Mano dura en CDMX: La guerra de Brugada a los ‘viene, viene’

La Jefa de Gobierno propone arresto de hasta 36 horas sin derecho a multa para ‘franeleros’. Descubre los detalles de la iniciativa que busca recuperar las calles.»
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha enviado al Congreso de la CDMX una iniciativa para reformar la Ley de Cultura Cívica que busca erradicar la práctica de los ‘franeleros’ mediante la imposición de un arresto inconmutable de hasta 36 horas para quienes exijan pagos o coaccionen a los automovilistas en la vía pública.
Esta propuesta de «mano dura» aborda una de las quejas más persistentes y frustrantes para los habitantes de la capital: la apropiación ilegal del espacio público. La iniciativa, que ya se encuentra en comisiones para su análisis, ha generado un intenso debate entre quienes aplauden la medida como un acto necesario para restaurar el orden y quienes la consideran una criminalización de la pobreza.
El núcleo de la reforma es eliminar la laguna legal que permite a los ‘franeleros’ reincidir. Actualmente, la falta cívica puede ser sancionada con una multa, la cual es pagada para luego regresar a la misma actividad. La propuesta de Brugada busca cambiar esto de raíz:
- Arresto Inconmutable: La sanción principal será un arresto de hasta 36 horas que no podrá ser sustituido por una multa económica.
- Conductas Sancionadas: La ley se enfocará en tres acciones específicas:
- Apartar lugares de estacionamiento en la vía pública sin autorización.
- Obstaculizar o impedir el uso del espacio público para estacionarse.
- Exigir, coaccionar o intimidar de cualquier manera para obtener un pago por estacionar, vigilar o lavar vehículos.
- Vínculo con delitos: El gobierno capitalino justifica la dureza de la medida vinculando estas prácticas con delitos tipificados en el Código Penal, como extorsión, amenazas y lesiones, lo que permitiría escalar los casos más graves a la esfera penal.
Anticipándose a las críticas, la Jefa de Gobierno ha enmarcado la iniciativa como parte de una estrategia integral que combina el castigo con el apoyo social.
“El espacio público es un derecho, no es una mercancía ni debe ser un privilegio. No vamos a permitir el abuso, el control, ni la ilegalidad de las calles”, declaró Clara Brugada al presentar la propuesta.
Para contrarrestar la narrativa de la criminalización, la administración capitalina anunció que, de manera paralela, se implementará un programa a través de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría de Desarrollo Económico. Este programa ofrecerá alternativas laborales formales, capacitación y apoyo para el emprendimiento a las personas que actualmente dependen de esta actividad informal.
La problemática de los ‘franeleros’ es especialmente aguda en zonas de alta demanda de estacionamiento como Polanco, Roma, Condesa, el Centro Histórico y en los alrededores de estadios y foros de conciertos, donde las cuotas pueden ser exorbitantes.
La iniciativa es una jugada política que ataca un problema visible y tangible que afecta la calidad de vida de un gran número de capitalinos. Al proponer una solución directa y de «mano dura», el gobierno busca mostrar resultados rápidos en un tema que genera un amplio consenso de hartazgo.
La propuesta ya está en el Congreso local y será en las próximas semanas cuando se decida si esta «guerra contra los ‘viene, viene'» se convierte en ley, sentando un precedente en la forma en que la Ciudad de México gestiona su espacio público y aborda la informalidad.
La Verdad Yucatán