Guerra de narrativas por informe de UdeG: ¿culpa estatal o federal?

El informe de la UdeG que declara un «fracaso» en la seguridad de Jalisco ha detonado una bomba política. Inmediatamente, las facciones políticas han comenzado una guerra de narrativas, con acusaciones cruzadas entre el gobierno estatal y el federal sobre la responsabilidad de la crisis.

Lejos de provocar una reflexión unificada y un llamado a la acción conjunta, el devastador informe sobre seguridad de la Universidad de Guadalajara (UdeG) ha abierto una nueva grieta en el ya polarizado panorama político de Jalisco y México. El diagnóstico de «fracaso» ha servido como munición para una guerra de culpas, donde la pregunta central ya no es cómo solucionar la crisis, sino quién es el responsable de ella.

La primera línea de argumentación, respaldada por las conclusiones directas del informe de la UdeG, apunta directamente al gobierno de Jalisco. Los expertos universitarios, como el Dr. Marcos Pablo Moloeznik Grüer, fueron claros al señalar una «ausencia de políticas y estrategias» a nivel local, describiendo un estado que opera «en piloto automático».

Esta narrativa sostiene que, independientemente de los factores federales, la administración estatal ha fallado en su deber primario de diseñar y ejecutar un plan coherente para proteger a sus ciudadanos. Se critica la falta de un modelo policial definido, la ausencia de políticas de prevención y una incapacidad para frenar el avance del crimen organizado dentro de las fronteras de Jalisco.

«En Jalisco hay una ausencia de políticas y estrategias: vivimos en una situación inercial, donde el Estado está en piloto automático, sin estrategia para brindar niveles mínimos de seguridad». – Dr. Marcos Pablo Moloeznik Grüer, UdeG.

Casi de inmediato, surgió la contra-narrativa desde la oposición al gobierno federal. El senador del PAN, Francisco Ramírez Acuña, fue uno de los primeros en reaccionar, asegurando que la crisis de seguridad en Jalisco no es un fenómeno aislado, sino un reflejo directo del «fracaso de la estrategia federal».

Esta postura argumenta que la política de «abrazos y no balazos» del gobierno de Morena ha creado un ambiente de impunidad a nivel nacional, lo que hace imposible para cualquier estado, por sí solo, contener la violencia de los cárteles. Según esta visión, la responsabilidad principal recae en el gobierno de la República por su «incapacidad» y «omisiones» en la persecución de los delincuentes de alto impacto.

«Yo creo que hoy está haciendo ya crisis ‘los abrazos y no balazos’. Yo creo que esto demuestra siete años de una incapacidad del gobierno federal, el gobierno de Morena, de perseguir a los delincuentes del país». – Sen. Francisco Ramírez Acuña.

Mientras esta batalla de alto nivel se libra, las declaraciones provenientes del Congreso de Jalisco parecen operar en una realidad paralela. Comunicados recientes del poder legislativo local hablan de «continuar legislando con sentido de justicia» y de reconocer que «Jalisco se construye diariamente en sus comunidades».

Esta retórica, aunque bien intencionada, resalta un posible divorcio entre el discurso político tradicional y la cruda realidad descrita por los expertos y vivida por los ciudadanos. Mientras unos hablan de construir, otros denuncian un estado que se desmorona.

La tormenta política desatada por el informe de la UdeG apenas comienza. Mientras las facciones políticas se enfrascan en señalar culpables, los jaliscienses permanecen atrapados en medio de una crisis de seguridad que, según los datos, empeora día con día. La ciudadanía espera soluciones, no justificaciones, y el informe académico ha dejado claro que el tiempo para las excusas se ha agotado.