Las consecuencias de que el presidente Petro intente cuestionar el blindaje del sistema electoral colombiano

Este miércoles, la Registraduría Nacional adjudicó el contrato clave para la logística de las próximas jornadas electorales que se realizarán en Colombia –consejos de juventudes (2025) y legislativas y presidenciales (2026)–. Vale algo más de 2 billones de pesos y, a diferencia de lo que suele pasar en este tipo de pujas, ni los organismos de control ni los observadores independientes, y tampoco las firmas que inicialmente estuvieron interesadas en el negocio, tuvieron mayores objeciones frente a la decisión: el ganador fue la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 (UT ILE 2026), liderada por Thomas Greg & Sons.

Thomas es la misma firma que fabrica desde hace más de 15 años los pasaportes de los colombianos y a la que el presidente Gustavo Petro ha señalado, sin entregar pruebas, de supuestos actos de corrupción para justificar su decisión de tratar de sacarla de ese contrato. Los polémicos manejos del Gobierno Nacional frente a la responsabilidad de garantizar la expedición de ese documento –cuyas condiciones de seguridad y confiabilidad fueron claves para que la Unión Europea les quitara la visa a los colombianos hace casi una década– están en la mira de la Procuraduría y la Contraloría.

“Este gobierno no está arrodillado a Thomas and Gregg (sic), en cuya junta directiva hay expresidentes y excandidatos presidenciales. Absolutamente inmoral que candidatos de alta gama de la oligarquía dirijan la empresa que hace los cómputos. Enorme burla a la democracia”, escribió el jefe de Estado poco antes de que se formalizara la entrega del contrato de la Registraduría.

En efecto, en la junta directiva de la firma han estado los expresidentes Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana y la exministra y excandidata presidencial Noemí Sanín. Y también es un hecho que Thomas Greg ha tenido contratos para la logística de elecciones en las que Petro resultó elegido para Congreso y cuando ganó la Alcaldía de Bogotá (2011) y la Presidencia de la República (2022), los dos cargos de elección popular más importantes en el país. No es cierto, como lo dijo el Presidente, que la firma “haga los cómputos”, pues sus servicios se concentran en la impresión y la logística de entrega del material electoral.

Los señalamientos del primer mandatario provocaron una cerrada defensa del sistema electoral colombiano. El procurador Gregorio Eljach dio un mensaje en el que negó hallazgos de irregularidades en la contratación de la Registraduría y expresó su confianza en la tarea que ha venido desarrollando. “No solamente confío, sino que estoy empecinado en que las elecciones sean un proceso democrático, transparente y que no tenga ningún tipo de circunstancia desfavorable. Las elecciones se hacen en las fechas que se tienen que hacer, con las personas que tienen que votar y con los métodos que ya están establecidos”, señaló.

Los gremios también se unieron para salir en defensa del sistema electoral. “La Registraduría representa uno de los mayores símbolos de la democracia, y corresponde a todos los demócratas respaldar su gestión. Es preciso destacar y fortalecer su desarrollo, su objetividad y es necesario proteger su posición como garante de las elecciones de nuestro país”, opinó Bruce Mac Master, cabeza de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

Además de los trinos de la previa, los ataques del Gobierno fueron aumentando justo en la jornada en la que la Registraduría entregó el contrato. “En toda democracia, los partidos deben poder auditar los algoritmos del software de cómputo de las elecciones para saber si es transparente o no. En Colombia jamás se ha podido ejercer ese derecho electoral. Yo mismo le pedí al registrador Vega que lo permitiera, y lo puse en el proyecto de código electoral que se debatía en el Congreso. Ni Vega accedió a entregar los algoritmos del software y el código electoral se cayó en la Corte Constitucional. La empresa que era propietaria privada del software era Thomas and Gregg (sic), y extrañamente, con pliego de condiciones amañado, ahora la trasladan a manejar el kit electoral”, dijo el mandatario en su último mensaje respecto al tema. La insistencia del jefe de Estado en vincular a la firma con el manejo del software electoral llama la atención, pues claramente no corresponde con los hechos.

Esas mismas posturas, aunque de forma más moderada, fueron las que llevó el ministro del Interior, Armando Benedetti, a la sesión del jueves de la Comisión de Seguimiento Electoral, que se realizó en el Hotel Tequendama de Bogotá. Reiteró que en la Casa de Nariño hay inquietudes alrededor del pleno cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado que ordena a la Registraduría implementar “correctivos estructurales” para el sistema electoral. “Entre esos correctivos está que el software de escrutinio sea de propiedad estatal. Más de cinco años han pasado y las entidades allí mencionadas han incumplido parcialmente estas determinaciones”, sostuvo.

Además de sus históricas diferencias con Thomas Greg, los mensajes presidenciales y del Ministerio del Interior evidencian que la administración Petro usa como ‘caballito de batalla’ el fallo del 8 de febrero de 2018 del Consejo de Estado sobre el Mira y las irregularidades que lo afectaron en las elecciones de 2014. Parte de un hecho real, pero sus señalamientos incurren en múltiples inexactitudes.

La decisión en cuestión ordenó anular la elección de los senadores Sofía Alejandra Gaviria (Partido Liberal), Teresita García (Opción Ciudadana) y Honorio Henríquez (Centro Democrático), y entregar dichas curules a los tres primeros candidatos del partido Mira. La razón fue que el alto tribunal administrativo encontró varias irregularidades que impidieron que esta colectividad alcanzara el umbral mínimo para obtener escaños en el Senado en 2014.

Como Thomas Greg & Sons hizo parte de la unión temporal que participó en la logística de dichas elecciones, el mandatario ha usado este caso para decir que no hay garantías. Sin embargo, en ningún momento señala el fallo –que tiene más de 300 páginas– que las inconsistencias que afectaron al Mira vinieron de la organización logística, tarea que ha asumido la firma en más de 20 contratos desde 2011.

Los errores detectados por el tribunal administrativo se centraron en manipulaciones directas del software, que –contrario a lo dicho por el mandatario– no fue suministrado por Thomas Greg. “Así las cosas, de un lado, se encuentra probada la irregularidad surgida en el proceso de escrutinio bajo el cargo de violencia o sabotaje contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones del 9 de marzo de 2014, frente a 3.630 registros (1.412 mesas)”, indica el fallo.

En este queda claro que la responsabilidad de suministrar los softwares fue de la empresa ASD. Esta ha acompañado a Thomas Greg en las siguientes licitaciones ganadas, incluyendo las elecciones en las que Gustavo Petro fue elegido presidente. Otro hecho llamativo es que esta misma empresa tiene actualmente contratación con el gobierno Petro (Fiduprevisora, Ministerio de Vivienda y Fontic), que asciende a 15.000 millones de pesos.

Más allá de identificar vulnerabilidades en el software, la decisión no profundiza en posibles responsabilidades de ASD. Incluso, dicha empresa continuó participando en uniones temporales sin objeciones sobre ella. Además, desde el órgano electoral comenzaron a tomar acciones correspondientes para mitigar el problema. Tanto así que el propio tribunal administrativo rechazó en 2023 una demanda de nulidad contra varios congresistas del Pacto Histórico, fundamentada en la seguridad de los programas informáticos usados.

“El software que soporta el proceso de escrutinio ha sido dotado de nuevas funcionalidades de seguridad, que lo blindan con el objetivo de evitar manipulaciones indebidas”, fue uno de los argumentos del Consejo de Estado para descartar la demanda contra las curules de congresistas de la coalición oficial.

Una evidencia de este fortalecimiento es el cumplimiento de la orden del Consejo de Estado en el fallo del Mira. En este se insistió en que el Estado debía ser el propietario del software de escrutinios, para garantizar tanto la seguridad como la completa trazabilidad de los movimientos hechos en esta plataforma. Así fue: la Registraduría compró para las elecciones de 2022 a Indra un programa para el escrutinio y lo entregó para su uso al Consejo Nacional Electoral (CNE). Este asume todo el conteo oficial de los votos a nivel nacional. Ahora, para estas elecciones, lo que viene es la contratación con la misma empresa española del mantenimiento y las actualizaciones de los softwares adquiridos.

Las palabras del presidente Petro –que el año pasado dijo que el sistema electoral venezolano, plenamente controlado por la dictadura de Nicolás Maduro, le parecía más confiable y transparente que el colombiano–, generaron fuerte rechazo desde múltiples sectores.

Juan Carlos Galindo, registrador de forma interina entre enero y diciembre de 2007 y como titular entre 2015 y 2019, le dijo a EL TIEMPO: “Hay un tema que es muy importante: la organización del proceso electoral es un proceso muy complejo que exige mucha experiencia y soporte. No es solo comprar unos computadores e imprimir. Son unas acciones que tienen unas múltiples implicaciones que exigen una experiencia y un conocimiento importante. Thomas y las otras empresas han demostrado que tienen el conocimiento y la experiencia”.

Por su parte, el exregistrador Alexander Vega –quien estuvo al frente de las elecciones en las que Petro ganó la Presidencia y su partido, el Pacto Histórico, logró mayorías en Senado y Cámara– señaló: “No es de recibo un ataque que haga el Presidente contra un operador logístico, más aún cuando cuenta con la experiencia ya de muchos procesos electorales. Esto no es un tema de hacer una obra pública, un puente, que alguien se puede equivocar y lo pueden corregir. Acá las elecciones tienen que hacerse el día de las elecciones: instalar las mesas, recoger el resultado electoral, transmitirlo, digitalizarlo. Para eso se requiere una operación logística”.

En esa línea, les respondió al Presidente y al ministro Armando Benedetti que desde 2021 fue el encargado de cumplir con la orden de comprar el software de escrutinio a Indra. El Estado tiene pleno control en todas las etapas de ese proceso, con trazabilidad, y el acceso a datos consolidados está restringido, con biometría, a los jueces de la República que hacen el escrutinio.

