México vs. SpaceX: Gobierno investiga a Elon Musk por contaminación

El Gobierno de México ha puesto en la mira a una de las empresas más poderosas del mundo. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio de una investigación formal sobre la contaminación ambiental en Tamaulipas, presuntamente causada por restos de cohetes de SpaceX, la compañía de Elon Musk.

Ciudad de México. – En un movimiento que eleva la tensión entre México y los gigantes tecnológicos de Estados Unidos, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha lanzado una ofensiva legal y diplomática contra SpaceX. El gobierno federal está llevando a cabo una «revisión general» para determinar si la compañía de Elon Musk ha violado leyes internacionales, tras la caída de escombros de cohetes en territorio mexicano.

La investigación se desencadenó después de la explosión de un cohete Starship el pasado 18 de junio durante una prueba en la base de SpaceX, conocida como Starbase, en el sur de Texas, muy cerca de la frontera con México. Tras el incidente, se reportó el hallazgo de piezas de metal, plástico y otros componentes de cohetes en el estado de Tamaulipas.

«Hay una revisión general en curso para saber qué leyes internacionales están violando… porque sí hay contaminación», declaró la presidenta Sheinbaum en su conferencia de prensa, dejando claro que el gobierno podría emprender acciones legales.

Este no es un incidente aislado. Autoridades mexicanas ya habían confirmado la presencia de escombros en una playa de Tamaulipas tras otro lanzamiento fallido de Starship el 27 de mayo.

La preocupación ha escalado a nivel estatal. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, ha exigido un estudio para verificar si SpaceX cumple con las normativas sobre la ubicación de este tipo de instalaciones cerca de centros poblacionales.

Más allá de la basura espacial, lo que está en juego es un principio de soberanía nacional. El conflicto plantea una pregunta fundamental: ¿puede una empresa privada extranjera impactar físicamente el territorio mexicano sin consecuencias? La respuesta del gobierno de Sheinbaum es un rotundo no, y busca sentar un precedente legal.

La postura de SpaceX ha añadido leña al fuego. En una publicación en la red social X, la compañía afirmó que sus intentos de recuperar los escombros —a los que se refirió como «propiedad de SpaceX»— fueron obstaculizados por «partes no autorizadas que traspasaron propiedad privada» en México. Esta declaración fue vista como una afrenta a la jurisdicción mexicana.

Además, el impacto ambiental es una preocupación tangible. La ONG Conibio Global ha recolectado casi 2 toneladas de materiales y ha advertido que los residuos, que incluyen tanques con fósforo, podrían dañar ecosistemas sensibles como Playa Bagdad, un sitio clave para el anidamiento de la tortuga lora, una especie en peligro crítico de extinción.

«Estamos revisando todo lo relacionado con el lanzamiento de cohetes que están muy cerca de nuestra frontera», afirmó la presidenta Sheinbaum, enmarcando el problema como un asunto de seguridad nacional y respeto internacional.

Al enfrentarse a una figura global y a menudo polémica como Elon Musk, la administración Sheinbaum proyecta una imagen de firmeza en la defensa de los intereses nacionales. Esta estrategia, combinada con la respuesta a las sanciones bancarias de EE. UU., busca consolidar una marca de gobierno que no teme confrontar a los poderes fácticos de su vecino del norte, ganando capital político tanto a nivel nacional como internacional.