PAN Denuncia a Adán Augusto por Vínculos con el Narco: Cae la Bomba

El Partido Acción Nacional (PAN) ha interpuesto una denuncia penal formal contra el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, por presuntos vínculos con el grupo delictivo «La Barredora» durante su gestión como gobernador de Tabasco, desatando una tormenta política nacional.

La política mexicana se ha visto sacudida este 25 de julio de 2025 tras la confirmación de que el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Adán Augusto López Hernández, actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado y una de las figuras más prominentes de la Cuarta Transformación. La acusación central: presuntos nexos con la organización criminal «La Barredora» y delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, presuntamente cometidos cuando fungía como gobernador de Tabasco.

La denuncia, encabezada por la vicecoordinadora de los diputados del PAN, Noemí Luna, y el dirigente nacional del partido, Jorge Romero, exige no solo una investigación exhaustiva sino también la renuncia inmediata de López Hernández a su escaño y a la coordinación de su bancada mientras se esclarecen los hechos.

El epicentro del escándalo es la figura de Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López. Bermúdez es actualmente prófugo de la justicia, acusado de proteger y colaborar con «La Barredora», un grupo criminal señalado por actividades de huachicol, extorsión y narcotráfico en la región.

Según la denuncia del PAN, Adán Augusto López no solo nombró a Bermúdez, sino que lo mantuvo en el cargo a pesar de supuestas advertencias de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde 2019, reveladas en los hackeos de «Guacamaya Leaks», que ya señalaban los vínculos del exfuncionario con el crimen organizado.

“Adán Augusto López no puede decir que se sorprendió ni que ignoraba que su exsecretario es un narcopolítico. Al senador no le sirvió esconderse durante una semana del escrutinio público», sostuvo la diputada Noemí Luna.

Tras días de silencio, Adán Augusto López reapareció públicamente y calificó las acusaciones como «politiquería». En declaraciones a medios, el senador negó tener conocimiento de las actividades ilícitas de su exsecretario. «Hay mucha politiquería en todo esto. Ya di a conocer las cifras de cómo se redujo sensiblemente el delito durante los dos años y ocho meses que estuve ejerciendo el cargo de gobernador», señaló.

Durante el Consejo Nacional de Morena, recibió el respaldo de su bancada con la consigna «¡No estás solo!», un gesto que busca cerrar filas ante lo que consideran un ataque político coordinado por la oposición.

A pesar del apoyo público, el caso ha generado preocupación y fisuras dentro del partido gobernante. Senadores de Morena han expresado en privado su inquietud por el costo político del escándalo, especialmente por la falta de una respuesta más contundente por parte de López Hernández.

La presidenta Claudia Sheinbaum se ha pronunciado sobre el tema, asegurando que su gobierno no encubrirá a nadie. «Nosotros lo hemos dicho, no vamos a encubrir a ningún delincuente», afirmó, distanciándose del caso pero sin condenar directamente a su compañero de partido.

Analistas políticos señalan que este escándalo representa un punto de inflexión para Morena, comparándolo con el caso de Genaro García Luna y el expresidente Felipe Calderón. La oposición ha aprovechado para cuestionar la bandera anticorrupción del oficialismo.

La denuncia del PAN abre un frente legal que la FGR deberá investigar. Mientras tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya ha bloqueado las cuentas de Hernán Bermúdez y sus socios.

Políticamente, el caso pone a prueba la cohesión de Morena y la capacidad de la presidenta Sheinbaum para manejar una crisis que toca directamente a uno de los pilares de su movimiento. La exigencia de la oposición de crear una comisión especial investigadora en el Congreso y la presión mediática mantendrán el tema en el centro de la agenda nacional en las próximas semanas, con implicaciones que podrían afectar la gobernabilidad y la sucesión presidencial de 2030.