La financiación de la defensa europea y la banca

La posición de Trump sobre la guerra en Ucrania supone, si no hay cambios, un vuelco espectacular en las alianzas de EEUU con sus aliados después de la II Guerra Mundial. Este vuelco geopolítico ha generado una respuesta clara por parte de la UE, cuyos líderes han acordado aumentar significativamente el gasto en defensa. En concreto, durante una cumbre extraordinaria el pasado 6 de marzo en Bruselas, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se comprometieron a movilizar hasta 800.000 millones de euros para reforzar la seguridad del continente. Para alcanzar ese objetivo se han planteado, entre otras medidas, una mayor flexibilidad en las reglas fiscales de la UE y la aprobación de nuevos instrumentos financieros comunes.

Como todavía está lejos una política común de defensa, es evidente que los Presupuestos anuales de los países miembros deberán incrementar las partidas de gasto en esta materia. Como el incremento de esta partida de gasto público es permanente, ceteris paribus, debería haber un incremento de impuestos o una reducción de otras partidas de gasto. Al extenderse los beneficios de una mayor seguridad europea a lo largo del tiempo, podría graduarse la subida de impuestos (o la reducción de gasto), pero debería exigirse un acuerdo de los principales partidos políticos de los países, ya que, de lo contrario, habría un incentivo perverso a aplazar las medidas más impopulares.

El componente de gasto en seguridad y defensa en el Presupuesto de la UE también podría incrementarse (por ejemplo, la dotación para el Fondo Europeo de Defensa, que para el periodo 2025-2027 es de casi cinco mil millones de euros). Una alternativa más disruptiva, pero muy potente es replicar lo aprobado para luchar contra la pandemia, es decir, el plan europeo de recuperación y resiliencia. Sería otro ejemplo, muy significativo, de mutualización de riesgos en la UE y encajaría muy bien en la financiación de proyectos de cooperación entre empresas europeas de este sector (como, por ejemplo, el sistema aéreo de combate).

Como el gasto público militar requiere la existencia de una industria de defensa, de la que pueden formar parte tanto empresas públicas como privadas, hay un claro papel en la financiación de dicha industria por parte de la banca y de los mercados financieros. Es la forma de llegar a los mencionados 800.000 millones de euros. En este artículo, nos centraremos en la financiación bancaria.

A la hora de conceder un préstamo a empresas de este sector, la banca debe considerar las características de parte de esa demanda (elevado número de empresas pequeñas y medianas sin una amplia historia crediticia, proyectos con maduración a largo plazo, importante peso de la investigación y desarrollo, etc.). La conclusión es que esas características encajan poco con los marcos usuales de apetito al riesgo de los bancos.

Una alternativa de política pública es considerar el sector de seguridad y defensa como prioritario y aprobar programas de avales públicos para cubrir parte del riesgo de crédito de dichas operaciones. Por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), accionista mayoritario del Fondo Europeo de Inversores (FEI), tiene un importante programa de garantías, en el que el coste del aval es razonable y cubre una parte significativa del riesgo de crédito. Con alguna modalidad de este programa de avales, los préstamos bancarios no consumen capital (por la parte cubierta por el aval).

Otro obstáculo a la financiación bancaria de la industria de la defensa ha venido por las reglas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que la banca aplica en su actividad crediticia. Al no estar excluido expresamente el sector de defensa en la taxonomía europea de la financiación sostenible, cada banco puede decidir dentro de sus políticas de sostenibilidad. Esto ha llevado a muchas entidades, en respuesta a las políticas de muchos inversores institucionales, a limitar la financiación a este sector. Muchos bancos han seguido la recomendación de la Plataforma de Finanzas Sostenibles (un grupo de expertos independientes establecido por la Comisión Europea en octubre de 2020) de considerar la producción de armas como una actividad perjudicial. Es evidente que si se quiere estimular la financiación privada del sector de defensa habría que eliminar el estigma actual en el ámbito de ESG.

Una alternativa fuera de la financiación bancaria tradicional sería una mayor participación de los bancos en la llamada financiación directa o privada. Esta es una modalidad de financiación a empresas canalizada fuera de las entidades bancarias, típicamente a través de fondos y plataformas, con gran cuota de mercado en EEUU y Reino Unido. Esta financiación está más adaptada a las necesidades concretas de cada empresa y tiene condiciones financieras más flexibles, aunque los diferenciales aplicados son más elevados que los de operaciones tradicionales de crédito bancario.

La financiación directa no suele entrar en el marco ordinario de apetito al riesgo de la banca, ya que son operaciones con mayor riesgo de crédito y una estructura de amortización, que combina un plazo de amortización largo con un calendario de pago del principal muy sesgado hacia el final de dicho plazo. Esta alternativa se puede canalizar por la banca a través de acuerdos de cofinanciación con estos fondos y plataformas, así como con inversiones en las sociedades gestoras de estos fondos. Un ejemplo de esta financiación directa tendría como prestataria a una empresa innovadora con un plazo de maduración largo de sus proyectos de investigación que obtiene un préstamo "balloon" (es decir, cuya amortización se aplaza en gran medida hasta el momento de su vencimiento, por lo que usaría los flujos generados por el proyecto una vez que está completamente operativo). Las empresas que suelen ser objeto de esta modalidad de financiación son empresas de tamaño mediano-grande, en fase de expansión y con alta eficiencia operativa.

Esta alternativa podría ser estimulada, desde un punto de vista regulatorio (consumo de capital), ya que reúne dos características muy positivas: primero, la diversificación del riesgo, ya que, de una u otra forma, se participa en un "pool" amplio de financiaciones; y, segundo, la especialización y la profesionalización en la gestión por parte de estos fondos y plataformas. También podría incrementarse la concesión de avales públicos a estas operaciones (como los que ya presta el BEI).

En lo que generalmente no entra la banca es en la inversión en el capital de empresas, justo lo que pueden necesitar "start-ups" innovadoras en el sector de defensa (y otros sectores). Para este tipo de inversión y alguna modalidad de financiación que encaje menos con la actividad bancaria típica, cabría pensar en la participación del BEI o el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Tradicionalmente, la inversión por los bancos en el capital de las empresas ha estado penalizado por su elevado riesgo (tienen una ponderación mínima del 250% en el cálculo del consumo del capital). Una fórmula interesante para entrar indirectamente en el capital de empresas sería la inversión en entidades de capital riesgo, caracterizadas por una mayor diversificación del riesgo y profesionalización en la gestión. Considerando estas dos últimas características, la regulación podría aplicar un consumo de capital menor a estas inversiones que a las inversiones directas de los bancos en el capital de empresas. La movilización de una ingente cantidad de dinero en seguridad y defensa requiere un gran esfuerzo tanto del sector público como del privado. Cabe citar, además del mayor gasto público, un programa ambicioso de avales públicos para operaciones de crédito y una mayor flexibilidad regulatoria para que los bancos entren en operaciones (financiación directa o capital riesgo) que no suelen ajustarse a su marco de apetito al riesgo. Con voluntad política, se puede alcanzar ese objetivo.

Antonio Carrascosa Morales. Profesor del Máster de Regulación Financiera de la Univ. de Navarra