Tras la decisión de la Corte Constitucional sobre mesas de la UPC del Ministerio de Salud, ¿qué es lo que viene?

La Sala Plena de la Corte Constitucional rechazó esta semana la solicitud de nulidad presentada por el director jurídico del Ministerio de Salud y Protección Social en contra del Auto 007 de 2025. En dicha providencia la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 valoró el componente de suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

“La Sala determinó que el escrito presentado no se fundó en razones claras, expresas, precisas, pertinentes y suficientes, criterios que habilitan al Tribunal Constitucional a asumir de fondo el asunto, pues la solicitud planteada por el Ministerio buscó reabrir el debate jurídico con base en interpretaciones subjetivas y aspectos adicionales a lo esbozado en el Auto 007 de 2025 y, además expresó una inconformidad frente a la decisión correspondiente”, señaló el alto tribunal.

La Corte pidió en su Auto 007 que se realizaran mesas técnicas para actualizar el déficit de la UPC de 2024 y revisar el de años anteriores. Sin embargo, el Ministerio de Salud no habría hecho dichas mesas con una metodología que permitiera dar solución al problema. En ese sentido, la cartera sanitaria tendrá que rehacer las conversaciones pero ahora de una forma distinta.

De acuerdo con lo señalado por la Corte, el Ministerio de Salud debe replantear por completo la forma en que se han conducido las mesas técnicas para el ajuste de la UPC. La Corte Constitucional, al ordenar su repetición, dejó claro que el proceso anterior no cumplió con los criterios técnicos ni metodológicos esperados.

Por ello, el Ministerio debe asegurar una participación plural y equilibrada en la conformación de las mesas. Esto implica incluir representantes no solo del Gobierno, sino también de aseguradores, prestadores, pacientes, academia y entidades de control, tal como lo ordenó la Corte en el auto 007.

El Ministerio de Salud tiene un plazo de 30 días hábiles para presentar la metodología y convocar nuevamente a las mesas técnicas de revisión de la UPC. Este plazo fue establecido por la Corte en su más reciente pronunciamiento, lo que ubica la fecha límite hacia finales de junio o principios de julio de 2025.

Una vez reactivadas las mesas, el proceso debe avanzar de manera técnica y sistemática, y según lo ordenado por la Corte, el acuerdo final sobre el ajuste de la UPC —incluido el rezago desde 2021— debe lograrse a más tardar en el mes de septiembre de 2025. Esto establece una ventana de aproximadamente tres meses para discutir, contrastar la información, y llegar a un consenso técnico verificable.

Periodista de Medioambiente y Salud