CURP biométrica: ¿Justicia para víctimas o control ciudadano?

El Senado aprueba la polémica reforma que crea una CURP obligatoria con foto y huellas dactilares. Descubre el dilema: buscar desaparecidos vs. la privacidad de todos.

El Senado de la República aprobó la profunda reforma a la Ley de Desaparición Forzada, que establece la creación de una CURP con datos biométricos obligatoria para todos los mexicanos, desatando un intenso debate nacional sobre el equilibrio entre la búsqueda de justicia y el riesgo de la vigilancia masiva.

Con 69 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones, la Cámara Alta dio luz verde a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, que ahora pasará a la Cámara de Diputados para su discusión final. La reforma presenta un dilema central para la sociedad mexicana: ¿es aceptable ceder datos personales sensibles al Estado a cambio de una herramienta que promete ayudar a localizar a miles de personas desaparecidas, o se está abriendo la puerta a un sistema de control sin precedentes?

El argumento central del gobierno y los legisladores de la mayoría es que la reforma dotará al Estado de instrumentos tecnológicos cruciales para enfrentar la crisis de desapariciones. El mecanismo se basa en dos pilares fundamentales :

• CURP Biométrica Obligatoria: La Clave Única de Registro de Población (CURP) dejará de ser un simple código alfanumérico. Se convertirá en un documento nacional de identificación que contendrá, de forma obligatoria, la fotografía del rostro, huellas dactilares y otros datos biométricos como el iris.
• Plataforma Única de Identidad: Se creará una plataforma digital que integrará en tiempo real la nueva CURP biométrica con bases de datos clave, como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y otros registros administrativos.

La idea es que, al reportarse una desaparición, la CURP de la persona active alertas en todo el sistema, permitiendo un monitoreo continuo de cualquier trámite o movimiento que pueda dar pistas sobre su paradero. Además, la reforma incorpora demandas de colectivos de búsqueda, como el reconocimiento de «familia social» y «nombre social», para incluir a personas en situación de calle o de la comunidad LGBTQ+.

La oposición en el Senado calificó la CURP biométrica como un «dardo envenenado» y un «caballo de Troya» legislativo. Argumentan que, bajo la noble causa de buscar a los desaparecidos, se está implementando un mecanismo de control y vigilancia sobre toda la población.

«No es una ley para buscar desaparecidos, es una ley para vigilar a todos nosotros. Responden a los reclamos de justicia con bases de datos, vigilancia biométrica y excesos sobre la información personal», lanzó una senadora del PAN durante el debate.

Las principales preocupaciones expresadas por la oposición y organizaciones de la sociedad civil como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) son :

• Riesgo a la privacidad: La concentración de datos biométricos de toda la población en una sola base de datos gestionada por el gobierno (a través de la SEGOB) crea un riesgo monumental de hackeos y mal uso de la información.
• Control político: Se teme que la nueva CURP reemplace a la credencial del INE como documento de identificación, lo que daría al gobierno en turno acceso y control sobre las bases de datos electorales.
• Falta de garantías: La reforma no establece contrapesos claros ni mecanismos de supervisión ciudadana sobre el uso de esta información tan sensible.

La postura de los colectivos de búsqueda, principales afectados por la crisis, está dividida y es compleja. Si bien el gobierno asegura que la reforma integra sus propuestas tras reuniones en Palacio Nacional , un centenar de colectivos emitieron un comunicado rechazando la iniciativa.

Sus críticas se centran en que la ley no ataca los problemas de fondo:

• Falta de presupuesto: Advierten que de nada sirve una base de datos si no hay recursos para realizar las pruebas de ADN necesarias para identificar los más de 70,000 cuerpos que se acumulan en las morgues del país.
• No combate la impunidad: Señalan que la reforma se enfoca en la identificación, pero no fortalece la investigación ni garantiza que los responsables de las desapariciones sean llevados ante la justicia.
• Simulación: Algunos colectivos sienten que las reuniones con el gobierno fueron una «farsa» y que la ley fue redactada «desde el escritorio del poder» sin entender sus necesidades reales.

La aprobación de esta reforma en el Senado no es el final, sino el comienzo de un debate social más amplio. La sociedad mexicana deberá sopesar si las potenciales ventajas de esta herramienta tecnológica justifican los riesgos inherentes a la centralización de la identidad de cada ciudadano en manos del Estado.