuanto a la consulta, considero que se la ha satanizado injustamente. La Constitución de 1991 estableció diversos mecanismos de consulta y refrendación popular, que han sido utilizados por casi todos los gobiernos. No veo por qué se le deba negar a este gobierno el derecho a recurrir a una figura como la consulta, siempre que se den, por supuesto, las condiciones necesarias para convocarla y desarrollarla.

A partir de esa idea de que no hay que temerle a un mecanismo consagrado por la Constitución, creo que el problema actual radica en una evidente tensión o incluso un choque de posicione entre el Gobierno, que considera que la aprobación de la consulta en el Senado se manejó de forma inadecuada, y el presidente del Senado, quien sostiene que se actuó conforme a lo establecido.

Pienso que ambas partes tienen argumentos válidos, pero no se trata ahora de que una de ellas imponga su posición. Dado el escenario que se ha generado, la decisión no puede quedar en manos de una sola parte, sino que tiene que intervenir un juez.

Puede ser, a través de una consulta que le haga el gobierno al Consejo de Estado, o puede ser a través de una referencia que se le haga a la Corte Constitucional para que se pronuncie. Y esta decisión tiene que ser previa, por supuesto, a la consulta; no puede ser posterior, porque, si no, ¿para qué se hace?

También hay que abrir la posibilidad de que se constituya, inclusive, una comisión interparlamentaria que analice si se procedió correctamente. Porque esto viene a trancazos desde el momento en que la Comisión Séptima ni siquiera quiso estudiar la reforma laboral. Eso, para mí, que fui senador, es inédito: esta actitud de romper la discusión. Yo creo que ahí comenzaron los problemas.

Bueno, para superar o pasar este impasse, creo que lo que se podría hacer es una fórmula que consulte a las dos partes en el siguiente sentido: primero, yo sí creo importante salvar la reforma laboral, pero es claro que la reforma que venía de la Cámara no es la misma que se está sometiendo a consideración del Senado la semana entrante. Temas que son muy de fondo, como la eliminación de los contratos de servicios temporales tanto en el sector público como en el sector privado, la contratación de los aprendices del Sena, la forma de tratar a los trabajadores de las plataformas, pues son temas muy de fondo que no fueron abordados y algunos, inclusive, fueron suprimidos en la discusión que se hizo en la Comisión Cuarta.

Entonces, me parece a mí que una posición razonable es que el gobierno se siente a negociar estos temas que venían desde la Cámara y que fueron suprimidos o modificados. Incluso, pensando en propuestas como la del trabajo por horas, esto puede resultar problemático. Por ejemplo, asignarle a una persona solo una hora de trabajo cuando debe desplazarse dos horas para llegar a su lugar de destino me parece ilógico. Hay ciertas peculiaridades, pues se puede hablar de unas cooperativas de trabajo para que la gente pueda a través de un colectivo llegar a tener una jornada razonable de trabajo o incentivos para las compañías que son más intensivas en mano de obra, es decir, la reforma se puede examinar.

Y sobre aquellos aspectos sobre los cuales no se pueda conciliar, abrir la posibilidad de que con cargo a la solicitud que hizo el presidente posteriormente a esta solicitud de la consulta popular, que fue radicada el 26 de mayo, cuando se pidió nuevamente la consulta, se pudiera autorizar que esa consulta se refiriera a los temas que no fueron posibles de negociar dentro del Congreso y los que se han hablado de salud. Creo que esto sería una una fórmula, que permitiría que todas las partes quedaran satisfechas.

Yo creo que tiene mucho que ver con el ambiente político, que a diferencia de hace 20 años o cuando yo fui presidente no se manejaba dentro de unos canales tan emocionales como se maneja hoy la política. La política ya no está en las calles, la política está en las redes. La política ya no está en las plazas públicas, está en las plataformas. Ahí es donde está saliendo y controvirtiendo la gente. Entonces, creo que no podemos caer en el error de pensar que la emocionalidad de las redes corresponde a la tensión institucional. Aquí no va a haber golpe de Estado ni va a haber revolución. Colombia tiene una estructura institucional muy fuerte que, en términos de América Latina, se ha sostenido por 200 años. De lo que se trata es de encontrar los mejores caminos y que esto permita que haya un debate público, que se haga la campaña, pero que no se pongan en riesgo las instituciones.

