La Cimade, Francia, tierra de asilo... El Senado vota a favor de excluir a las asociaciones de los centros de detención administrativa.

El Senado votó el lunes 12 de mayo retirar a las asociaciones presentes en los centros de detención administrativa (CRA) su misión de brindar asesoramiento jurídico a los extranjeros detenidos con vistas a su expulsión, una medida fuertemente apoyada por Bruno Retailleau y criticada por la izquierda.

"Ya es hora de que nos demos cuenta de que las asociaciones no definen la política estatal", afirmó la senadora republicana Marie-Carole Ciuntu, quien no ocultó sus intenciones cuando presentó un proyecto de ley ante la Cámara alta.

Su texto, adoptado por 227 votos a favor y 113 en contra, pretende excluir a las asociaciones de las CRA y confiar "la función de información sobre el acceso al derecho extranjero" a la Oficina Francesa para la Inmigración y la Integración (OFII), un organismo bajo la tutela del Ministerio del Interior.

Actualmente, cinco asociaciones, entre ellas Cimade, France Terre d'Asile y Forum réfugiés, han sido encargadas por el Estado, en el marco de un contrato público, de intervenir en las CRA, donde apoyan a las personas detenidas proporcionándoles información jurídica y asistencia.

Pero estos últimos, según Bruno Retailleau, "se extralimitan en sus misiones y las vuelven en realidad contra el Estado obstaculizando su acción por pura militancia", insistió el ministro del Interior, apoyando "firmemente" este texto de sus antiguos colegas de la derecha senatorial.

La mayoría senatorial, una alianza de centro-derecha, considera también que la actual organización conduce a una "sistematización" y una "masificación" de los recursos contenciosos.

La transferencia de esta responsabilidad a la OFII, por una parte para informar a los extranjeros detenidos, y por otra parte a los abogados para la asistencia jurídica, también ofrecería, según ella, más "imparcialidad", y supondría un ahorro para el Estado, estimado en 6,5 millones de euros por Bruno Retailleau.

Toda la izquierda y un puñado de centristas se opusieron al texto durante debates bastante acalorados, temiendo un ataque a los "principios fundamentales del derecho" y a la libertad de asociación.

El senador comunista Ian Brossat denunció "una verdadera regresión, un declive organizado y supuesto del derecho de las personas encarceladas a tener acceso a una información jurídica independiente, neutral y eficaz".

Las asociaciones afectadas por este texto también están indignadas: en un artículo publicado el domingo en Le Monde, temen "un golpe fatal para el ejercicio de los derechos de las personas privadas de libertad y para la transparencia democrática".

Este proyecto de ley está siendo enviado ahora a la Asamblea Nacional con un "procedimiento acelerado" de revisión activado por el gobierno, lo que podría permitir un proceso parlamentario más rápido.