Covid-19: El Tribunal de Justicia de la República solicita el sobreseimiento de los procedimientos contra Edouard Philippe, Olivier Véran y Agnès Buzyn

El martes se solicitó el sobreseimiento de tres exmiembros del gobierno – Edouard Philippe, Olivier Véran y Agnès Buzyn – en la investigación realizada por el Tribunal de Justicia de la República (TJR) sobre la gestión de la crisis sanitaria vinculada al Covid-19, anunció el fiscal general, Rémy Heitz, el miércoles 21 de mayo.

En el marco de esta investigación judicial por poner en peligro la vida de terceros y por no haber combatido voluntariamente una catástrofe, el ex primer ministro Edouard Philippe, la ex ministra de Sanidad Agnès Buzyn y su sucesor, Olivier Véran, son puestos bajo el estatuto de testigos asistidos. Con estas requisiciones, la perspectiva de un juicio se aleja para estos dirigentes políticos, aunque ahora le corresponde a la comisión investigadora del CJR decidirlo.

«Las investigaciones demuestran que el gobierno tomó numerosas medidas para combatir la pandemia de COVID-19, impidiendo que se tipificara el delito de abstención voluntaria de combatir una catástrofe contra Edouard Philippe y Olivier Véran», explicó Rémy Heitz en un comunicado de prensa.

Por su parte, Agnès Buzyn había sido duramente criticada por dejar su cargo al comienzo de la crisis sanitaria para convertirse en candidata a la alcaldía de París.

Es, en última instancia, esta cronología la que parece exculparla: el fiscal señaló que dejó su cargo el 16 de febrero de 2020, «fecha en la que aún no se había caracterizado ninguna catástrofe en el sentido del código penal en el territorio nacional desde que se produjo el primer fallecimiento de un paciente infectado por Covid-19 en Francia el 25 de febrero de 2020».

Agnès Buzyn también fue acusada de poner en peligro la vida de otras personas. Pero obtuvo su anulación en enero de 2023, ante el Tribunal de Casación .

El Ministerio Público consideró que no se le podía imputar "ninguna violación de una obligación particular de prudencia o de seguridad impuesta por la ley o un reglamento" .

La investigación judicial abierta en julio de 2020 fue llevada a cabo por el CJR, el único tribunal facultado para perseguir y juzgar a miembros del gobierno – primeros ministros, ministros y secretarios de Estado – por crímenes y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Surgió a partir de varias quejas de médicos y asociaciones que denunciaban, desde el inicio del confinamiento en marzo de 2020, la falta de equipos de protección para los cuidadores y la población, y los errores en cuanto a la necesidad o no de llevar mascarillas.