EPS intervenidas ahora podrán comprar medicamentos sin intermediarios: ¿mejorará esto la entrega de fármacos?

Hace tan solo unos días, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó a las nueve EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud a negociar directamente con los agentes farmacéuticos la compra de medicamentos. Esta decisión, según explicó la entidad, busca eliminar los intermediarios en la cadena de suministro, disminuir los costos y hacer más eficiente el acceso de los pacientes a sus tratamientos.

Las EPS incluidas en esta medida podrán coordinar procesos conjuntos de negociación, sin que esto se considere una práctica restrictiva de la libre competencia. De acuerdo con la SIC, esta autorización no implica que las EPS hagan compras en bloque, sino que puedan establecer procesos de negociación conjunta y directa con laboratorios, distribuidoras o importadores. Cada EPS será responsable de sus propios pagos, lo que según el organismo debe mantener la responsabilidad individual frente a sus afiliados y a los agentes del sistema.

Pero, ante la actual crisis que atraviesa el sistema de salud, donde el factor financiero y las deudas han generado tensiones entre los distintos actores, afectando principalmente a los pacientes, quienes están experimentando cada vez más barreras para acceder a su medicamentos, ¿puede esta medida ayudar a mejorar la entrega de fármacos y optimizar el uso de los recursos del sector salud?

Según explica Augusto Galán, director del Observatorio Así Vamos en Salud, la propuesta “en teoría puede ayudar a disminuir los costos de los medicamentos”, gracias a que se configura como una especie de compra centralizada que incrementa el poder de negociación de estas EPS frente a la industria farmacéutica. Esto, añade, podría traducirse en descuentos por volumen y en la eliminación de intermediarios que hoy encarecen el precio final.

Sin embargo, el exministro de Salud advierte que “esas nueve EPS están en una situación de criticidad muy compleja”, arrastrando un patrimonio negativo superior a los 10 billones de pesos, lo que podría generar una desconfianza natural en los proveedores y limitar la efectividad de las negociaciones. “La situación financiera y la iliquidez que tienen esas EPS generan una gran interrogante sobre el impacto real que pueda tener esta medida”, advierte.

En su concepto, es primero primordial que las EPS atiendan las actuales deudas que tienen con los distintos actores del sistema, que se han venido acumulando e incrementando. Dicha medida, señala Galán, podría tener efectos positivos en la generación de confianza.

Por su parte, Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación (Afidro), reconoce que toda acción que busque garantizar el acceso oportuno a los medicamentos “es una señal positiva para el sistema de salud y, sobre todo, para los ciudadanos”. No obstante, al igual que Galán, resalta que hay temas aún más urgentes por resolver. “Venimos acumulando deudas importantes que también deben ser parte de las conversaciones que demos como sistema”, enfatiza.

Ambos expertos coinciden en que sin resolver el problema estructural de la deuda, cualquier intento por mejorar las condiciones de compra podría quedarse corto. “Podría haber una desalineación de incentivos”, explica Galán, si los proveedores prefieren negociar con EPS que tengan mejor capacidad de pago o historial de cumplimiento. Gaitán, por su parte, insiste en la necesidad de avanzar “en la transparencia del flujo de recursos y en garantizar la trazabilidad de esos pagos a través de toda la cadena”.

En ese sentido, en el papel, la autorización de la SIC puede verse como un movimiento estratégico para salvar parte del sistema. Pero según advierte Galán, la gran pregunta es si, en este contexto, la medida realmente se traducirá en hechos concretos: “La voluntad puede existir, la intencionalidad puede ser positiva. Pero la duda es si esto, en las condiciones actuales, traerá mayor bienestar y un acceso más oportuno a los medicamentos”, cuestiona el exministro.

Periodista de Medioambiente y Salud