A mí me parece que la posición del ministro Armando Benedetti es una muy serena y muy realista. Todo depende de que se logre negociar una buena reforma laboral, pero yo le diría tanto al Congreso como al presidente Petro que insistan, que no es que les haya ido tan mal llegando a acuerdos en la agenda legislativa.

Aquí se sacó una reforma tributaria progresista, se sacó una reforma pensional, que ojalá la Corte se pronuncie rápido y favorablemente sobre ella porque el tiempo se acabó y ya hay que comenzar a cumplirles a los pensionados, acaba de salir la reforma de acceso a la justicia, falta un debate para la reforma de la jurisdicción agraria, y está la reforma laboral.

No veo la agenda legislativa tan mal como algunos la pintan. Hay quienes dicen que no se hizo nada, incluso desde el propio Gobierno, pero ese pesimismo, a mi juicio, no corresponde del todo con la realidad. Y claro, la oposición también está inconforme. ¿Y quién no lo está? Pero justamente para eso existe la democracia: para que las inconformidades puedan expresarse y tramitarse de manera institucional.

Es claro que Colombia sí tiene una situación conflictiva, pero, por ejemplo, miremos retrospectivamente temas como el de la paz. Claro, el tema de la ‘paz total’ confunde y hay muchos grupos y muchas negociaciones, pero ahí está, por ejemplo, la JEP, está la Comisión de la Verdad, está la justicia transicional, está lo que a mí me parece más importante estos últimos años, que es la territorialización del concepto de la paz.

La paz ya no solo pasa por Bogotá, Cali, Medellín: la paz está en los 16 territorios donde está el conflicto armado. Yo creo que eso es un beneficio del derecho internacional humanitario, que es lo que nosotros estamos promoviendo en mi fundación. Pues ya hay una mayor conciencia de que hay que proteger a la población civil.

Es decir, yo creo que, si se mira con una lente un poco más positiva, el país no está al borde de una conflagración. Eso sí, lo único que tienen que entender los actores políticos es que no se pueden salir del estadio de la Constitución, porque eso les haría mucho daño a ellos mismos y al país. Mientras que nos mantengamos en el estadio de la Constitución, de que hay unos equipos que juegan, hay unos árbitros con unas reglas, con unos hinchas que los siguen, pues yo creo que en ese sentido el país va a seguir adelante.

Mi propia experiencia me indica que, al final de un gobierno, cuando ya quedan pocos meses para cerrar, de las pocas fuerzas con las cuales puede contar un presidente -fuerzas leales- son las del Congreso. El Congreso, no sé, tal vez porque también es un ente político, porque corre la misma suerte que los presidentes cuando están terminando, es un escenario en el cual se siguen tramitando diferencias y controversias. Así es que yo, sinceramente, no creo que el Congreso sea un obstáculo, sino, al contrario, es un escenario en el cual se pueden tramitar temas como este que estamos hablando.

Hay que adoptar unas reglas de juego para la campaña. Es muy importante, por supuesto, el relevo presidencial y todo eso, pero a mí me preocupa que la gente no se ha dado cuenta de que la forma más directa de renovar la política es encontrando voceros en el Congreso que realmente le eleven el nivel a la política. En mi época, por ejemplo, había políticos muy importantes que eran los que trazaban la línea dentro del Congreso. Yo creo que la consigna al momento debe ser no solamente elegir entre unos candidatos al mejor, sino también que vayan acompañados de unas bancadas que les colaboren, que los apoyen, bien sea que estén en la oposición o que estén en el gobierno.

