Sheinbaum demandará a abogado de Ovidio: «No se dialoga con narcos»
En una contundente ofensiva política, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que iniciará una querella por difamación contra el abogado de Ovidio Guzmán. «Demandaré… no se dialoga con el abogado de un narco», sentenció, en una jugada que busca retomar el control de la narrativa y evocar la soberanía nacional.
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha lanzado una ofensiva legal y política sin precedentes al anunciar que ha instruido a la Consejería Jurídica de la Presidencia para que inicie una demanda por difamación en contra del abogado de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán. La decisión, comunicada con una frase lapidaria, «Demandaré… no se dialoga con el abogado de un narco», marca un punto de inflexión en la forma en que su gobierno enfrentará las acusaciones que busquen vincularlo con el crimen organizado.
Esta acción no es simplemente una respuesta legal a una calumnia; es una calculada estrategia política diseñada para neutralizar uno de los ataques más tóxicos en el ecosistema político mexicano: la acusación de «narco-política».
En lugar de adoptar una postura defensiva o ignorar las acusaciones, la Presidenta ha optado por un contraataque agresivo. Esta estrategia busca cambiar fundamentalmente la pregunta en el debate público. Ya no se trata de «¿Tiene el gobierno vínculos con el narco?», sino de «¿Por qué la oposición recurre a la difamación?». Es un movimiento de poder diseñado para arrebatar el control de la narrativa a sus adversarios y posicionarse como una víctima de calumnias que no tolerará ataques a su integridad ni a la de su gobierno.
Al judicializar el conflicto, Sheinbaum obliga a que cualquier acusación de este tipo deba ser probada en un tribunal, elevando el costo de la difamación y disuadiendo futuras campañas de desprestigio basadas en rumores o insinuaciones.
Lo que eleva esta decisión de una simple defensa personal a una declaración de principios de política exterior es la inesperada conexión que la propia Presidenta estableció con un caso emblemático de la soberanía nacional. Sheinbaum afirmó que el proceso legal servirá también para «aclarar el caso del general Cienfuegos, a quien considera inocente».
«El proceso servirá también para aclarar el caso del general Cienfuegos, a quien considera inocente.» – Declaración atribuida a la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Esta referencia no es casual. El caso del General Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa detenido en Estados Unidos y posteriormente repatriado a México tras una intensa presión diplomática, es un símbolo poderoso del nacionalismo mexicano y de la percepción de una extralimitación del sistema judicial estadounidense.
Al vincular su demanda personal con el caso Cienfuegos, la Presidenta está tejiendo una narrativa mucho más amplia y potente. El argumento implícito es el siguiente: «Así como el sistema de justicia estadounidense se equivocó y atacó injustamente a un pilar de nuestras fuerzas armadas, ahora se utiliza a un abogado dentro de ese mismo ecosistema legal para atacarme a mí con difamaciones».
Esta jugada busca:
- Elevar el conflicto: Transforma una disputa personal en un asunto de soberanía y dignidad nacional.
- Polarizar a la audiencia: Apela al sentimiento nacionalista de su base de apoyo y pinta a sus críticos como peones de intereses extranjeros.
- Generar un debate intenso: La mención de Cienfuegos garantiza que la noticia domine los ciclos informativos y genere una fuerte discusión en redes sociales, desviando la atención de la acusación original.
La demanda de Sheinbaum es, por tanto, una pieza de ajedrez político de alto riesgo. Busca no solo limpiar su nombre, sino también establecer las reglas del juego para el resto de su sexenio: cualquier ataque que roce la línea de la «narco-política» será enfrentado no con defensa, sino con una ofensiva total que invocará el orgullo y la soberanía nacional.
La Verdad Yucatán
