Presidentes en la conferencia

Las aguas han vuelto a su cauce tras la amenaza de boicot de los presidentes del PP en la conferencia de presidentes de Barcelona. El Gobierno finalmente ha cedido y se hablará de todo aquello que quieran abordar las autonomías. No habrá líneas rojas en la reunión, pese a que el PSC reconoce que es demasiado pronto para hablar de financiación, uno de los temas que los populares ponen sobre la mesa como condición para no abandonar la cita.

La intención de los barones era la de presentarse en Barcelona, acudir al Palau de Pedralbes, hacerse la foto y reunirse con el Rey. Luego abandonar el acto y dejar plantado a Pedro Sánchez. Tenían el aval de Génova para actuar así, pero ante el cambio del orden del día ya no hay argumentos para ausentarse.

La amenaza de plante del PP también era una acicate de cara la protesta del domingo

No es la primera vez que dan plantón al Gobierno en estos últimos meses. Se lo hicieron a los ministros María Jesús Montero y a Félix Bolaños, en citas sectoriales, y estuvieron muy cerca de boicotear la reunión por el reparto de menores inmigrantes, pero al final participaron.

Los populares han hecho valer su poder territorial para abrir un nuevo pulso con el presidente español. La tesis de los barones es que el reglamento de la conferencia permite modificar el orden del día a instancias de la mayoría del conjunto de las comunidades autónomas. Y el PP, que gobierna en 13 comunidades, puede proponer que se hable de financiación, energía e inmigración.

Pero la amenaza de plante en la conferencia también era un acicate más –al margen de Leire Díez y la UCO– para animar la manifestación que celebra el domingo. Otra cosa es que el Gobierno se haya resistido a incluir otros temas con los que ahora no quiere hacer ruido. El 30 de junio el Govern de Illa debe concretar el nuevo modelo de financiación que se aborda con los técnicos de Hacienda y que pactó con ERC para la investidura. El Gobierno no quiere que las regiones del PP amenacen con llevar el futuro sistema de financiación catalán a los tribunales, cuando aun no ha echado a andar.

El PP está legitimado a cambiar el orden del día, pero tampoco beneficia a sus comunidades borrarse del foro de diálogo autonómico. No se entendería que luego estas autonomías hicieran reclamaciones al Ejecutivo. Ya lo hiceron Junts y ERC desde la Generalitat sin mucho éxito. El PP corre el riesgo de entrar en el juego de Vox que busca incidir en sus contradicciones al preguntarse cómo se puede tildar al Gobierno de “mafia y sentarse con ellos”.