Los diputados trabajan en el plan del gobierno para "reconstruir" Mayotte

¿Una ambición sin precedentes o un nuevo plan para el departamento más pobre de Francia? El lunes, los parlamentarios comenzaron a debatir un proyecto de ley destinado a la reconstrucción de Mayotte, con el objetivo de reducir sus profundas desigualdades con el resto del país. Seis meses después del devastador impacto del ciclón Chido y de la ley de reconstrucción aprobada en febrero, la Asamblea Nacional está considerando un nuevo proyecto de ley para Mayotte.

«Durante años, si no décadas, los mayottenos han esperado este texto, que debe responder a sus aspiraciones de igualdad real y a la culminación de la departamentalización. ¡Aquí estamos!», exclamó el ministro de Ultramar, Manuel Valls, ante los diputados.

"En un momento de injerencia extranjera y de voluntad de desestabilizar a Francia, es más necesario que nunca actuar y cumplir la promesa republicana en Mayotte", insistió el ministro, defendiendo un texto de "ambición política sin precedentes" ante una cámara casi vacía.

Colonizada en 1841, Mayotte decidió seguir formando parte de la República Francesa después de que las Comoras declararan su independencia en la década de 1970. Tras un referéndum en 2009, el archipiélago del océano Índico se convirtió en el 101.º departamento francés.

Pero años y varios planes gubernamentales después, la desigualdad con la Francia continental sigue siendo abismal: el 77 % de la población vive por debajo del umbral de pobreza nacional, y aproximadamente un tercio de las viviendas son informales, a menudo barrios marginales insalubres. El ciclón no hizo más que agravar estas deficiencias.

«Si bien esta ley de Mayotte no es perfecta» y «no cumple en muchos aspectos las expectativas legítimas», marca, sin embargo, «un paso histórico», afirmó la diputada de Mayotte y coponente del texto, Estelle Youssouffa (grupo Liot). Esto se debe a que Mayotte «nunca se ha beneficiado de las inversiones estructurales» que sí ha recibido el resto del país, señaló la funcionaria electa.

El texto prevé liberar "casi cuatro mil millones de euros" en seis años. "Un compromiso financiero sin precedentes", afirma el ministro, en un momento en que el país necesita ahorrar 40 mil millones de euros. Pero para la diputada de Mayotte, Anchya Bamana (RN), que ocupa el segundo puesto, "¿cómo podemos confiar en promesas presupuestarias vagas cuando tantos compromisos previos nunca se han cumplido?".

Adoptado a finales de mayo por el Senado, el texto enumera dos prioridades: la lucha contra la inmigración clandestina y la vivienda clandestina. "De lo contrario, corremos el riesgo de reconstruir Mayotte sobre la arena", según Valls, quien aboga por medidas para facilitar la destrucción de los barrios de chabolas o endurecer las condiciones de acceso y estancia en el archipiélago, donde la mitad de la población es extranjera.

Los diputados de izquierda se turnaron para denunciar la "obsesión con la inmigración". "Mientras tanto, la justicia social, la igualdad real, la cuestión del desarrollo, el acceso al agua, la educación y la sanidad, todo esto queda relegado a un segundo plano", denunció Emeline K/Bidi (RDA).

El texto, sin embargo, contiene un componente económico y social con una medida especialmente esperada en el archipiélago: la convergencia social, es decir, la armonización del nivel de prestaciones sociales entre Mayotte y Francia continental. Está prevista para 2031, pero se fijó un objetivo inicial en comisión: alcanzar el 87,5 % del salario mínimo para el 1 de enero de 2026.

La convergencia ya se prometió hace diez años, para 2025... señalaron algunos diputados desde el podio. «Esta es la primera vez que un gobierno» la consagra en una ley, intentó tranquilizar el Sr. Valls.

Otra medida que se exige en el archipiélago es la eliminación del visado territorializado, que impide la entrada a Francia continental a los titulares de un permiso de residencia maorí. Esta medida se considera una falta de solidaridad por parte de Francia continental, que se niega a asumir su parte del problema migratorio.

Su derogación fue aprobada en comisión, pero a partir de 2030, el tiempo que tardan en surtir efecto las medidas antiinmigratorias y así evitar un factor llamada.

Esta es una "señal contundente" que se viene reclamando desde hace años, según celebró la Sra. Youssouffa, pero abogó por su abolición para 2026. Por la tarde, los diputados comenzaron a examinar los detalles del proyecto de ley, en particular un artículo destinado a endurecer las condiciones para obtener permisos de residencia por motivos familiares.