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Lucha contra el fraude "Cum cum": los entresijos de la retirada de Bercy ante los parlamentarios

Lucha contra el fraude "Cum cum": los entresijos de la retirada de Bercy ante los parlamentarios
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El ministro de Economía, Eric Lombard, finalmente revirtió la implementación de un mecanismo para combatir la evasión del pago de impuestos sobre dividendos, cumpliendo con las demandas de los senadores que querían un texto más fuerte.
El ministro de Economía, Eric Lombard, con los senadores Claude Raynal, presidente de la Comisión de Finanzas, y Jean-François Husson, en el Ministerio de Finanzas el 24 de julio de 2025. Ambos senadores redactaron una enmienda que ilegaliza los esquemas para eludir el impuesto sobre dividendos. (Gonzalo Fuentes/REUTERS)

"Cum Cum". Este podría ser el título de una serie, sobre todo porque abundan los giros inesperados y los intentos de interferencia. Sin embargo, el epílogo llegó el jueves 24 de julio. Tras semanas de tensos intercambios entre el Parlamento y el gobierno, finalmente se ha implementado un sistema para combatir el fraude fiscal de dividendos que ya no permite ninguna elusión.

Desde 2018, tras las revelaciones de un consorcio internacional de medios de comunicación, un mecanismo para eludir el impuesto sobre los dividendos pagados por las empresas que cotizan en bolsa ha generado controversia en las autoridades fiscales. En Francia, un accionista extranjero de acciones que cotizan en bolsa debe pagar una retención en la fuente del 12,8 % para personas físicas y del 25 % para empresas. En la mayoría de los casos, estos valores se confían a un banco cuya misión es gestionarlos.

A cambio de una generosa comisión, las instituciones financieras idearon una forma de eludir este impuesto, para satisfacción de sus clientes. El día del pago de los dividendos, los accionistas los revenden durante veinticuatro o cuarenta y ocho horas. En ese momento, el banco francés se convierte oficialmente en el propietario de las acciones, que, en la práctica, ya no están sujetas a este impuesto. Las acciones son entonces devueltas a su verdadero propietario. Con esta maniobra, el Estado recupera entre 1.500 y 3.000 millones de euros en ingresos fiscales cada año.

Libération

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