"Hay que descartarlo": Macron quiere que se derogue la directiva sobre el deber de diligencia de las empresas

Esta es una luz verde para el mundo empresarial. El presidente Emmanuel Macron pidió el lunes la abolición completa de la directiva europea sobre el deber de vigilancia , o CS3D, que obliga a las grandes empresas a vigilar y limitar las violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente, no sólo en su país, sino también en el de sus proveedores.

"La CS3D (Directiva sobre el deber de diligencia, n.d.) y otras normas no deberían simplemente posponerse un año, sino dejarse de lado", afirmó durante un discurso ante los participantes de la cumbre Choose France. "Estamos completamente de acuerdo con el canciller Merz y otros colegas en que debemos avanzar mucho más rápido" en materia de simplificación, insistió el presidente de la República, haciéndose eco de lo que había declarado hace diez días el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz.

Emmanuel Macron observó que Europa había aumentado "muchas restricciones y regulaciones en muchos sectores, al tiempo que abría sus mercados a empresas" , especialmente chinas, "que practicaban estándares más bajos" , mientras que al mismo tiempo las empresas europeas estaban sujetas a "la política agresiva" establecida por la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de Joe Biden. La Comisión Europea "ha empezado a reaccionar (aplazando la directiva de 2027 a 2028, n.d.r.) pero ahora todo depende de la velocidad y la amplitud de nuestra reacción", declaró Emmanuel Macron. "Tenemos que movernos rápido y con fuerza si queremos volver a la carrera", aseguró.

También en nombre de la lucha contra la burocracia, Merz pidió el 9 de mayo a la UE la abolición de esta directiva que impone a las empresas normas sobre el respeto del medio ambiente y de los derechos humanos a lo largo de su cadena de producción. El Sr. Merz consideró que posponer la directiva no era una solución sostenible. «En última instancia, la solución debe ser eliminarla», afirmó. Por lo tanto, ambos líderes coinciden con las asociaciones empresariales de ambos países, que habían pedido esta derogación en lugar de un simple aplazamiento. Las ONG, por su parte, denuncian el desmantelamiento de las medidas ambientales adoptadas durante el mandato anterior de la Comisión.