Con ponentes de todos los partidos y audiencias públicas se reinicia trámite de reforma laboral tras 'resurrección'

El próximo lunes, exactamente a 33 días de que termine la actual legislatura, la Comisión IV del Senado iniciará formalmente el tercer debate de la reforma laboral presentada por el gobierno Petro, que se había hundido hace dos meses en la Comisión VII y que la plenaria del Senado revivió, vía apelación, en la misma sesión en la que le dijo 'No' a la consulta popular.

Con quince miembros, esa célula está presidida por la senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde, quien este jueves le dijo a EL TIEMPO que el compromiso del Congreso es sacar una reforma laboral que les sirva tanto a los derechos de los trabajadores como a la generación de empleo en el país y que no se quede "en un simple maquillaje".

La primera decisión fue nombrar ponentes que vienen de todas las fuerzas políticas: Juan Felipe Lemos, de la 'U'; Jhon Jairo Roldán, liberal; Aída Avella (Pacto Histórico); Carlos Meisel Vergara (Centro Democrático); Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical); Juan Samy Merehg (conservador) y Richard Fuelantala (Partido Laico). La misma presidenta de la Comisión también está en el grupo de ponentes.

Según la congresista, las cinco semanas que quedan de trabajo en el Congreso serían suficientes para tramitar los dos debates que le quedan pendientes a la reforma y conciliar con la decisión tomada en Cámara, siempre y cuando las fuerzas que en la plenaria del martes apoyaron la apelación cumplan el compromiso que permitió la resurrección de la 'laboral' y, de paso, que se atravesó en el camino de la polémica consulta del Gobierno.

El Gobierno, por su parte, también se está moviendo y se radicó un mensaje de insistencia para que el trámite sea prioritario tanto en comisión como en plenaria del Senado.

"Acabamos de radicar mensaje de urgencia e insistencia al Congreso sobre la Reforma Laboral. El mensaje de urgencia es para que el Senado resuelva, en el término máximo de 30 días, sobre el proyecto de ley. La insistencia es para que se desplace cualquier otro asunto de la agenda hasta que no se resuelva sobre ese proyecto de ley. Artículo 163 de la Constitución y el 191 de la Ley 5 del 92", informó el ministro Armando Bendetti este jueves en su cuenta de X.

El Ejecutivo no tomó a bien la determinación del Senado. Incluso el presidente Gustavo Petro ha criticado a Lozano por buscar “aprobar la reforma por ley sin pueblo”.

Desde China, Petro aseguró que volvería a presentar una propuesta de consulta popular, esta vez con temas del modelo de salud y siguió agitando la bandera del llamado a la calle y los ataques del Congreso, a pesar de que un hecho político es que la totalidad de las propuestas incluidas en la reforma, y más, están vivas de nuevo en el Congreso e incluso podrían ser una realidad legal mucho antes de lo que hubiera permitido una consulta popular que hubiera logrado los umbrales de participación y aprobación.

A pesar de que el Gobierno, empezando por el Presidente, insiste en la consulta. En diálogo con EL TIEMPO el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que acudirán al debate del proyecto resucitado. Según Sanguino, el llamado a la calle se justifica en que el Ejecutivo no siente "absoluta confianza, en un cien por ciento, con lo que vaya a ocurrir con la reforma”. En ese sentido, aseguró que haber enviado la reforma a la comisión IV supuestamente anticipa otro hundimiento de la reforma.

“En la cuarta tienen mayoría (Efraín) Cepeda y sus amigos, diez sobre cinco”, dijo el ministro, que también cuestionó el papel que puede tener Angélica Lozano: “Ha jugado con la oposición. Angélica Lozano no es ninguna independiente”.

Este jueves, sin embargo, en varios medios el presidente del Congreso y una de las cabezas del conservatismo, el senador Efraín Cepeda, aseguró que su partido está dispuesto a sacar adelante una reforma consensuada, y entre los puntos que mencionó como claves está el aumento del pago de horas extras y dominicales. Ese tema era el principal caballito de batalla del Gobierno para tratar de ganarse apoyos con la consulta popular, que le habría costado al país unos 700 mil millones de pesos y que se habría realizado además en plena época electoral.

El último antecedente de dicha comisión en su relación con el gobierno fue el archivo en diciembre de 2024 de la reforma tributaria o ley de financiamiento, una decisión que se impuso finalmente en todas las comisiones económicas del Congreso.

Pero la votación de la apelación, apenas este miércoles, sugiere un panorama que no se ajusta a la visión de Sanguino. Así, entre los que votaron sí por reabrir el debate están caracterizados opositores del Gobierno como Juan Felipe Lemos y Carlos Abraham Jiménez. Incluso algunas cuentas no arrojan un 10-5 en contra, sino siete votos posibles para el Gobierno, seis para la oposición y dos votos más que no son tan claros. Este análisis se hace con base en las decisiones que expresaron en las votaciones de la apelación, la consulta y otras decisiones anteriores.

La argumentación de Antonio Sanguino se fundamenta en parte en que hay presencia de dos conservadores, dos del Partido de la U y tres del Partido Liberal. Sin embargo, el origen partidista no implica lejanía frente al gobierno. En algunos casos es todo lo contrario.

