¿Ha desmejorado el sistema de salud durante el gobierno del presidente Gustavo Petro? Esto dicen los datos

Antes de 2022, el sistema de salud colombiano presentaba varios retos por superar. Problemas en la eficiencia y el manejo de los recursos; una cobertura deficiente en zonas rurales y apartadas; barreras administrativas que dificultaban el acceso al derecho a la salud; y deudas acumuladas desde la pandemia. Aún así, el sistema sanitario y de seguridad social del país era considerado un ejemplo a nivel global por su cobertura a casi toda la población, su amplio plan de beneficios -que incluye terapias financiadas con recursos públicos- y su bajísimo gasto de bolsillo en comparación con otros países de la región y del mundo.

Y es que, a diferencia de otras naciones, en Colombia miles de personas fueron hospitalizadas durante la pandemia generada por el covid-19 por semanas, e incluso meses, y salieron de los hospitales sin mayor deuda. Aquellos que padecían de una enfermedad crónica como cáncer, sin importar su estrato, eran atendidos en algunas de las mejores clínicas de América Latina por algunos de los mejores especialistas del mundo. Los gestores farmacéuticos y otros actores entregaban los medicamentos a través del canal institucional, aún cuando habían dificultades logísticas claras.

Estos beneficios -pocos frente a la realidad de otros sistemas de salud en el mundo-, permitieron que nuestro país fuera reconocido en rankings internacionales. Para 2021, el Health Care Index de la revista especializada Ceoworld situaba a Colombia como el sistema de salud 31 entre 89 evaluados en el mundo. Un estudio realizado en 2022 por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), en el que analizó los sistemas de 94 países del mundo, ubicó al nuestro en el puesto 39. Para ese mismo año, el Índice de Inclusión en Salud de The Economist nos situaba en el puesto número 22 entre 40 países evaluados, la mayoría de ellos de ingresos altos. Sin embargo, todos estos indicadores han desmejorado.

En 2024 el índice de Ceoworld nos situó en el puesto 81, mientras que el Índice de Inclusión en Salud en el 26. Y aunque la ACHC no ha renovado su estudio, sí ha cuestionado ampliamente el empeoramiento en las condiciones para prestar servicios de salud en el país y el pago a hospitales y clínicas, que ha venido empeorando y cuya cartera no para de crecer. No obstante, estos no son los únicos aspectos en donde el sistema ha visto un desmejoramiento.

En los últimos ocho años se ha registrado un incremento sostenido en las PQRS, con un pico notable en los últimos tres años, según un informe del Observatorio Así Vamos en Salud que recopila datos de la Superintendencia de Salud. En 2017 se registraron 449.436 casos, mientras que en 2024 la cifra ascendió a 1’604.968, un aumento superior al 250 por ciento. Por primera vez en la historia de estos registros, el 2024 superó el millón y medio de quejas, evidenciando un incremento significativo en la insatisfacción de los ciudadanos con el sistema de salud.

En el caso de las PQRS en EPS intervenidas la situación empeora. Para Nueva EPS y Sanitas el informe documenta aumentos del 47 y 46 por ciento respectivamente en el número de quejas tras su intervención. Lo mismo ocurre en otras entidades como Famisanar, SOS y Emssanar, donde las medidas de control estatal no han logrado reducir la insatisfacción de los usuarios y, en algunos casos, han coincidido con picos sin precedentes en los reclamos.

Y es que, el gobierno colombiano, mediante la Superintendencia de Salud, controla alrededor del 60 por ciento de los usuarios del sistema de salud a través de las 9 EPS intervenidas y una EPS bajo vigilancia especial. Esto significa que más de la mitad de los afiliados al sistema de salud en Colombia están bajo la gestión directa o supervisión del gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha insistido en que el problema es el manejo de los recursos, pero que tras un año bajo el mando de estas empresas la situación ha empeorado.

Por otro lado, datos emitidos por la Corte Constitucional y recogidos por el Observatorio Así Vamos en Salud, muestran un comportamiento variable en la radicación de tutelas a lo largo de los años. Sin embargo, el año pasado se evidenció un aumento significativo en el uso de las tutelas para garantizar el derecho de la salud, tanto en el número de mecanismos interpuestos como en las concedidas en los distintos departamentos de Colombia.

