Castigo a España por la parálisis reformista
Bruselas recorta 1.100 millones de los fondos de recuperación por las medidas pendientes.
La palmaria incapacidad del Gobierno para sacar adelante alguna iniciativa de calado está dañando la credibilidad de la economía española y también tiene impacto en las arcas públicas. Las autoridades comunitarias han optado por detraer 1.100 millones de euros del quinto desembolso de los fondos de recuperación por el incumplimiento de varios hitos a los que se había comprometido nuestro país.
En concreto, la igualación de la fiscalidad del diésel y de la gasolina, la conversión de los interinos de la Administración Pública en fijos, así como un programa de digitalización de entidades regionales y locales. De estas medidas, comprometidas en su día por Pedro Sánchez con Bruselas dentro del Plan de Recuperación, sobresale la subida de los impuestos al gasóleo por ser una iniciativa nuclear de la estrategia climática del PSOE.
La exvicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, proclamó a los pocos días de llegar al Gobierno en 2018 que el diésel tenía "los días contados" en nuestro país entre otros motivos porque pretendía poner fin a la menor carga tributaria de este carburante frente a la gasolina, lo que causó un vuelco histórico en las ventas de automóviles, hasta entonces dominadas por los diésel, y la comprensible indignación de fabricantes y distribuidores.
Siete años después, el Ejecutivo socialista reconoce al fin su incapacidad para ejecutar esa medida, rechazada en varias ocasiones por la mayoría del Congreso de los Diputados. La más reciente, el pasado noviembre, cuando Podemos unió sus votos a los de PP y Vox para rechazar la enmienda introducida por el PSOE en la ley del impuesto mínimo global a grandes empresas como forma de lograr la aprobación exprés de la subida fiscal del diésel y evitar el castigo de la Comisión Europea, de la que, paradójicamente, ahora forma parte la propia Ribera.
La formación populista de izquierdas justificó en ese momento su veto en que la medida perjudicaría a los trabajadores de clase media, la mayoría de los cuales no han podido sustituir sus automóviles diésel por híbridos o eléctricos. Lo cierto es que, pese a que su uso se ha ido reduciendo en los últimos años, sigue siendo el combustible más consumido por los conductores de nuestro país.
El Gobierno dispone de seis meses para presentar a Bruselas una hoja de ruta para satisfacer los hitos incumplidos, pero dada su extrema fragilidad parlamentaria en pleno escándalo por la trama de Santos Cerdán, parece difícil que pueda lograrlo a tiempo.
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