¿Cómo cambia el sistema de salud y la atención para los pacientes con el nuevo modelo que decretó el Gobierno?

El Decreto 0858 de 2025, expedido esta semana por el Gobierno Nacional, redefine de manera sustancial cómo se organizará y prestará la atención en salud en Colombia. El modelo, denominado como ‘Preventivo, Predictivo y Resolutivo’, busca implementar gran parte de la reforma a la salud que no logró avanzar en el Congreso, trasladando el eje del sistema hacia la prevención, la atención primaria y la gestión territorial. Sin embargo, múltiples expertos y organizaciones de pacientes han advertido que los riesgos de improvisación, descoordinación y falta de recursos podrían terminar perjudicando a los usuarios.

Uno de los principales cambios para los pacientes es que en el nuevo modelo los usuarios estarán adscritos obligatoriamente a Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), ubicados en cada “subregión funcional” definida por el Ministerio de Salud. Desde allí se coordinará su atención. Sin embargo, dicho cambio ha generado profundas preocupaciones. “La redefinición de roles de las EPS y la creación de nuevas redes de atención podrían afectar la continuidad de los tratamientos de los pacientes”, advirtió Luis Jorge Hernández, médico salubrista y profesor de la Universidad de los Andes. Según él, el decreto no especifica cómo se dará esa transición ni cómo se garantizará que los pacientes con enfermedades crónicas mantengan su tratamiento sin interrupciones.

Básicamente, ahora una persona no será atendida a través de la ruta que defina su EPS, que antes se encargaba de su remisión a clínicas, coordinación de exámenes y manejo administrativo. Ahora, con el nuevo modelo, su atención dependerá de distintos actores, unos públicos y otros privados. Los CAPS, por ejemplo, serían clínicas u hospitales, pero estos dependen también de la Secretarías de Salud y se apoyarían de igual manera en las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que aunque no pueden ser transformadas vía decreto, con esta nueva normativa ven un cambio en sus funciones.

En ese sentido, la crítica de los expertos también apunta a la ausencia de una articulación clara entre los diferentes niveles del sistema. Si un paciente necesita pasar del CAPS a una atención de mediana o alta complejidad, no hay certeza de cómo se coordinará esa remisión. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agrupa a las EPS del régimen contributivo, ha sido enfática en los riesgos que esto traería.

“Persiste la confusión respecto a qué actor será responsable de redirigir al paciente cuando este necesite atención especializada o de mayor complejidad”, explicó su presidenta Ana María Vesga. También señaló que el modelo no establece una ruta clara de atención y que “desnaturaliza el rol de las EPS sin que haya un rediseño institucional que permita garantizar continuidad”.

Para Andrés Vecino, analista de la Universidad Johns Hopkins, el decreto reproduce los errores de la reforma de la salud que no ha logrado avanzar en el Congreso. “Subordina a las IPS a pertenecer a una red habilitada por el Minsalud”, afirmó, y “diluye la gobernanza del sistema, nadie es responsable por los pacientes”. En su opinión, los riesgos son altos: un sistema desarticulado puede terminar generando más trámites, más barreras de acceso y menos claridad sobre quién responde cuando algo falla.

Además de la incertidumbre organizativa, el tema de los recursos es otra alerta crítica. El modelo señala que se necesita inversión en infraestructura, contratación de nuevos equipos de salud, transporte para llegar a zonas apartadas y fortalecimiento de la red pública. Sin embargo, el decreto no crea una nueva fuente de financiación. Según Vecino, su implementación costaría “una reforma tributaria entera”. Pese a ello, el Ministerio sostiene que se financiará con los recursos existentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Presupuesto General de la Nación, regalías y cooperación internacional".

Uno de los puntos que llama la atención en el decreto es la denominada “rentabilidad social”, un concepto establecido dentro del texto que deja claro que el Estado debe financiar la extensión de la red pública hospitalaria (construir más hospitales y centros de salud públicos) incluso si no son rentables. Es decir, que en plena crisis por el financiamiento el Gobierno no tendría problemas con aumentar el hueco fiscal que genera el sistema.

La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (SCARE) ha sido una de las organizaciones que se ha pronunciado sobre la gravedad de seguir aumentando la crisis financiera. “El financiamiento sigue recayendo sobre los mismos recursos del sistema, que la Corte Constitucional y la Contraloría han señalado como insuficientes”, señalaron a través de un comunicado. Y agregaron que el decreto asigna nuevas funciones a los entes territoriales sin fortalecer antes su capacidad administrativa ni técnica, lo que puede agravar los cuellos de botella en la gestión local de la salud.

Desde el movimiento Pacientes Colombia, el rechazo al decreto es tajante. “Se impone un modelo de salud sin garantías, ni claridad”, sostuvo su vocero Denis Silva. Según él, millones de ciudadanos no saben en qué consiste el CAPS al que deberán adscribirse, ni dónde estará ubicado, ni quién lo atenderá. “Esto no resuelve la crisis del sistema, sino que politiza los recursos, aumenta las muertes evitables y condena a miles de pacientes a pagar de su bolsillo”, dijo.

Los pacientes con enfermedades de alto costo, crónicas o raras serían los más afectados si las rutas de atención no se aclaran. Las EPS ya no serían responsables de coordinar toda la atención, sino que funcionarían como actores articulados con las redes territoriales. Pero no se ha definido qué implica exactamente ese cambio ni cómo se hará efectiva la continuidad del tratamiento en cada caso.

No obstante, no todas las opiniones son críticas. Francisco Castellanos, director de la Organización Defensa del Paciente, ofrece una visión distinta. Para él, el decreto “es sin duda un avance en la política pública de salud en Colombia, con el que se busca reorganizar el sistema de salud desde lo local para garantizar que exista un acceso más equitativo, continuo y resolutivo a los servicios en los territorios”. Castellanos destaca que este modelo reconoce las desigualdades regionales y busca atenderlas con un enfoque diferencial a través de iniciativas como los Equipos Básicos de Salud, que visitarían los hogares de cada persona en territorios apartados.

Aun así, admite que hay obstáculos por superar. “Existen retos, por supuesto, y el principal de ellos es que pueden haber barreras de articulación entre los diferentes actores del sistema”, reconoce. Pero insiste en que, si hay voluntad política y técnica, el modelo puede consolidarse. “La salud es un derecho de la población, es un bien público. Es obligación del Estado garantizar el acceso a los servicios de salud en todo el territorio nacional, no solamente en las ciudades principales”, concluye.

Tras solo algunos días después de su expedición, el Decreto 0858 sigue generando divisiones profundas entre actores del sector salud. Mientras algunos lo ven como una apuesta para reorganizar y territorializar el sistema, otros temen que sin recursos, sin cronograma claro y sin coordinación efectiva, los cambios terminen profundizando la crisis y afectando la atención de millones de personas, en un sistema de salud que ya está enfermo de falta de recursos y al que, según expertos, con esta nueva normativa se le empeorarían los “achaques”.

Periodista de Medioambiente y Salud