Por los azules, que tuvieron orden de votar no a la consulta, están Diela Liliana Benavides y Juan Samy Merheg. Aunque el último sí se puede identificar como contrario al gobierno, votó no a la consulta y no quiso expresarse en la apelación. Benavides es afín al Gobierno.

Benavides es una de las tres congresistas conservadoras de gobierno, del grupo de Carlos Andrés Trujillo. Ante la decisión de su bancada de no apoyar al gobierno en la consulta, prefirió no asistir a la sesión. De esta forma, sería un voto menos en la tesis del gobierno de que la oposición tiene mayorías.

Eso sí, si se repite la decisión conservadora de emitir una orden de bancada contraria al Ejecutivo, no podría apoyar la iniciativa. Pero, de nuevo, hay que recordar que el senador Efraín Cepeda, clave en las posiciones de su partido, ha dicho que apoyarán una reforma que logre consensos.

En cuanto a ‘la U’, también se repartirían los senadores en uno por bando. Lemos, que es uno de los coordinadores ponentes, ha sido contrario al Ejecutivo y fue bastante crítico con la actitud que este asumió con la consulta. Sin embargo, apoyó la apelación, por lo que podría decirse que se abriría el margen para que diga sí a algunos puntos de la reforma. Además, en su mensaje tras su designación dejó ver interés en sacar adelante el proyecto: “Nos asiste un ánimo constructivo, somos conscientes del momento país y de la responsabilidad que tenemos. Nuestro objetivo será lograr una reforma equilibrada que dé tranquilidad al país”.

Por otro lado, John Moisés Besaile, hermano del condenado Musa Besaile, es de los senadores de la U que son cercanos a la administración Petro. Siempre estuvo entre los que iban a apoyar la consulta y son los del bloque oficialista en esa colectividad.

Por el lado de los liberales, los senadores de la IV son de la línea oficialista. Así se evidenció en todo momento en la sesión de este miércoles. Jhon Jairo Roldán es el segundo coordinador ponente y es muy cercano al Ejecutivo en sus propuestas. Claudia Pérez también está en el listado de los seis senadores rojos que le han caminado a los proyectos del gobierno, al igual que Laura Fortich, que incluso ha figurado en eventos públicos de la propia Presidencia.

Hay dos congresistas más que se posicionan como cercanos al Ejecutivo. La más clara de todas es Aida Avella, del Pacto Histórico. El segundo es Paulino Riascos, de ADA –partido que hizo parte de la coalición de izquierda hasta hace unos meses-. Aunque este último ha sido crítico de la administración Petro, en la sesión del miércoles se le vio votando por las propuestas gobiernistas.

Por otro lado, están los casos de Richard Fuelantala y Angélica Lozano, ambos ponentes. El primero ha apoyado algunas propuestas del gobierno, como la reforma pensional –que le dio el sí a cambio de un artículo para que los indígenas se pensionaran de forma anticipada-. Sin embargo, en la jornada en la que se discutió la consulta prefirió no emitir ningún voto a favor del Ejecutivo, a pesar de que el ministro Benedetti lo tenía entre sus cuentas como apoyo seguro.

En cuanto a Lozano, esta es una de las congresistas independientes. Sin embargo, en este caso, esta ha dicho que es importante sacar adelante la reforma laboral. Hizo énfasis durante el debate de las últimas semanas que la vía es el Congreso, pues ir a las urnas no aseguraba que la consulta tuviese el umbral mínimo para ser vinculante.

El resto de los congresistas de la Comisión Cuarta estarían claramente en la oposición. Ellos son: Enrique Cabrales y Carlos Meisel, de Centro Democrático, y Carlos Abraham Jiménez y Carlos Mario Farelo, de Cambio Radical. Los del uribismo se abstuvieron de votar la apelación y le dieron el no a la consulta, mientras que los del partido de Germán Vargas Lleras le dieron el sí a la apelación y rechazaron el llamado a las urnas. Solo apoyaron el resurgir de la reforma laboral como forma de evitar la convocatoria a la consulta.

En un principio se pensaría que estos cuatro, junto con Juan Samy Merheg, negarían cualquier apoyo a la reforma laboral. Sin embargo, Meisel, que es ponente, no fue tajante en su posición frente a la iniciativa. “Recibo la designación como ponente de la reforma laboral apelada. Con estudio y rigurosidad haremos todos los intentos por aprovechar esta oportunidad de sacar una reforma que fortalezca lazos fraternos entre empleador y trabajador, que genere empleo y promueva emprendimientos”, declaró.

Desde la jornada del miércoles, Angélica Lozano dio un cronograma de lo que se tendría que hacer para sacar adelante la reforma. Ahora, como encargada del trámite del proyecto, hizo algunos cambios frente a lo que expuso en la plenaria del Senado, pero aun así se comprometió a sacar adelante el proyecto antes del 20 de junio.

Con ese objetivo en mente, publicó un cronograma en el que señala que el trámite debería comenzar el lunes de la próxima semana, con una audiencia pública. El martes y el miércoles deberían destinarse para hacer la ponencia. Luego, el jueves debería radicarse el texto a discutir. El siguiente lunes debería anunciarse y su aprobación en tercer debate debería estar lista para el 30 de mayo. Esto corre en tres días lo que proyectó la senadora en plenaria y haría que el cuarto debate no pudiera tomar más de cuatro días o se corre el riesgo de que no haya tiempo para conciliar los textos que aprueben Senado y Cámara.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO