Las hipotecas que nos dejará Pedro Sánchez

El presidente se maneja como un insolvente que trata de pagar sus deudas con otros préstamos.

Como haría un insolvente que trata de pagar sus deudas con otros préstamos, el presidente del Gobierno firma más hipotecas que no pretende pagar y a las que deberemos hacer frente todos los españoles. Es lo que ha venido haciendo desde que llegó al poder en 2018, disparando el gasto público y el endeudamiento hasta máximos históricos como forma de ganar apoyos, doblegar voluntades y conseguir el crédito político que no le daban las urnas. Es decir, cargando a los contribuyentes presentes y futuros las facturas de su gestión manirrota.

El culmen de esta forma de proceder es la financiación singular para la Generalitat catalana. Sánchez ha comprometido la entrega de un mayor porcentaje de los recursos aportados por todos los españoles a los dirigentes políticos de una de las regiones más prósperas del país, en un acuerdo negociado a espaldas de los ciudadanos y de sus legítimos representantes que condicionará la capacidad futura del Estado para mantener unos servicios públicos de calidad en todo el territorio nacional. Se trata de una hipoteca firmada con condiciones muy desfavorables para el conjunto de los españoles (incluidos los catalanes, por supuesto), ya que si un próximo gobierno decidiera no asumir lo prometido por el líder socialista para conservar el poder durante unos meses más, los partidos separatistas tendrían la base argumental para denunciar otro agravio histórico y volver al unilateralismo.

Una carga más difícil de cuantificar, pero desde luego onerosa, es el desprestigio de las instituciones públicas a causa de su instrumentalización por el sanchismo, que sumado a la inseguridad jurídica derivada de los interminables cambios regulatorios y la voracidad recaudatoria de Hacienda está frenando las inversiones hacia nuestro país, según denuncia Antonio Garamendi, el presidente de la patronal CEOE. Recobrar la confianza de inversores y empresas, erosionada por los abusos del Ejecutivo actual y los casos de presunta corrupción que implican al círculo político y personal de Sánchez, costará muchos esfuerzos.

Pero, sin duda, la mayor por volumen de las hipotecas que dejará Sánchez a las próximas generaciones es la deuda de las pensiones. Desde que accedió a La Moncloa, el dirigente socialista ha llevado a gala haber recuperado el poder adquisitivo de las prestaciones de jubilación, sobre todo de las no contributivas, estableciendo por ley que aumenten cada año lo mismo que la inflación. Pero como casi todo lo que anuncia el sanchismo tiene trampa, pues lo ha hecho a base de disparar la deuda de la Seguridad Social por encima de los 100.000 millones de euros mediante préstamos extraordinarios de Hacienda. Un burdo truco contable, ya que a la postre quien deberá responder de esos pasivos es el Estado, que arrastra una deuda total de 1,67 billones de euros tras haberla incrementado un 40% el actual Gobierno.

En este punto, resulta inevitable comparar el despilfarro con que se maneja Sánchez y el proceder del primer ministro francés, el centrista François Bayrou, quien acaba de anunciar un severo ajuste presupuestario de 43.800 millones de euros para el próximo ejercicio a fin de evitar que Francia sufra una crisis de deuda como la que asoló Grecia en el año 2008, aún asumiendo que puede costarle su cargo si los grupos parlamentarios que sostienen al ejecutivo que lidera votan en contra de un plan presupuestario que implica congelar las pensiones y los salarios públicos en el país vecino. Bayrou justificó la urgencia de que el Estado francés se apriete el cinturón porque "nos hemos vuelto adictos al gasto público". ¿Y no es éste el mejor resumen de los siete años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España?