El registrador, Hernán Penagos, le salió al paso a las dudas expresadas por el Ejecutivo, sin entrar en una confrontación directa. “En las elecciones pasadas, el software de escrutinio fue administrado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), tanto para los comicios al Congreso como para las elecciones presidenciales. Cabe precisar que dicho software fue adquirido a la empresa española Indra y será nuevamente puesto a disposición del CNE”, puntualizó.

En esa misma línea, la Registraduría ha hecho énfasis en lo que ha venido haciendo para garantizar el proceso electoral del próximo año. Las dudas provenientes del Gobierno Nacional no han supuesto un giro en los planes, sino que han servido de refuerzo para seguir blindando un sistema electoral que es considerado como uno de los más eficientes y transparentes en la organización de las votaciones y el manejo, custodia y conteo de los datos.

Desde la autoridad electoral mencionaron cinco acciones claves que han venido tomando para generar confianza: auditorías robustas, acceso de los partidos al código fuente del software de escrutinio, observación internacional, biometría facial para controlar la suplantación de identidad y publicación de todas las actas electorales. Precisamente, la supuesta ausencia de auditorías y de acceso al código fuente del software han sido algunos de los reclamos del presidente Petro para hablar de ausencia de garantías.

Mientras el Gobierno insiste en la narrativa de cuestionar a la organización electoral –alimentando, de paso, el fantasma de un supuesto plan de Petro para aplazar las elecciones, que él mismo y su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, salieron a negar–, analistas y expertos alertan sobre los que consideran los verdaderos riesgos para la democracia colombiana: el poder creciente de los grupos armados en las regiones, en medio de poco avance de la ‘paz total’, y la corrupción de las maquinarias electorales que ya empiezan a rondar a los votantes en las regiones. Los fantasmas de las campañas antes de tiempo y la violación de topes electorales –cuestionamientos que, precisamente, se le hicieron a la campaña presidencial de Petro en 2022, hoy investigada en el CNE–, así como la indebida participación en política de los altos funcionarios y el uso indebido de recursos públicos, siguen asustando en la política colombiana.

Penagos se ha encargado personalmente de tocar puertas en la Fuerza Pública, órganos de control y organizaciones de observación nacional e internacional para pedir apoyo para la integridad del proceso. Se comunicó con el ministro de Defensa, en primer lugar, para fortalecer la seguridad de las elecciones atípicas que han tenido lugar en diversas regiones. De estas conversaciones salió la idea de reunir a todos los delegados departamentales de la Policía para hacer seguimiento al orden público.

Asimismo, hubo diálogo con la fiscal Luz Adriana Camargo para instalar la Comisión Nacional contra los delitos electorales y, el pasado lunes, más de 20 observadores nacionales y extranjeros, como la Unión Europea, la OEA, el Centro Carter, la MOE y Transparencia por Colombia, fueron invitados al despacho de Penagos para resolver inquietudes e invitar al acompañamiento de los comicios del próximo año.

Puertas adentro, Penagos ha impartido la instrucción de llevar a cabo todas las acciones posibles para generar confianza y combatir la desinformación. En ese sentido, también está prevista la creación de aplicaciones o chatbots para que la ciudadanía pueda acceder a información sobre el proceso y el uso de analítica de datos para cruzar información que permita contrarrestar la transhumancia electoral y transmitirla al CNE.

En cuanto al contrato logístico que se adjudicó a la unión temporal que integra Thomas Greg & Sons, la idea es convocar a diferentes actores para mostrar cómo se está cumpliendo con las diferentes etapas de ejecución del contrato.

Sectores de la sociedad civil han llamado la atención frente a la postura presidencial. La Misión de Observación Electoral (MOE) –ver entrevista arriba– expresó que señalamientos de este tipo son potencialmente riesgosos por venir de quien vienen (el propio presidente de la República) y porque no son precisos.

A su vez, el analista y columnista de EL TIEMPO Gabriel Cifuentes expresó su preocupación ante el impacto de lo dicho por el Presidente. “Las declaraciones (de Petro) son desafortunadas. Como jefe de Estado, sin pruebas concretas, eleva un manto de dudas deslegitimando no solo las funciones constitucionales de la Registraduría, sino del sistema electoral en su conjunto”, opinó.

Expertos han dicho que es peligroso lo hecho por el presidente Petro, pues genera dudas en un sistema que incluso ha sido reconocido por su robustez por misiones de observación electoral extranjera, como lo muestra el informe de la MOE-Unión Europea en el documento que construyó tras las elecciones del 2022. “La complejidad de las elecciones al Congreso planteó dificultades particulares, pero estas se superaron en su mayor parte. En particular, la introducción de tarjetas separadas ayudó claramente a reducir la tasa de votos nulos. La Registraduría realizó esfuerzos concertados para subsanar las debilidades identificadas tras las elecciones legislativas y estos, combinados con la relativa sencillez de las elecciones presidenciales, garantizaron que las dos jornadas electorales siguientes se desarrollaran con particular fluidez. Los testigos de los partidos pudieron observar todas las etapas sin restricciones indebidas y tomar fotografías de las actas de resultados”, señala el documento.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO