Las organizaciones de vivienda social se toman la seguridad en serio

Lunes 12 de mayo: Cuatro agentes y un adiestrador de perros entraron en el aparcamiento subterráneo de un complejo de viviendas sociales en el distrito ¹⁹ de París, ahuyentando a unos jóvenes que se habían refugiado en un coche. Sus walkie-talkies crepitaban en sus uniformes azul marino, cargados con tonfas, gas lacrimógeno y esposas. De no ser por la obligatoria etiqueta de "seguridad privada" en la espalda de sus chalecos antibalas, un ojo inexperto los confundiría con policías. De hecho, se encontraban entre los 200 miembros del Grupo de Vigilancia Interpropietarios de París (GPIS), incluyendo 170 agentes de campo, disponibles los siete días de la semana, de 17:00 a 05:00, tras la llamada de un inquilino, a petición de una de las 12 agencias de financiación de la vivienda o por iniciativa propia.

«Intervenimos más en disturbios cotidianos —ocupación de zonas comunes, contaminación acústica— que en casos de tráfico de drogas, que solo desestabilizamos», describe el director general del GPIS, Alain Bessaha. «Nos quedamos en el lugar hasta que los alborotadores se rinden. En caso de escalada verbal, llamamos al 17». A veces se organizan operaciones conjuntas con la policía para poner fin a los disturbios recurrentes. Según Nathalie Chébaut, conserje de un edificio municipal en la calle Curnonsky, en el distrito ¹⁷ , «el GPIS saca a los jóvenes del vestíbulo y luego vuelven... Pero hay menos ocupaciones, menos agresiones. Sin él, sería mil veces peor. Mi madre vive en una pequeña residencia privada, ¡deberías ver lo que hay ahí abajo!».

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