Defiendo la racionalidad que se esconde detrás de la propuesta de la ‘paz total’. Cuando uno tiene en la casa ocho incendios, no basta con apagar uno. En lo que tengo diferencias es que creo que hay distintas formas de apagar los incendios, y creo que a la estrategia del gobierno le ha faltado, porque no hay estrategia para abordar de una manera diferente los acuerdos y las negociaciones. Eso también tiene mucho que ver con que no hay una ley marco que diga cómo se va a hacer eso. Una cosa es el sometimiento para unos grupos que están en estructuras criminales organizadas y otra cosa es el diálogo que se puede avanzar con otros grupos.

Yo, por ejemplo, considero un error haber estancado las negociaciones con el Eln, por más que los grupos alzados en armas tengan vinculaciones con las rentas ilícitas. Esto nos plantea un dilema similar al del huevo y la gallina: ¿qué debe hacerse primero? ¿Quitarles el respaldo armado a quienes obtienen rentas ilícitas, o eliminar primero esas rentas? Pero lo cierto es que, para acabar con las rentas ilícitas, hay que enfrentar a los grupos armados que las protegen o se benefician de ellas. En mi opinión, no se trata de esperar a que se termine el narcotráfico para actuar contra la subversión armada, ni viceversa. Hay que combatir simultáneamente ambos fenómenos: eliminar el narcotráfico y desarticular los grupos armados ilegales. Creo que lo que ha faltado es una estrategia clara y, sobre todo, un marco que permita organizar de forma racional y coherente los distintos procesos de paz.

Yo creo que con estos grupos se puede avanzar, aunque para mí sigue siendo la joya de la corona continuar, o por lo menos dejar activadas, las conversaciones con el Eln. ¿Por qué? Porque internacionalmente el paso que seguía a las negociaciones con las Farc era el Eln, que es el segundo grupo más importante y emblemáticamente era el que daba una tónica de que se estaba avanzando en la búsqueda de la paz.

No desconozco la importancia de las negociaciones con los otros grupos alzados en armas, con las disidencias e, inclusive, con los grupos de autodefensas, en la medida en que estos grupos, de alguna manera, debían tener una cabida en el sistema de justicia transicional, en la medida en que tenían relaciones con los militares de la época.

Cualquier esfuerzo que se haga por conseguir la paz, así sea con dos personas, es bienvenido. Es más, yo pienso que ya el país no va a retroceder. Entiendo que algunos medios de comunicación y algunos sectores de interés piensen que pueden llevar este país otra vez a una psicosis de guerra, en que la única alternativa sea el combate, entre comillas, al terrorismo, y se acabe cualquier posibilidad de negociación.

Pienso que sí existen sectores interesados en eso, pero creo que esa estrategia no va a prosperar. Porque, al final, con los avances que el país ha logrado en materia de paz, la alternativa hacia adelante no puede ser un retorno a la guerra como ocurría hace 20 años. Es cómo encontramos la manera de hacer la paz más rápido y menos dolorosa. Y eso tiene mucho que ver con lo que legitimó los acuerdos con las Farc, que no fue un golpe de suerte, sino la decisión que se tomó de que el referente ético de la paz no eran los victimarios, sino las víctimas. Como decía el papa Francisco: la paz no es un destino, la paz es un proceso.

Así como hace 50 años se decía que aquí la alternativa era liberales o conservadores y que no había otra salvación, también ahora podríamos tener la posibilidad de construir unas alternativas ideológicas en términos políticos, pero no como resultado de una polarización, que sería el enfrentamiento casi de emociones alrededor de pasiones, sino como resultado de un esfuerzo de construcción de alternativas. Veo que del lado progresista se podría estar construyendo un frente amplio, como el de Uruguay, el de México, con participación no solamente de sectores de partidos políticos u organizaciones políticas, sino también de organizaciones sociales, de sectores académicos, de sectores de juventudes. Pero también veo que se podría construir una alternativa de centroderecha. Lo importante es no caer en los extremos y no volver a quedar colocados en el dilema de votar por un extremo en la izquierda y un extremo en la derecha. Si eso se consigue, creo que el país avanzaría muchísimo, porque tendría ya alternativas mucho más claras que las que podían ser hace 50 años: liberales o conservadores.

CAMILO A. CASTILLORedacción PolíticaX: (@camiloandres894)