Sánchez tiende puentes a los socios y aliados para reimpulsar la legislatura

“Voy a intentar persuadir a todos los grupos parlamentarios”, confió Pedro Sánchez el lunes, en su comparecencia de cierre del curso político, al anunciar su decisión de presentar un nuevo proyecto de presupuestos generales del Estado para el 2026. Y su determinación para, con cuentas públicas o sin ellas, tratar de agotar la actual legislatura en el 2027, como pretende, con el apoyo de socios y aliados.

Una vez dado por superado, al menos por ahora, el golpe recibido por el escándalo de corrupción que estalló en el seno del PSOE, que puso en serio riesgo la continuidad de su mandato, el presidente del Gobierno ya inició esta renovada estrategia de persuasión –aunque él mismo advirtió que lleva inmerso en ella desde que llegó a la Moncloa hace siete años–, buscando calmar las irritaciones de ERC, avanzando en la financiación singular de Catalunya; del PNV, impulsando las transferencias pendientes; y de Junts, insistiendo con la oficialidad del catalán en las instituciones europeas. Aunque no siempre con el éxito previsto.

Pero Sánchez persevera en esta estrategia de tender puentes a los socios y aliados para tratar de mantener a flote una legislatura a la que, según su calendario, aún le quedan dos años de vida. Pero para lo que necesita, de manera apremiante, darle un nuevo impulso.

La última reunión del Consejo de Ministros celebrada ayer antes del paréntesis veraniego –la próxima cita será el 26 de agosto–, aprobó así nuevas iniciativas ya comprometidas por Sánchez, en este caso, tanto con Sumar como con Esquerra.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, no pudo lograr una de las grandes apuestas de Sumar para llevar al último pleno del Congreso del curso, el pasado 22 de julio, su iniciativa para reducir la jornada laboral. La falta de acuerdo con Junts lo impidió.

“El Gobierno cumple sus compromisos políticos y somos leales con nuestros socios”, resalta Puente

Pero Díaz pudo compensar esta decepción con la aprobación ayer, en el Consejo de Ministros, de la ampliación de los permisos laborales de paternidad y maternidad. Era una de las demandas de Sumar “para iniciar el giro social y resetear la legislatura”, tras el escándalo de corrupción en el PSOE.

“Merece la pena formar parte del Gobierno de España, sí”, celebró ayer Díaz desde la Moncloa tras explicar la iniciativa. Sumar, como socio minoritario de la coalición del Ejecutivo, considera prioritario “intensificar la agenda social del Gobierno para que la legislatura tenga fuerza y sentido”. Y Díaz ya adelantó que a la vuelta del verano seguirá pedaleando para lograr una nueva revalorización el salario mínimo. “Hoy España es mejor”, zanjó la vicepresidenta y ministra de Trabajo.

El último Consejo de Ministros del curso también autorizó la constitución de la nueva sociedad mercantil Rodalies de Catalunya, como “un paso decisivo en el desarrollo del modelo de gobernanza compartida del servicio ferroviario catalán”, según lo definió el ministro de Transportes, Óscar Puente, participada por Renfe y la Generalitat. Lo más relevante del nuevo modelo es su esquema de gobernanza, resaltó Puente, ya que su consejo de administración contará con cinco consejeros nombrados por la Generalitat –entre ellos el presidente de la nueva sociedd– y otros cuatro propuestos por el Estado.

Puente se estrenó en el cargo, en noviembre del 2023, precisamente con la negociación con el entonces presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de este traspaso de Rodalies. “Lo que hoy aprobamos es la materialización de un compromiso político”, recalcó ayer el ministro, en referencia al acuerdo de investidura sellado con ERC. “El Gobierno de España cumple sus compromisos políticos, cumplimos los pactos y somos leales con nuestros socios”, subrayó.

Y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, señaló que Sánchez fue “claro y transparente” la víspera al anunciar que presentará unos presupuestos para el 2026. “Somos perfectamente conscientes de qué es lo que tenemos que hacer”, advirtió.

“Merece la pena formar parte del Gobierno, sí”, celebra la vicepresidenta Díaz, líder de Sumar

Ante la “complejidad parlamentaria”, la única receta para poder aprobarlos será la de siempre: “Hablar, dialogar y consensuar con los distintos grupos parlamentarios”. Pero Alegría alegó que el Gobierno ya tiene una acreditada “capacidad para entendernos”.

Luz verde al proyecto de ley que facilita la denuncia de contenidos digitales ilícitos

El Gobierno dio luz verde ayer en segunda vuelta al proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación y lo remitió al Congreso para su tramitación, que se prevé tortuosa dada la debilidad parlamentaria del Ejecutivo. Con este proyecto de ley elaborado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, liderado por Óscar López, se establecen canales de denuncia de contenidos ilícitos y medidas para garantizar la privacidad, seguridad y protección de los menores, además de aumentar la transparencia en torno a la publicidad presente en plataformas y proteger a los consumidores en los contratos online.También se crea un registro de medios de comunicación público estatal para avanzar en la transparencia acerca de su propiedad y vías de financiación, y se designa a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) como coordinadora de servicios digitales, a la vez que se refuerzan sus competencias en materia de supervisión de medios. Además, el texto prevé sanciones de hasta el 6% del volumen de negocio anual para las infracciones muy graves en materia de servicios digitales. Finalmente, la futura norma implanta las líneas básicas de un nuevo procedimiento para evaluar el impacto sobre el pluralismo mediático de las operaciones de concentración en el mercado de medios. El Consejo de Ministros avaló el anteproyecto de ley que adapta el ordenamiento jurídico español a la normativa europea sobre servicios digitales y medios de comunicación. El ministro López destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la nueva ley busca reforzar los derechos digitales de la ciudadanía y la enmarcó en el Plan de Acción por la Democracia anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace poco más de un año, del que señaló que de 31 acciones previstas en él ya se han llevado a cabo 19. “Las democracias europeas deben tener el poder de bloquear contenidos ilícitos que promuevan la desinformación y los discursos de odio”, valoró el titular de Transformación Digital y de la Función Pública