El Decreto Milleproroghe es ley: las principales novedades y las primeras reflexiones de Claudio Vinci, abogado de la Casación

El Decreto Milleproroghe, aprobado definitivamente por la Cámara de Diputados el 20 de febrero, ya es ley estatal y espera su publicación en el Diario Oficial. Como es habitual, la medida contiene una serie de medidas variadas, diseñadas para responder a las necesidades de los diferentes sectores. En este contexto, surgen algunas innovaciones relevantes que merecen atención, pero también algunas reflexiones sobre la necesidad de reformas estructurales de largo plazo. La reapertura del cuarto desguace es, sin duda, uno de los aspectos más discutidos. Gracias a esta medida, quienes habían sido excluidos en el pasado por falta de pago de una cuota podrán volver a ingresar al beneficio, retomando la vía del pago facilitado, con fecha límite fijada para el 30 de abril de 2025. Sin embargo, es importante subrayar que esta reapertura no prevé la extensión del desistimiento a otras deudas, limitándose a las ya presentes en primera instancia. Además, para las cuotas vencidas se aplicará un interés del 2% a partir de noviembre de 2023. Aunque la medida ofrece una posibilidad de recuperación, persiste la incertidumbre ante un posible nuevo desguace en el futuro, que muchos esperan, pero que en este momento no se contempla.

Sin embargo, no hubo prórroga del acuerdo preventivo de dos años, en el que participaron poco las empresas, pero se confirmó el llamado escudo fiscal, una norma que protege a administradores y funcionarios públicos de la actuación del Tribunal de Cuentas, salvo en casos de fraude o negligencia grave, hasta el 30 de abril de 2025. Esta protección, introducida en medio de la emergencia pandémica, sigue generando polémica, pero sigue siendo una medida que se renueva periódicamente. Otra cuestión crucial se refiere a la Administración Pública, que se beneficia de algunas ampliaciones importantes. Hasta el 30 de abril de 2025, la Administración Pública tendrá la posibilidad de convocar concursos sin necesidad de recurrir a la movilidad voluntaria previa. Además, la duración de los cargos directivos de los trabajadores jubilados se ampliará a un máximo de dos años, frente al año inicialmente previsto.

En materia de seguridad escolar, los edificios escolares tendrán más tiempo para cumplir con la normativa contra incendios, con el plazo pospuesto hasta el 31 de diciembre de 2027. A pesar de la necesidad de esta prórroga, sigue constatándose la insuficiencia de muchos edificios escolares de nuestro país, que requieren intervenciones urgentes para garantizar la seguridad de alumnos y profesores. En el plano empresarial, las novedades son diversas: las empresas deberán cumplir con la obligación de asegurarse contra catástrofes naturales antes del 31 de marzo de 2025. A pesar de las peticiones de prórroga, este plazo no se ha modificado, con excepción del sector de la pesca y la acuicultura, al que se le ha concedido un poco más de tiempo. Además, las empresas podrán seguir renovando contratos temporales más allá de los 12 meses hasta el 31 de diciembre de 2025, una medida que supone un suspiro de alivio para la flexibilidad laboral. Para quienes inviertan en transformación digital, se ha ampliado el bono de transición 5.0, permitiendo beneficiarse del crédito fiscal también por las inversiones realizadas antes de presentar la solicitud, siempre que se inicien a partir del 1 de enero de 2024.

En conclusión, el Decreto Milleproroghe representa una intervención significativa para responder a las necesidades urgentes de varios sectores: desde la administración pública a las empresas, desde la fiscalidad a la seguridad. Sin embargo, es esencial recordar que estas medidas no deben sustituir un trabajo legislativo exhaustivo. Nuestro país necesita reformas estructurales de largo plazo para abordar problemas sistémicos que, lamentablemente, no pueden resolverse con medidas de emergencia.