En 2020, se registró una caída significativa del uso de esta acción legal, seguida de una recuperación progresiva desde el año 2021 y un crecimiento sostenido en 2023 y 2024. “Este incremento sugiere una mayor demanda de este recurso legal, posiblemente debido a deficiencias en la prestación de servicios de salud y la vulneración de otros derechos fundamentales”, agrega el informe.

Para 2024, el número total de tutelas presentó un incremento del 34 por ciento en comparación con el año anterior. Sin embargo, al analizar el comportamiento mensual, se observan aumentos aún más pronunciados, como el registrado en abril de 2024, cuando las tutelas radicadas crecieron en un 135 por ciento con respecto al mismo mes de 2023.

Esta crisis ha creado una enfermedad crónica y terminal que tiene al sistema de salud en cuidados intensivos, y que ha empeorado desde que el Gobierno definiera una cifra más baja a lo recomendado por expertos en el aumento de la UPC (lo que se paga por cada usuario), situación que la Corte Constitucional pidió corregir.

De hecho, el propio presidente aseguró, hace dos años, en una entrevista con el periodista Daniel Coronell, que si no se aprobaba la reforma el sistema de salud iría empeorando y las EPS irían quebrando. “Dejo que pase lo que está pasando y entonces ‘shu, shu, shu’. Eso es un dominó y ni siquiera hay que demorar pagos. Simplemente, EPS quebrada y los afiliados tienen que pasar a las que quedan y esa se cae”, dijo el presidente cuando se le preguntó.

Para los expertos consultados por EL TIEMPO, la enfermedad que hoy tiene contra las cuerdas al sistema de salud requiere de una medicación urgente, y el fármaco más importante son recursos, que deben inyectarse para pagar las deudas acumuladas que no paran de crecer. Sin embargo, los especialistas coinciden en que, por ahora, no hay interés en tratar esta enfermedad.

Fernando Ruiz, exministro de Salud, advierte que “se ha inducido una catástrofe en el sistema de salud colombiano”. El exfuncionario, quien lideró la gestión del sistema durante la pandemia del covid-19, asegura que llegamos a este punto “por una visión destructiva… de que había que generar una crisis en el sistema de salud”. De hecho, Ruiz enfatizó en que el Gobierno no giró a tiempo los Presupuestos Máximos en 2022, pese a que su administración dejó los recursos disponibles y una ruta de acción clara. “Los recursos se invirtieron en otras cosas. Este año se viene a cubrir esos déficits cuando el sistema ya ha sufrido un daño grave”, dijo.

El exministro aseguró que en agosto de 2022 el déficit era manejable y existía un “plan de salvamento”, además de que se había ejecutado el llamado “acuerdo de punto final”, que permitió el pago de más de 8 billones de pesos directamente a hospitales. “Todo eso se fue al traste con el desfinanciamiento inducido”, señaló. Al cierre de 2024, de acuerdo con la Contraloría, los pasivos de las EPS alcanzaron $ 32,9 billones de pesos.

Ante ello, el también exministro y director del observatorio Así Vamos en Salud, Augusto Galán, también afirmó que el profundo deterioro del sistema de salud colombiano ha sido impulsado por decisiones ideológicas, desfinanciación estructural y fallos en la gestión de las EPS intervenidas. “La población en general siente que su sistema de salud se ha deteriorado, que no se le está cumpliendo como antes”, dijo, aclarando que aunque en el pasado ya existían retos, la situación actual representa una regresión significativa.

Uno de los síntomas más evidentes de este colapso, según el exministro, es el aumento drástico de las peticiones, quejas, reclamos y tutelas por parte de los usuarios. “Eso se ha manifestado desde el punto de vista de la población en un incremento muy significativo en las tutelas”, afirmó. Además, denunció una pérdida de calidad en los servicios, especialmente en el acceso oportuno, lo que él considera parte esencial de una atención digna.

