TSJCDMX: Violencia y Silencio Agravan Crisis Laboral en CDMX

El prolongado conflicto laboral en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) tomó un cariz alarmante este miércoles 11 de junio, cuando un grupo de individuos, presuntamente un «grupo de choque», irrumpió violentamente en Ciudad Judicial intentando disolver el paro que mantienen los trabajadores desde hace dos semanas. Este acto de agresión no solo dejó personas lesionadas, sino que también elevó la tensión política y puso en evidencia una crisis que exige respuestas urgentes tanto de la cúpula judicial como del gobierno de la capital.

La mañana del miércoles, mientras los trabajadores del TSJCDMX continuaban con su paro de labores en demanda de mejoras salariales y condiciones dignas , un grupo de aproximadamente 40 personas, muchas de ellas encapuchadas y descritas como ajenas al Poder Judicial, intentó por la fuerza levantar el bloqueo de los accesos a Ciudad Judicial.

Los agresores derribaron pancartas y las cintas que delimitaban la zona de paro, lo que desencadenó un enfrentamiento directo con los empleados judiciales. Se vivieron momentos de caos, con gritos, empujones y golpes. En medio de la trifulca, una trabajadora del tribunal resultó herida al ser alcanzada por una piedra. La naturaleza de este «grupo de choque» –civiles, algunos con el rostro cubierto y actuando de manera coordinada– sugiere que su intervención no fue espontánea, sino una acción deliberada para confrontar a los paristas, lo que plantea serias interrogantes sobre quiénes están detrás de esta violencia y con qué intereses.

Tras el altercado, y con la llegada de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para resguardar la zona , los trabajadores del TSJCDMX reinstalaron los bloqueos, mostrando su determinación de continuar con el paro bajo la consigna: «El paro no para».

Un aspecto que ha exacerbado el malestar y la incertidumbre es la aparente ausencia de una postura oficial por parte de la máxima autoridad del TSJCDMX. Según los reportes disponibles hasta el momento, el presidente del Tribunal no ha ofrecido declaraciones públicas sobre la agresión sufrida por sus trabajadores, ni sobre las vías de solución al conflicto laboral que ya se extiende por 14 días.

«Hasta ahora, el presidente del Tribunal no ha ofrecido declaraciones públicas sobre la situación.»

Este silencio puede interpretarse como un vacío de liderazgo en un momento crítico. La falta de una comunicación clara y de acciones visibles por parte de la presidencia del Tribunal no solo dificulta la búsqueda de soluciones consensuadas, sino que también puede erosionar la confianza de los propios trabajadores y de la ciudadanía en la institución encargada de impartir justicia. La responsabilidad de garantizar la seguridad de los empleados y de encontrar una salida negociada al paro recae primordialmente en la cúpula judicial.

Demandas de los Trabajadores y el Origen del Paro

Es crucial recordar que el paro laboral, que ha paralizado miles de trámites judiciales en todas las sedes jurisdiccionales de la CDMX, incluyendo los Centros de Justicia Penal en los reclusorios, se originó por demandas concretas de los trabajadores: un incremento salarial acorde con sus funciones y la mejora de sus condiciones laborales generales. Si bien una denuncia inicial contra una maestra de un CENDI del Poder Judicial pudo haber sido un detonante , el pliego petitorio se centra en reivindicaciones laborales de fondo.

Aunque el conflicto es de naturaleza laboral e interna del Poder Judicial –un órgano autónomo–, la escalada de violencia y la parálisis de un servicio público esencial como la impartición de justicia tienen un impacto directo en la gobernabilidad y la vida de los habitantes de la Ciudad de México. Por ello, la actuación (o inacción) del Gobierno de la CDMX también está bajo escrutinio.

Se espera que las autoridades capitalinas, a través de la Jefatura de Gobierno o la Secretaría de Gobierno, intervengan como mediadoras para facilitar el diálogo entre las partes y coadyuvar a una solución pacífica. Asimismo, la SSC tiene la responsabilidad de mantener el orden público y prevenir nuevos episodios de violencia, garantizando la seguridad tanto de los manifestantes como de la ciudadanía en general. El costo político de un conflicto prolongado y con episodios de violencia puede ser significativo para la administración local si se percibe una falta de capacidad para gestionarlo adecuadamente.

El incidente de violencia ya ha comenzado a generar reacciones en el ámbito político local. Se ha mencionado que un diputado denunció los hechos , y es previsible que otras voces se sumen exigiendo una investigación exhaustiva para identificar y, en su caso, sancionar a los integrantes del «grupo de choque» y a quienes pudieran haberlos instigado.

Las posibles salidas a esta crisis pasan necesariamente por la reinstalación de un diálogo efectivo entre los representantes de los trabajadores y las autoridades del TSJCDMX, con la posible mediación del gobierno local. De no encontrarse una solución pronta, el paro podría prolongarse indefinidamente, con graves consecuencias para la administración de justicia y un creciente desgaste para todas las partes involucradas.