Hacienda presionó fiscalmente al juego online para favorecer a un cliente del exdespacho de Montoro

Los mossos d'Esquadra apuntan en un informe las “posibles irregularidades” por parte del Ministerio de Hacienda, junto a la Agencia Tributaria, a favor de la empresa de juego Codere “gracias a la intervención de la consultora Equipo Económico”.

En su investigación, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, los agentes de la Unidad Central de Anticorrupció relatan cómo el equipo del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se coordinó con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, para exigir a las empresas de juego online que querían licencia para funcionar en España el pago de impuestos atrasados a través de inspecciones fiscales como exigencia para lograr la licencia.

La tesis de los agentes es que estos pagos era una forma de presión fiscal a las compañías extranjeras para, de esa manera, reducir el mercado en España. Los mossos han analizado una serie de correos electrónicos para concluir que detrás de esta operación podría haber estado Equipo Económico, que tenía de cliente a Codere desde 2008, empresa que llegó a abonar a este despacho 679.000 euros. Como secretario del consejo de administración estaba Rafael Catalá, quien después sería designado ministro de Justicia.

Según el informe de los Mossos, Codere es uno de los principales operadores de juegos de azar en España, que cuenta con presencia en otros países de la UE y que tenía mucho interés en el texto de la norma que iba a regular el juego online, que acabó fraguando en la ley 13/2011, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Existen correos entre Codere y el director de gabinete de Montoto de entonces, Felipe Martínez Rico. El plan trazado desde Hacienda es que “cuando los operadores requeridos acudan a la AEAT se les exija la regularización de la tasa para obtener la licencia”, tal y como aparece en un correo entre la secretaría de Estado y el director de gabinete del ministro, fechado el 23 de abril de 2012.

“El pago de la tasa acabó siendo una condición sine qua non para la obtención de la licencia obligando a las operadoras extranjeras a regularizar su situación en esas fechas a pesar de que la ley no contemplaba la retroactividad en el pago de impuestos”.

Para llevar a cabo este plan, se concertaron, según la información de los Mossos, Hacienda, a través del director de ordenación del Juego, con la Agencia Tributaria, a través de la ONIF que dirigía entonces Santiago Menéndez, ahora investigado en en la causa que se investiga esta trama por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona. Ante estas reclamaciones por parte del Ministerio, Menéndez remitió un correo en el que advierte que “me gustaría saber a qué atenerme”.

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La ONIF llevó a cabo actuaciones con las empresas del juego online que había solicitado licencias para operar en España, según el informe policial. Según se desprende de los correos electrónicos, desde la dirección general de Ordenación del Juego se reclamó a Menéndez que adelantara la fecha de los informes sobre los expedientes.

La secretaría de Estado de Hacienda recibió un correo de Menéndez bajo el título “las cifras previstas extemporáneas juego online”, en el que se incorporaba un documento elaborado por la delegada especial de Madrid Raquel Catalá Polo, hermana del exministro Catalá.

Montoro intentó desmentir una noticia sobre estas presuntas irregularidades

En el correo se anexaba un cuadro con las estimaciones que podrían autoliquidar las empresas presentando liquidaciones extemporáneas para regularizar la situación.

Los mossos también han localizado un correo en el que una responsable de Codere reclama a la Secretaría de Estado de Hacienda una reunión entre el titular, Miguel Ferré, también investigado en esta causa, y el presidente de la compañía.

Lo que llama la atención de los investigadores es que una vez se constituye el Gobierno de Rajoy, en diciembre de 2011, las adjudicaciones de las licencias para operar en el juego online en España se frenaron en seco. En enero de 2013, la agencia de noticias Bloomberg publicó una información que apuntaba a supuestas irregularidades en la concesión de licencias a empresas extranjeras.

En un duro comunicado emitido horas después Hacienda tachaba la información de falsa, anunciando acciones legales. Según la exclusiva que firmó el periodista Ben Sills, el departamento que dirigió Montoro, a través de la ONIF, habría realizado inspecciones a empresas no nacionales para que pagasen impuestos sobre el juego con retroactividad a la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la ley aprobada por Zapatero como exigencia para hacerse con una licencia con la que operar en España.

Operativa similar al sector gasístico

Esto pudo beneficiar a la empresa española Codere, cliente de Equipo Económico, y cuyo secretario del consejo de administración fue, entre 2005 y 2012, Rafael Catalá, quien después pasó a ser ministro de Justicia, y quien después volvió a Codere tras el cambio de Gobierno en 2018.

De hecho, en los correos analizados por la policía catalana, aparece un mail remitido por un responsable de Bloomberg en la que se niega a rectificar advirtiendo al equipo de Montoro que “las noticias publicadas por la agencia son sometidas, antes de su publicación, a una exhaustiva revisión acerca de su veracidad”.

En su informe, los agentes concluyen que esta operativa es “similar” a lo ocurrido con el sector gasístico. El juez investiga si Montoro y su equipo aprobaron reformas legislativas a favor de clientes del despacho Equipo Económico, que el ministro había fundado antes del llegar al Gobierno, previo pago.