La financiación, otra vez moneda de cambio

Todas las regiones rechazan que Pedro Sánchez conceda mayores privilegios fiscales a Cataluña.

Conscientes de la extrema debilidad del presidente del Gobierno por las investigaciones judiciales sobre la corrupción en el PSOE, sus aliados de legislatura buscan cobrarse los pagos pendientes por su apoyo parlamentario. Pedro Sánchez salió airoso del delicado pleno en el Congreso dedicado a la trama organizada por Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García para cobrar mordidas a cambio de concesiones de obras públicas.

Pero los portavoces de los grupos minoritarios le dejaron claro que su respaldo al Ejecutivo queda condicionado más que nunca al cumplimiento de los compromisos firmados para su investidura. La "financiación singular" para la Generalitat catalana pactada con los separatistas emerge como una de las exigencias más apremiantes para Sánchez, toda vez que, de acuerdo con lo pactado el pasado verano con ERC, debía haberse cerrado el 30 de junio, si bien el partido dirigido por Oriol Junqueras aceptó una prórroga hasta el próximo lunes, cuando se celebra la comisión bilateral entre las dos administraciones.

Los gobiernos autonómicos no están dispuestos a ser los paganos ni de los privilegios fiscales pretendidos por los separatistas ni de las urgencias del Gobierno. De ahí que incluso los presidentes socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha se hayan posicionado en contra de que el sistema de financiación sea moneda de cambio para que Sánchez siga en la Moncloa. La Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona el pasado 6 de junio evidenció la unanimidad de los dirigentes de las comunidades autónomas de régimen común en contra de que Cataluña sea excluida del mismo debido a la inevitable pérdida de recursos que supondría para las demás.

Las promesas de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que no saldrán perjudicadas con la entrega a la Generalitat catalana de la gestión de todos los impuestos que se recaudan en este territorio ni por la creación de una agencia tributaria propia no convencieron. Entre otros motivos, porque los separatistas se han encargado de dejar claro que su objetivo es que Cataluña deje de contribuir a los fondos de solidaridad.

Los grupos de izquierdas que, como Sumar, han decidido mantener su apoyo a Sánchez pese a la corrupción lo justifican para garantizar los avances sociales de la legislatura, pero la gestión del presidente está dedicada a dar mayores privilegios a una de las comunidades más ricas de España.