Pero su señalamiento más grave está relacionado con la desfinanciación. “Nunca en la historia reciente del país habíamos visto a la Corte Constitucional tan activa en la protección del derecho fundamental a la salud”, explicó, al referirse a autos emitidos por el alto tribunal que, según Galán, el Gobierno ha ignorado o cumplido parcialmente, como el recálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Para el médico salubrista y doctor en salud pública, Luis Jorge Hernández, lo más preocupante es que mientras el sistema se deteriora, el Gobierno no tiene una preocupación genuina por la salud pública. “Sí, este Gobierno ha desmejorado el sistema de salud. Hay múltiples indicadores que evidencian un deterioro”, afirma.

Aunque reconoce que el modelo basado en el aseguramiento mixto público-privado tenía fallas, insiste en que “funcionaba”. Lo que ha ocurrido en los últimos tres años, dice, es una pérdida progresiva de claridad en la gestión de la atención, además de retrasos sistemáticos en los pagos a clínicas, hospitales y al personal sanitario.

A su juicio, uno de los fracasos más significativos de la actual administración es el manejo de la atención primaria en salud: “Se desperdiciaron tres años y no se logró un verdadero sistema de atención primaria que, además, no dependía de la Reforma”. Según él, los equipos básicos de atención en los territorios han sido utilizados con fines políticos: “Tienen una connotación más de organizar cuadros para las próximas elecciones”, denuncia.

Por su parte, el exsuperintendente de Salud, Conrado Gómez, coincidió en que si bien “el problema de fondo no es de este gobierno, tampoco es que lo esté resolviendo”. En su visión, al igual que la de Galán, el foco de la discusión política no ha estado en el bienestar de los pacientes, sino en las estructuras administrativas y financieras. “Mientras mucha gente se preocupa por el tema de la salud y si está mejorando o no, pienso que acá esa no es la preocupación. La preocupación ha rondado sobre el tema de los recursos y sobre el tema de las EPS”, reflexionó.

Para Gómez, el sistema necesita ajustes estructurales y no más dilaciones. “No se puede seguir así, toca resolverlos. Y no sé si este gobierno tenga ya la capacidad, ni el apoyo, ni la fuerza de convocatoria”, expresó con escepticismo. El experto, además, cuestiona la viabilidad política de la reforma que aún se discute en el Congreso: “Primero habría que ver si es una solución o no. Y lo otro es si va a tener la capacidad de sacar una reforma que permita resolver estos problemas”.

Con dicha visión coincide el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, quien es claro en señalar que si bien “el sistema lleva muchos años con problemas en términos de financiamiento” la crisis hasta estos tres años no había llegado a afectar significativamente la atención de pacientes. “En estos momentos la crisis que era de índole financiera, se ha convertido en una crisis humanitaria de grandes dimensiones. El sistema simplemente hoy no está en capacidad de contrarrestar la presión a la que la ha sometido el gobierno nacional”, señala Mac Master.

Para él “se le ha dado un golpe muy preocupante al sistema y la capacidad del mismo de atender pacientes”, y tratar dicho desmejoramiento requerirá de soluciones y visiones de todos los actores del sistema, algo que se intentó hacer desde el pasado Foro de Salud de la Andi, realizado hace algunas semanas en la ciudad de Cartagena donde estuvieron presentes todos los actores claves, menos el Gobierno.

En ese sentido, la presidenta del gremio de las EPS Acemi, Ana María Vesga, detalló que el sistema de salud afronta actualmente dos grandes problemas: no hay acuerdo técnico en lo financiero, lo que implica reconocer que la UPC es insuficiente y hay que corregirla; y lo segundo es que se debe afrontar la realidad de 30 millones de colombianos que hoy están en EPS intervenidas y que no han visto mejorar el servicio como lo prometió el Gobierno.

“Las intervenciones no se pueden perpetuar y los usuarios necesitan seguridad y atención. La conversación que se hace necesaria es cómo oxigenar el sistema con unas medidas inmediatas de liquidez y unas de largo plazo que vayan acompañadas con dos discusiones de fondo: la adaptación del modelo de aseguramiento privado con más del 50 % de la población en control del Estado y la capacidad como país de entregar el plan de beneficios que tenemos frente a unos recursos que siempre serán limitados. Creo que vivimos el momento más crítico del sistema pero también por eso y porque hay muchos aprendizajes debemos ser capaces de abordar estos temas entre todos los actores. El sistema ya cambió, ahora se trata de convertir ese cambio en oportunidad de mejora”, aseguró Vesga.

Periodista de Medioambiente y Salud