García Ortiz permanece en el sillón de fiscal general del Estado, de momento

Los tres años de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado están siendo cuanto menos convulsos. Su llegada ya lo fue cuando fue nombrado tras la repentina renuncia de su antecesora, Dolores Delgado. Él era fiscal de Medio Ambiente en Galicia, pero había hecho carrera dentro del mundo asociativo, a través de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Fue a través de la asociación que conoció a Delgado, quien se lo llevó de segundo. Cuando esta fiscal de la Audiencia Nacional dimitió, García fue su relevo natural en un mandato tensionado porque Delgado provenía del Gobierno de Pedro Sánchez como ministra de Justicia.

A pesar de su talante tranquilo, la llegada de García no fue pacífica. La mayoritaria Asociación de Fiscales y la minoritaria Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) no le han dado tregua y han acudido a los tribunales por muchas de sus decisiones. Estas han encontrado apoyo en el Tribunal Supremo, que ha anulado varios de sus nombramientos, sobre todo en su intento de hacer a Delgado fiscal de Sala –máxima categoría– tras su dimisión. García Ortiz tampoco ha encontrado el apoyo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siendo su nombramiento considerado por primera vez inidóneo.

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La guinda del pastel ha sido la apertura de una investigación contra él por revelación de secretos. El fiscal general ha defendido en todo momento que las acusaciones son infundadas, que él es inocente y no ha hecho nada irregular. Y por esta misma razón, no piensa dimitir, a pesar de que le han procesado y está a un paso del banquillo.

En este último auto, a García Ortiz le ha perjudicado negarse a contestar al juez cuando fue citado a declarar; borrar sus terminales telefónicos cuando se inició la investigación contra él lo que ha impedido conocer con quién habló los momentos previos a la filtración; seguir indicaciones del Gobierno para un “uso político” de la información de la que disponía sobre la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y negarse a dimitir cuando se abrió la causa penal contra él.

Está pendiente de acordarse la apertura de juicio oral y entonces, según el reglamento del Ministerio Fiscal, tendrá que ser suspendido, por lo menos si quiere que se le aplique la misma vara de medir que a cualquier otro fiscal.

El reglamento, en su artículo 145, establece que se suspenderá a cualquier miembro de la carrera fiscal “en todo caso” cuando se dicte auto de apertura de juicio oral o de prisión por delito cometido en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas,

Esta suspensión podrá ser revocada si varían las circunstancias que motivaron su adopción, tras oír a la Comisión Permanente del Consejo Fiscal y, en su caso, al propio afectado. “Se alzará en todo caso si la causa concluye con sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento o archivo”, recoge la norma.

Tras conocer el auto de transformación en procedimiento abreviado, lo que podría equivaler a un procesamiento, es decir el paso intermedio entre la condición de investigado y acusado, García Ortiz emitió un comunicado por el que se reafirma en su “compromiso de continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa al frente de la misma” y defendiendo su “inocencia”.

“En cuestión el prestigio de la institución”

Parte de la carrera fiscal le ha pedido que dimita por el daño que hace a la institución tener al máximo representante procesado. En el propio auto judicial, el juez instructor Ángel Hurtado le recuerda que la filtración supuestamente cometida “pone en cuestión el prestigio de la institución, con el menoscabo que ello comporta, si ponemos la mira en el cometido y función constitucional que le viene encomendada al Ministerio Fiscal”.

Además, sostiene que está sometido a los principios como el de legalidad e imparcialidad, “que pueden quedar en entredicho en la medida que su actuación se viera comprometida por indicaciones externas”, en referencia a la sospecha de que García Ortiz actuó por indicaciones de la Presidencia del Gobierno.

A pesar de ello, García sigue adelante y se niega a dimitir. Por ahora, tiene la posibilidad de recurrir en apelación ante la Sala de lo Penal del alto tribunal. Si se confirma la decisión de Hurtado, el siguiente paso es el auto de apertura de juicio oral, y ese ya no tiene vuelta atrás.

Dependiendo de lo que tarde la Sala en actuar, podría darse el escenario de la imagen de un fiscal general del Estado procesado, junto a la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló y el Rey Felipe VI juntos presidiendo la apertura del año judicial, que se celebra todos los años a principios de septiembre. Si para entonces García Ortiz sigue en su puesto, leerá ante los máximos representantes del poder judicial su discurso con los datos criminalísticos de la memoria de la Fiscalía.