‘Lo que esconde el presidente Petro es que las intervenciones a EPS aumentaron las deudas’, dice Alejandro Gaviria

El Gobierno controla actualmente casi el 60 por ciento de los usuarios del sistema de salud a través de la Superintendencia Nacional de Salud. Desde hace más de un año, nueve de estas aseguradoras permanecen bajo control administrativo de la Supersalud debido a sus bajos indicadores técnicos que ponían en riesgo su operación y la prestación del servicio de salud para sus afiliados.

Sin embargo, la intervención de la Supersalud no ha logrado mejorar los indicadores de estas empresas, y, al contrario, de acuerdo con los datos disponibles públicamente, la situación ha empeorado. Ante ello, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria arremetió contra el Gobierno señalando al presidente Gustavo Petro de encubrir directamente el aumento de deudas en EPS intervenidas y de que eso ha empeorado la situación del sistema, aumentando además, según Gaviria, los casos de corrupción.

“Lo que esconde y encubre el presidente Petro es que las intervenciones aumentaron las deudas, han creado una crisis humanitaria y han incrementado el desgreño y la corrupción”, señaló Gaviria, quien pese a haber sido ministro del actual Gobierno, también se ha convertido un crítico de las acciones del presidente Petro y su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

En los últimos ocho años se ha registrado un incremento sostenido en las PQRS, con un pico notable en los últimos tres años, según un informe del Observatorio Así Vamos en Salud que recopila datos de la Superintendencia de Salud. En 2017 se registraron 449.436 casos, mientras que en 2024 la cifra ascendió a 1’604.968, un aumento superior al 250 por ciento. Por primera vez en la historia de estos registros, el 2024 superó el millón y medio de quejas, evidenciando un incremento significativo en la insatisfacción de los ciudadanos con el sistema de salud.

En el caso de las PQRS en EPS intervenidas la situación empeora. Para Nueva EPS y Sanitas el informe documenta aumentos del 47 y 46 por ciento respectivamente en el número de quejas tras su intervención. Lo mismo ocurre en otras entidades como Famisanar, SOS y Emssanar, donde las medidas de control estatal no han logrado reducir la insatisfacción de los usuarios y, en algunos casos, han coincidido con picos sin precedentes en los reclamos.

En el caso de Sanitas, que por orden de la Corte Constitucional retornó a sus dueños y dejó de ser controlada por el Estado, los indicadores fueron en declive el año pasado, mostrando el descontento de sus afiliados. En 2023, Sanitas recibió un total de 185.634 reclamos y en 2024 recibió 221.565, lo que significa un aumento del 19 por ciento en las quejas y reclamos de los usuarios de esta EPS.

Los meses previos a la intervención, es decir, enero, febrero y marzo de 2024, Sanitas acumuló 15.071, 15.721 y 14.367 quejas, respectivamente. Un año después, durante la intervención de la Supersalud, la aseguradora registró 23.495 quejas en enero y 20.931 en febrero del 2025. Una fuente cercana a la intervención le contó a EL TIEMPO que las PQRD, precisamente, han sido el dolor de cabeza durante el proceso. “Se llegó a tener quejas de 22.000 y 23.000 promedios mensuales. Sin embargo, en noviembre (del 2024) se llegó a reducir a 21.000”, explicó la fuente.

Pero la de Sanitas y Nueva EPS no es una realidad aislada. De acuerdo con datos de la Supersalud, la tasa de quejas por cada 10.000 afiliados ha aumentado en 8 de las 9 EPS intervenidas, con los mayores incrementos en Servicios Occidental de Salud (SOS), Famisanar, Nueva EPS, Sanitas y Savia Salud.

Por otro lado, y pese a que el giro directo ha acelerado los pagos, durante este año un número creciente de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y gestores farmacéuticos han decidido dejar de atender a los afiliados de Nueva EPS, debido a las millonarias deudas que la aseguradora no ha pagado, lo que impide seguir ofreciendo servicios como hospitalizaciones y entrega de medicamentos.

Un punto que es clave señalar es que uno de los diagnósticos en los que ha insistido el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido que la crisis de la salud responde, en gran medida, a que son las EPS como actores privados las que manejan los recursos. Es por eso que entre las columnas vertebrales del proyecto de reforma está que ya no serían las aseguradoras las encargadas de direccionar los fondos de la salud en el país, que suman al año en promedio unos $ 100 billones de pesos. En cambio, sería la Adres, una entidad estatal, la que giraría directamente y pagaría los hospitales, clínicas y gestores farmacéuticos por los servicios prestados a los usuarios.

Sin embargo, ante el complejo avance del proyecto de reforma en el Congreso, en abril del año pasado el Gobierno publicó un decreto que permitía cambiar las condiciones para aumentar los recursos que se giraban de forma directa. En ese sentido, las EPS que no cumplieran con los requisitos (que eran la mayoría) ya no manejarían los recursos de salud, sino que sería la Adres, la que directamente pagaría a clínicas y hospitales, bajo ciertos parámetros.

“La ley nos permite girar directamente a hospitales y clínicas públicas y privadas y lo haremos para darle más eficacia a la utilización de los recursos públicos de la salud”, señaló el presidente Gustavo Petro el 8 abril del año pasado, días antes de la expedición del decreto 0489 de 2024, por el cual la Adres empezaría a girar los recursos correspondientes a la UPC y los Presupuestos Máximos.

Apenas un año después, el decreto del Ministerio de Salud ha dado resultados. Según datos de la Adres, en 2024 $ 57 de cada $ 100 pesos girados por esa entidad para pagar servicios cubiertos por la UPC no pasaron a través de las EPS; sino que se giraron directamente a clínicas y hospitales. En total, el año pasado $ 48,1 billones de pesos de recursos de la salud se pagaron a través de giro directo. En lo que va de este año, con corte a abril, $ 20,5 billones han sido girados a través de ese mecanismo.

En ese sentido, en la actualidad el Gobierno ha logrado, sin necesidad de reforma, uno de los cambios que más había pedido para transformar el sistema: que las EPS no manejaran la plata, sino que fuese el Estado el encargado de pagar por lo que reciben los pacientes.

Periodista de Medioambiente y Salud