Poder Ciudadano lleva al INE su lucha contra la elección judicial

La sede del Instituto Nacional Electoral (INE) en Viaducto Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, se convirtió este 19 de junio en el escenario de un nuevo capítulo en la batalla por el futuro del Poder Judicial. Miembros del grupo «Poder Ciudadano MX» se manifestaron y presentaron un recurso de impugnación contra la reciente elección judicial, un proceso inédito y central en la agenda de reformas del gobierno actual.

Esta acción, que se suma a la impugnación ya presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), consolida un frente de oposición que busca anular los resultados de la elección, argumentando graves irregularidades y falta de equidad.

La Convergencia de la Oposición: Partidos y Ciudadanos Unidos en el Rechazo

Lo significativo de la jornada es la convergencia de actores de distinta naturaleza —un partido político tradicional y un colectivo ciudadano— con un mismo objetivo: invalidar la elección judicial. Mientras que el PRI ha calificado el proceso como un «fraude armado desde el poder» , los argumentos de grupos como Poder Ciudadano MX se centran en la falta de condiciones para una contienda justa y la presunta intervención del gobierno para favorecer a sus candidatos.

La presencia de manifestantes en las instalaciones del INE busca no solo cumplir con un trámite legal, sino también ejercer presión mediática y pública sobre las autoridades electorales. Las protestas se programaron en dos momentos del día, a las 09:00 y a las 13:30 horas, para maximizar su impacto.

Un Proceso Novedoso y Polémico desde su Origen

La elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular fue producto de una reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024, con el objetivo, según sus promotores, de democratizar la justicia y hacerla más cercana al pueblo.

Sin embargo, desde su concepción, el proceso ha estado rodeado de polémica. Críticos argumentan que politiza la impartición de justicia y abre la puerta para que perfiles sin la capacidad técnica necesaria lleguen a los más altos tribunales del país. Las reglas de la elección, que prohibían la participación de partidos políticos en la promoción de candidatos, fueron uno de los puntos más debatidos.

«Esta elección fue diseñada para excluir y favorecer al poder; la voluntad popular fue distorsionada porque grupos afines al gobierno controlaron la elección y se apropiaron del resultado», argumentó el PRI en su propia impugnación, un sentimiento que resuena en las protestas ciudadanas.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) será la última instancia que decida sobre la validez de estas impugnaciones. La resolución que emita no solo definirá el futuro de los 881 cargos judiciales que estaban en juego, sino que también sentará un precedente crucial sobre los alcances y límites de la participación ciudadana en la conformación de uno de los tres poderes de la Unión.